Malestar docente y sindicalismo
El conflicto en la educación ha hecho evidente el malestar que se vive en escuelas e institutos. También las dificultades para encontrar respuestas. Una sociedad cada vez más desigualitaria aboca graves problemas sociales a los centros educativos. Desigualdades crecientes, pobreza extrema, violencia social y enfermedades mentales generan conflictos que el profesorado debe encarar sin disponer de los medios necesarios y con sensación de soledad y abandono. Los carteles en las puertas de algunas escuelas lo expresan claramente: "Nos indigna que la psicopedagoga no forme parte de la plantilla del centro"; "Nos indigna tener que formarnos en nuestro tiempo libre y con nuestro dinero en dislexia, TEA, TEL, TDAH, discalculia...".
Esta indignación pone de manifiesto la obsolescencia de la formación inicial y continua del profesorado. Señala que las escuelas necesitan a otros profesionales para desarrollar su labor docente en condiciones. Y hace evidente que es necesaria la implementación complementaria de otras políticas sociales. Aumentar recursos para combatir la pobreza infantil, garantizar un techo a las familias e invertir en salud mental contribuiría a mejorar el rendimiento escolar más que cualquier política educativa. Las necesarias mejoras retributivas y la reducción de ratios no acabarán por sí solas con la angustia que se vive en las escuelas si no van acompañadas de otras políticas públicas. Ya se están haciendo cosas en buena dirección, algunas en entornos socialmente muy difíciles. Pero no podemos pedir a los docentes que sean héroes o heroínas. También es necesario reconocer que se han hecho cosas en la buena dirección. Los cambios en la regulación de la matrícula viva evitan que algunas escuelas sean receptoras de la mayoría de alumnos recién llegados, que conllevan necesidades educativas especiales.
En los últimos años asistimos a una paradoja: mientras se reduce el número de alumnos, crece la plantilla del profesorado. Es una dinámica estructural: las previsiones para 2037 sitúan una reducción de alumnos que va del -2% en Girona al -7% en Barcelona. Esa evolución demográfica es una oportunidad. La reducción de los ratios debe ir acompañada de la incorporación de nuevos profesionales. Un estudio de la Fundació Bofill identifica los nuevos perfiles que necesitamos. Éste es uno de los aspectos que recoge el acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Gobierno y que es clave para avanzar en la escuela inclusiva.
El actual conflicto ha hecho emerger dos formas de entender la acción sindical. Frente a un sindicalismo que organiza las reivindicaciones y las lleva a través de la movilización, negociación y acuerdos hacia una mejora de condiciones laborales y profesionales, hay quien practica el sindicalismo del malestar, sin responsabilizarse nunca de buscar y acordar salidas a las reivindicaciones de los docentes.
Todas las mejoras conquistadas en la educación en las últimas décadas han venido de la mano del sindicalismo comprometido, que moviliza, pacta y logra avances. Otros nunca asumen ninguna responsabilidad y critican siempre los acuerdos y sus firmantes... para después exigir el cumplimiento de lo acordado y que antes habían denunciado.
Si de verdad creemos que la problemática de los centros educativos no afecta sólo a los docentes, sino al conjunto de la sociedad, el sindicalismo debe vertebrar la lucha de todos e integrar los distintos intereses sociales. Y esto es imposible desde el sindicalismo corporativo.
La impugnación de la legitimidad de CCOO y UGT por firmar el acuerdo ignora que, además de los docentes de la pública, afecta también a los de la concertada y el personal laboral, clave en la función educativa. Sin obviar a alumnos y familias. USTEC es mayoritaria en la junta de personal docente, pero son CCOO y UGT las que están presentes en todos los sectores educativos, en pública y concertada, y entre el personal funcionario y laboral.
En Cataluña, los grandes avances educativos han venido de la mano de procesos de amplia confluencia social. Como el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), donde sindicatos de clase y profesionales, federaciones de madres y padres y movimientos de renovación pedagógica trabajaron juntos.
Pero esto es ya historia y las luchas son cada vez más corporativas. Limitar los conflictos sólo en la escuela pública y generar rendijas en las condiciones de trabajo de los docentes y entre el alumnado, en función de si son de un centro público o concertado, contribuye al deterioro de la escuela pública en favor de la concertada.
El corporativismo es una pendiente pronunciada que conduce siempre a la aparición de otros corporativismos de grupo más pequeño. Es el caso de la creación de un sindicato exclusivo para el profesorado de secundaria. La lógica corporativa debilita cada vez más al conjunto de docentes.
Nadie cree que el malestar de las escuelas se puede resolver sólo en el marco de un acuerdo sindical para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales. Quien así lo afirma se engaña o nos engaña. En cambio, ésta es la acusación que se hace en el acuerdo alcanzado. Nada nuevo, salvo el grado de agresividad, odio o rabia expresado en este conflicto.
Canalizar el malestar contra compañeros y compañeras u otros sindicatos puede ofrecer la satisfacción emocional de encontrar culpables, pero difícilmente permite avanzar en las soluciones. Es necesario que los sindicatos se reencuentren en el cumplimiento de lo acordado, que todo el mundo reconoce que supone avances aunque se consideren insuficientes. Es lo que se ha hecho en anteriores conflictos, en los que los firmantes y quienes eran críticos con los acuerdos firmados han confluido en la exigencia de su cumplimiento. Cuanto antes se pase a esta fase, mejor para todas.
Algunos, aprovechando que "si hay marejada, pez en abundancia", intentan configurar una plataforma de los malestares diversos (docentes, médicos, campesinos) al estilo del chalecos amarillos de Francia. Esto puede aportar algún rendimiento político, pero también mucha frustración.
Necesitamos construir un espacio unitario que permita la confluencia de todos los actores para acordar un diagnóstico compartido y las necesarias políticas. Si no lo conseguimos, los malestares y la indignación se convertirán en frustración y acabarán deteriorando el sistema educativo y, en especial, la escuela pública.