Justicia y política
Todos sabemos que la política es lucha por el poder y está gobernada por el principio "te saco a ti para ponerme yo". Pero las democracias parecían destinadas a ser un ritual con unas reglas de respeto al adversario y de responsabilidad frente a la ciudadanía para poner límites a los delirios de la voluntad de poder. A la vista del espectáculo que nos ofrece la política día a día, y que en España ha alcanzado niveles delirantes en la ofensiva monotemática del PP contra el gobierno socialista, en que el debate no es de propuestas y de ideas sino sencillamente de imputaciones con las que descalificar al adversario, es decir, sin que tenga ningún valor la distinción entre verdad y mentira, la sensación de que la confrontación puede acabar desbordando las reglas del juego, y por lo tanto el marco democrático, se hace alarmante.
Una de las señales más profundas de esta perversión de la democracia es la cada vez más evidente politización de la justicia. Ciudadanos como los demás, aunque a veces la toga los haga creer por encima del común de los mortales, seguro que el cuerpo judicial contiene todo tipo de posiciones ideológicas y políticas, y con la prudencia que emana de su responsabilidad, como todo ciudadano tienen derecho a expresarlas y manifestarse como crean conveniente, pero eso no debería impedir la búsqueda de consensos básicos a la hora de interpretar el Código Penal, creando un marco conceptual referencial. Y contribuyendo a que las naturales discrepancias fueran fruto de debate, sin construir barreras interpretativas irreconciliables.
Sé perfectamente que la confrontación es estructural a la condición humana, pero también que la justicia no debería ser aleatoria, ni en función de la posición ideológica de cada uno. Y tampoco debería utilizarse para intervenir en la escena política buscando decantar la situación hacia un lado o hacia el otro. Dicho de otro modo: no debería ser posible que una sentencia variara en función de la ideología del que la pronuncia.
La ley tiene que ser igual para todos, y que un mismo hecho pueda tener una consideración penal diferente en función de las posiciones ideológicas de quienes juzgan es como mínimo inquietante. Y en cualquier caso cuestiona el principio de igualdad ante la ley. Es inquietante ver actuaciones judiciales portadoras de objetivos políticos manifiestos, con acusaciones difícilmente sostenibles. La cual cosa no impide que cada juez pueda alinearse con las opciones políticas que le dé la gana. Pero a la hora de sentenciar debería haber un claro espacio de consenso. ¿O es que un hecho puede recibir castigo o absolución en función de la posición política del juez? Sé perfectamente que los jueces no son ángeles y, como todos los humanos, tienen cierta disposición al disparate, pero la justicia es un territorio que debería estar cuidadosamente protegido del capricho, de la manía, del resentimiento y del odio. Y el espectáculo de politización de la justicia del que las derechas hacen bandera es una amenaza a la democracia.