Justicia: las puertas delanteras y traseras
Una elemental premisa del estado de derecho es que los tribunales no pueden no aplicar las leyes. Están obligados a hacerlo piensen lo que piensen de las leyes decididas por otras instituciones (Parlamentos). Pues bien, esto se está incumpliendo en España ante los ojos de todos.
Hace unos cuarenta años (1985), un alcalde andaluz, Pedro Pacheco, dijo que “la justicia es un cachondeo” cuando trató de parar el derribo de una casa del cantante Bertín Osborne. Le multaron. Sin embargo, se quedó muy corto. Actualmente, no son sólo los fiscales del Tribunal Supremo, sino también algunos jueces de este Tribunal y de la Audiencia Nacional quienes están saltándose con impunidad aquella premisa básica del estado de derecho en relación con la ley de amnistía . Han decidido que su función fundamental es más política que jurídica. Si los poderes ejecutivo o legislativo, parecen decir, no aciertan en sus decisiones, aquí estamos nosotros, los de las togas de la cúpula judicial, para subsanar estos errores (y recuerden al señor Cosidó queriendo controlar la sala penal del Supremo por la puerta trasera en noviembre de 2018).
En términos liberal-democráticos, buena parte de la cúpula judicial española actúa como un estado autoritario que ellos consideran que se degrada cuando las elecciones hacen que lleguen al Parlamento español partidos ajenos a su visión nacionalista. Se trata de unos "hombres de negro" refractarios a los derechos de reunión y manifestación cuando cuestionan la unidad del estado, subvirtiendo el ejercicio de derechos y libertades y degradando la separación de poderes. ¿Qué hacen en una democracia liberal unos jueces haciendo manifestaciones callejeras vestidos con su “uniforme” de togados? ¿Sería una imagen aceptable en Reino Unido, Canadá o EEUU?
En términos prácticos, estos fiscales están actuando como unos hooligans de Vox y del PP. Hooligans con toga y puñetas. Su contraespejo lo tienen en Europa, tanto en los tribunales de la Unión Europea como en los de los estados europeos (Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Escocia). Acusan arbitrariamente de terrorismo las acciones de Tsunami Democrático, o de malversación con objetivo de enriquecimiento personal; el último caso es el de los movimientos del juez Aguirre por imputar a Puigdemont y Mas por la trama rusa. Se trata de voluntarismo jurídico, que viene a ser la capacidad de decidir que a pesar de que las leyes digan algo, el juez interpreta que dice lo contrario de lo que dice. O que se trata de una ley ilegal, un colmo de oxímoron.
Es sabido que la acusación de prevaricación resulta muy difícil de probar, puesto que supone que los implicados hayan actuado perversamente con conciencia de hacerlo, requisito que introduce una subjetividad difícil de demostrar. Pero, francamente, si no se aplica este delito a actuaciones como las de estos jueces y fiscales, ¿para cuándo reservamos el término prevaricar? Se trata de un concepto en la práctica bastante inútil.
Unos jueces que se niegan a aplicar la ley no deberían tener cabida en una democracia. Repitámoslo, los jueces no pueden no aplicar la ley. Es el caso, por ejemplo, de no levantar las órdenes de detención contra independentistas exiliados (Puigdemont, Comín, Puig, Rovira, Wagensberg...). La ley lo establece claramente. No se puede interpretar simulando que dice lo contrario. Son jueces y fiscales que todo apunta a que incumplen la legalidad. Y que muestran una parcialidad que refleja una profunda incomprensión de lo que supone la separación de poderes en una democracia liberal. Su independencia lo es respecto a los valores y principios organizativos de las democracias. Aquí sí que hay una rebelión. ¿Cuál es el régimen de sanciones para estos casos? Cuando en la práctica no existe, el sistema judicial incentiva la arbitrariedad y la impunidad como principios de actuación.
Todo esto refleja al menos dos cosas. En primer lugar, una grave carencia de cultura liberal de las élites jurídicas españolas. Éste es quizás el principal déficit estructural en términos políticos, profesionales y de modernidad del sistema constitucional español.
Algunos jueces de la cúpula judicial llevan tiempo haciendo el ridículo en Europa. Dos últimos ejemplos. Lo que les ha dicho la justicia suiza: las acciones de Tsunami no son terrorismo. Obvio. Y la del Tribunal de Cuentas, que quiso ser el primero en presentar una causa prejudicial en el TJUE cuando es más que dudoso que esté legitimado para ello.
Y en segundo lugar, pone de manifiesto el grave error que supuso que durante la transición no se reformara de arriba abajo el poder judicial español (organización y funciones) siguiendo el camino que muestran las instituciones y culturas jurídicas de democracias mucho más desarrolladas. Es una reforma pendiente que, mientras no se haga, supone que la democracia española sea deficiente, incompleta y que incentive golpes de estado desde las propias instituciones judiciales.
Cuando las instituciones de justicia muestran ese grado de degradación es toda la democracia quien sufre. Estos jueces y fiscales de la cúpula judicial son buena parte de la aluminosis de la democracia española. En nombre del estado de derecho van en contra del estado de derecho.
Ya no vale el argumento conservador del mal menor, que "si no, vendrá el lobo, la extrema derecha". La extrema derecha ya está aquí. Son, entre otros, algunos jueces y fiscales de la cúpula judicial española que actúan desde la puerta de enfrente o trasera según convenga.
