La insensata persecución de Puigdemont
El nuevo vodevil judicial del juez Pablo Llarena contra el expresident Carles Puigdemont no ha llegado a durar ni veinticuatro horas. Encarcelado al llegar al Alguer la noche de jueves, el líder catalán en el exilio ha salido este viernes por la tarde en libertad sin medidas cautelares, con la posibilidad, por lo tanto, de volver a circular por Europa (excepto el estado español) sin impedimentos. La ansia persecutoria del juez del Tribunal Supremo con el dirigente político independentista ya hace tiempo que ha cogido aires esperpénticos. Cada paso que da le supone un revés. Parece que Llarena, obcecado, no calibre nada el desprestigio en que está haciendo caer a la justicia española. De lo contrario, dejaría de disparar perdigonadas procedimentales, la mayoría de las cuales acaban en fiasco. Esta vez ha querido jugar al gato y el ratón con la euroorden, que atendiendo a lo que habían dictado las instancias judiciales europeas tendría que haber retirado –pero no lo hizo–, para pescar in fraganti a Puigdemont. Pues el resultado ha sido que de nuevo Llarena ha visto, en este caso de la mano de un juez italiano, cómo el eurodiputado catalán salía triunfante de su paso fugaz por una noche entre rejas: "España no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo", ha dicho Puigdemont una vez libre.
En efecto, España tiene un problema con su alta judicatura, que actúa al margen no solo de las resoluciones de los tribunales de la UE, sino por ejemplo también en contradicción con la misma Abogacía del Estado. El gobierno español, pues, ve como una y otra vez los tribunales intentan marcarle el camino, hacerlo rectificar en su político dicho de concordia, basada en los indultos y la mesa de diálogo, dos pasos limitados pero no hace tanto tiempos impensables. Porque la maniobra judicial de Llarena, más allá de su cruzada personal, se tiene que interpretar como un intento de corregir al ejecutivo de Pedro Sánchez, un intento, claro, en perfecta sintonía con la derecha y la ultraderecha de PP, Cs y Vox, muy cómodas con la judicialización del Procés y de la vida política española en general. Lo que querrían todos ellos es hacer embarrancar de buen inicio el diálogo político entre los gobiernos catalán y español sobre el pleito soberanista, un diálogo por otro lado muy complicado y sobre el que no hay que hacerse muchas ilusiones. Y de paso, claro, pretenden provocar la caída del gobierno de coalición PSOE-Podemos.
El contrapoder judicial español no descansa. En el Estado, el equilibrio de poderes sigue tambaleando y, por lo tanto, sigue debilitando la democracia. Este nuevo intento fallado de conseguir la extradición de Puigdemont es una muestra más, una grave e irresponsable interferencia en la necesaria vía de devolver el conflicto soberanista a la política. Con los presos indultados, el próximo paso tendría que ser buscar una solución para los exiliados políticos, además de poner fin a la represión sobre centenares de ciudadanos y servidores públicos. La amnistía es imprescindible si de verdad se quiere avanzar hacia una salida dialogada. Si no hay valentía en este sentido, si se deja que la justicia siga tomando la iniciativa y extremando la persecución, difícilmente se avanzará hacia una solución política.