Inmigración: por qué es necesario frenarla
El bien más preciado de cualquier sociedad es su cohesión y, por el contrario, la peor amenaza es la fractura. El debate sobre la inmigración, que empezamos a empezar, debe centrarse, pues, en esta cuestión.
Consideramos dos aspectos en los que la actual dinámica inmigratoria está rompiendo la cohesión social: la vivienda y la escuela.
Desde el año 2000, la población catalana -impulsada exclusivamente por la inmigración- ha crecido al 1% anual, lo que significa que cada año ha añadido la necesidad de unas 25.000 nuevas viviendas. No resulta sorprendente que un reciente estudio, firmado por los economistas Miquel Morell, Agustí Jover y Nil Ragàs, concluya que en las próximas décadas habría que producir 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) cada año.
Es cierto que en la primera década del siglo aquella cifra se superó holgadamente. Sin embargo, también es cierto que este objetivo se logró a base de una financiación privada que no respondía a la capacidad de retorno de los beneficiarios, por lo que el sector público tuvo que acabar pagando la construcción a base de "rescatar" las instituciones financieras que la habían protagonizado.
Ahora, la Generalitat está promoviendo la construcción de VPO en suelo público -y, por tanto, sin repercusión sobre el precio- y estima que el coste de construcción exige un alquiler de 10,6 €/m². Este hecho exige, a su vez, que el acceso sea subvencionado a perpetuidad en un 33% en el caso de hogares con ingresos brutos de 33.000 €/año. Ahora bien, la gran mayoría de los puestos de trabajo que estamos creando para atraer a inmigrantes -en el turismo, el servicio doméstico, la industria cárnica y tantos otros sectores- están lejos de proporcionar estos ingresos: el salario medio en el sector turístico es de 23.500 €, y, encima, es estacional. Es decir, estamos generando puestos de trabajo que deben ser cubiertos con inmigración, pero que no remuneremos lo suficiente para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna, lo que exige que las administraciones públicas aporten un complemento salarial en forma de subvención a la vivienda.
Si la población sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo ahora, y suponiendo que las promociones de la Generalitat tengan éxito, en diez años la Generalitat debería destinar 750 M€ sólo para sostener el nuevo parque de VPO, y el Instituto Catalán de Finanzas (que financia entre el 80 y el 90% de las promociones) debería multiplicar por 10 su balance. Si esto no fuera suficiente, la movilización de suelo al ritmo necesario presenta muchas dudas. Por eso, Morell, uno de los autores antes mencionados, concluye que "es imposible cubrir las necesidades reales de vivienda social [...]. Si conseguimos hacer 5.000, será un gran éxito". Esto es tanto como decir que el acceso a la vivienda seguirá agravándose a menos que la población detenga su crecimiento. Y esto con independencia de las intervenciones sobre el mercado inmobiliario que vayamos aprobando.
¿Podemos imaginar una Cataluña con una vivienda aún más tensada que ahora? Sí, por supuesto. ¿Es posible imaginar que, además, mantenga la cohesión social? A mí me parece que no.
El segundo aspecto a considerar es la escuela. Yo envié a mis hijas a escuelas, institutos y universidades públicas. Ahora contemplo cómo su generación decide enviar a sus hijos a escuelas donde la presencia de inmigrantes sea mínima. Me horroriza, pero no puedo criticarlo, porque es evidente que el rendimiento de los alumnos de las escuelas de "alta complejidad" no sólo es bajo, sino que no puede dejar de serlo más que en casos anecdóticos. Ahora bien, si la escasez de vivienda es la forma más rápida de romper la paz social, un doble circuito escolar es la receta más segura para consolidar la fractura social.
Encarar este hecho exige dejar de considerar que los hijos de la nueva inmigración carecen de necesidades educativas especiales, que es lo que hacemos implícitamente con la matrícula viva. Está perfectamente documentado que la pobreza se hereda y que la única forma de romper esta cadena es garantizando un acceso excelente al sistema escolar, particularmente desde la primera infancia. Como actualmente estamos haciendo lo contrario, lo que estamos creando es una sociedad de castas, a la que los hijos de la inmigración —que hemos atraído porque son baratos— accederán sólo a trabajos de baja calificación.
A menudo hacemos referencia a la inmigración de entre 1950 y 1975. Las diferencias con la actual son mayúsculas. Entonces atraíamos personal para ponerlo en fábricas, donde ganaba lo suficiente para adquirir una vivienda a pagar en diez años, que es como se financiaba entonces.
Las clases medias podemos permitirnos ignorar los problemas que plantea la inmigración porque detenerla nos comportaría más de una incomodidad. En cambio, los principales beneficiarios serían los propios inmigrantes, entre otras cosas porque podríamos empezar a ocuparnos seriamente de sus hijos.