Inmigración: cómo frenarla

En un artículo anterior argumenté que es imperioso reducir el ritmo de nuestra inmigración si queremos salvar la cohesión social, dado que su impacto sobre la vivienda y sobre la escuela está siendo devastador. No son los únicos servicios públicos e infraestructuras que están bajo presión, pero sí los más críticos.

Cuando se aborda la cuestión de cómo conseguirlo, hay que insistir en un hecho que debería ser evidente: que la población catalana esté atrayendo un volumen tan alto de inmigración no es en absoluto inevitable, y tiene poco que ver con el hecho de que nuestra economía vaya bien (de hecho, no va muy bien si la medimos como la hemos de medir: en términos del crecimiento del PIB per cápita). La prueba es que el País Vasco o Aragón, con quienes compartimos las mismas políticas de inmigración (la europea y la española) y que tienen economías que van mucho mejor que la nuestra, están experimentando un ritmo de crecimiento demográfico que viene a ser la tercera parte del nuestro. Si el nuestro fuera como el de aquellos territorios, en vez de más de 8 millones, ahora seríamos 6,6. En este escenario, ¿estarían menos tensados nuestra escuela y nuestro acceso a la vivienda? Es indudable. La razón fundamental de nuestro elevado crecimiento demográfico es que creamos demasiados puestos de trabajo poco cualificados, y lo hacemos porque estamos apostando por sectores que pagan poco.

Ahora bien, que los trabajadores de ciertos sectores cobren poco no significa que sean baratos, porque en un estado del bienestar como el nuestro no existe la mano de obra barata: lo que no pagan el cliente y el empresario lo paga el contribuyente. Así, cada entrega de comida que hace un rider de Glovo, UberEats o cualquier empresa similar, cuesta al usuario unos 3 €, a los cuales hay que añadir unos 6 o 7 que soporta el restaurante. En total, la empresa cobra unos 10 €. Ahora bien, es relativamente fácil calcular que, además de su sueldo, el rider en cuestión (y, indirectamente, su cliente) se beneficia de una subvención de entre 3 € y 5 € por cada entrega solo computando la diferencia entre los impuestos que soporta y el coste de los servicios públicos a los que tiene derecho. Si –como es habitual– se trata de un inmigrante del sur de Asia, la subvención oculta es muy superior, dado que la probabilidad de que su mujer trabaje y pague impuestos es muy inferior a la media.Por tanto, la manera más eficiente para frenar nuestra inmigración es procurar que los salarios reflejen mejor el coste de los servicios públicos. Lo más inmediato es apujar considerablemente el salario mínimo interprofesional. En este sentido, resulta oportuno recordar que los ejecutivos de Sánchez lo han elevado un 32% en términos de poder de compra (es decir, por encima del crecimiento de los precios), sin que esto haya sido suficiente para frenar el crecimiento exorbitante de este tipo de puestos de trabajo; hay, pues, mucho margen para seguirlo apujando, sobre todo ahora que ha quedado claro que las subidas no han generado paro.

La segunda intervención debe referirse a los sectores estacionales, y muy en concreto al turismo de sol y playa, dado que se trata de un sector que está protagonizando el proceso de atracción de inmigración con salarios que no solo son considerablemente más bajos que la media sino que, además, exigen que la sociedad se haga cargo de la supervivencia del trabajador –vía prestación de desempleo o subsidios de todo tipo– durante una parte considerable del año. El concepto de contrato fijo discontinuo, así como el tratamiento fiscal privilegiado al turismo (vía IVA reducido) debe ser, pues, reconsiderado para que el sector cree menos puestos de trabajo, pero que estén mejor remunerados. En paralelo, la reducción de la oferta de viviendas para el turismo resulta, pues, no solo oportuna en las zonas metropolitanas para aumentar la oferta de vivienda de larga duración, sino también en la costa, en este caso para frenar la inmigración.Finalmente, una cuarta medida –esta en manos del gobierno catalán– debería consistir en exigir el dominio de la lengua catalana en todos los puestos de trabajo que tengan un alto componente de atención al público. Es evidente que esta exigencia dificultaría cubrir estos puestos de trabajo, pero es que justamente el interés público reside en el hecho de que los empresarios no lo tengan tan fácil.En definitiva, frenar la inmigración es de interés público, y los mecanismos para conseguirlo no tienen nada que ver ni con la xenofobia ni con el racismo, sino con el sentido común. Desgraciadamente, la pusilanimidad con que tratamos este asunto hace previsible que –aquí como en todas partes– acaben triunfando movimientos xenófobos y racistas que añadirán daños a la cohesión social sin poner remedio de verdad al problema, dado que, a la hora de la verdad, no pondrán dificultades a los empresarios de los sectores especializados en la mano de obra barata.