De Maricarmen a Daphne: luchas que cambian leyes

Hay leyes con nombre propio. Nada que ver con la oficial, hecha del número, el año y una descripción más larga que un día sin pan. El título popular surge de episodios que sacuden la conciencia social, como el decreto Maricarmen (dos decretos ley, pendientes de convalidación). Un nombre oportuno, no oportunista. No es un parche para el caso concreto porque, desgraciadamente, hay muchas Maricarmen al borde de la ruina. Pone límites a la ley de la selva y otorga más estabilidad: suspensión de los desahucios de personas vulnerables, prórrogas extraordinarias, limitación o congelación de las actualizaciones y medidas contra el fraude (con alquileres de temporada, por ejemplo). Tampoco parece precipitada o radical. Es sintomático que la derecha vasca, sosegada y pragmática, le brinde un apoyo parcial, con la línea roja de las prórrogas automáticas.

No es insólito que las injusticias que encogen el corazón susciten rechazo hacia los causantes y adhesión hacia los afectados. Ni que fuercen cambios en las reglas de un juego perverso. En Francia, la noche del 31 de enero de 1954, con el termómetro rozando los 15 grados bajo cero, se encontró a una mujer muerta por el frío en la acera del bulevar de Sébastopol, una de las arterias más vibrantes de París. Lo más impactante es que, entre los dedos congelados, llevaba la orden oficial de desahucio notificada dos días antes. No hay rastro, en los registros policiales o en el de cadáveres ni en la hemeroteca, de la identidad de la mujer: solo sabemos que rondaba la sesentena. Es un símbolo anónimo de la tragedia colectiva. La denuncia inmediata del Abate Pierre en Radio Luxembourg provocó la “insurrección de la bondad”, una ola de solidaridad con los sin techo. También fue el detonante de una serie de protestas para frenar la inhumanidad. Cuajaron en la tregua invernal que, desde entonces, suspende por ley los desalojos y los cortes de luz entre noviembre y marzo. La ley de 2014, conocida con el acrónimo ALUR, de impulso a las políticas sociales de vivienda, consolidó la medida además de regular los alquileres en las zonas tensionadas, limitar los abusos de las inmobiliarias y facilitar el acceso a un hogar digno. No es la panacea, pero hace evidente que la intervención estricta del mercado y el alquiler indefinido no son medidas utópicas, sino estándares mínimos en Europa desde hace tiempo. En el Reino Unido, la ley del 1 de mayo de este año blinda el mercado y recupera los contratos indefinidos eliminados por Margaret Thatcher.

Nuestra Maricarmen no se conformó con “lo inevitable”, acurrucada en un rincón, sola y desvalida. Sin adoptar el papel de víctima ni el de mártir, se erigió a contracorriente en la gran abanderada del movimiento por la vivienda. Y eso molesta a los responsables, directos e indirectos, de una situación que no es excepcional sino cotidiana. Quienes rechazan los cambios normativos no defienden a la Sra. Maria o al Sr. Esteve —el nuevo fondo de compensación asegura el rendimiento a los pequeños propietarios—; sirven a los grandes tenedores, foráneos y locales. En Cataluña el ránking de los privados lo encabeza CaixaBank, seguida de Cerberus y Blackstone, según un informe de Civio, que documenta cómo las subidas abusivas de alquiler no son exclusivas de los fondos buitre.

Entre las leyes europeas con nombre propio, que coagulan luchas sostenidas, se encuentra la 'ley Daphne'. Oficialmente es la Directiva Anti-SLAPP, un escudo contra las demandas estratégicas que sufren periodistas y activistas para que retrocedan en las investigaciones y detengan la denuncia. El nombre popular, sin embargo, es un reconocimiento póstumo a la periodista de Malta Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 por señalar los tentáculos de una trama corrupta en la banca, la empresa y la política. Antes de ser ejecutada con una bomba en el coche, había sufrido mil estratagemas para atemorizarla y silenciarla, desde matarle los perros hasta ponerle más de 40 demandas por difamación. Su combate tampoco era solitario ni estéril. Investigaba en colaboración con el equipo del ICIJ que hizo aflorar los papeles de Panamá, listados de grandes evasores fiscales con la complicidad de operadores jurídicos. El caso es de actualidad porque un jurado popular ha absuelto al empresario acusado de ser el autor intelectual de su muerte. El escándalo ha movilizado a la sociedad civil y la oleada de protestas contra la impunidad ha forzado a la Fiscalía maltesa a recurrir el veredicto y seguir la investigación.

Tanto Daphne como Maricarmen son punta de lanza, pero su caso no es anecdótico. Si reciben ataques personales y campañas de descrédito es porque la lucha colectiva que hay detrás representa una amenaza para ciertas posiciones e intereses. El decreto Maricarmen o la ley Daphne van más allá de frenar el impacto personal, ya sea de un desahucio o de un ataque procesal: apuntalan derechos fundamentales y libertades públicas —a una vivienda digna, a participar en los asuntos públicos...— en un momento de descomposición acelerada del estado del bienestar.

Hay que prestar atención a otras normas sin nombre de pila, de efecto silente, que ahogan las voces críticas. Es el caso de la de Protección de la Seguridad Ciudadana, eufemismo oficial de la ley mordaza, sobrenombre que encaja mejor en su propósito. La norma, que el gobierno español prometió derogar, permite coser a multas al movimiento vecinal y sindical que se manifiesta pacíficamente contra los desahucios o a los periodistas que documentan la violencia con la que se practican. El ejecutivo catalán dejó las sanciones en pausa con un protocolo de 2022, pero la actual conselleria las aplica con renovada furia. Como muestra, los 30.000 euros para quienes protestaban contra el lanzamiento de familias con menores en abril de 2025.

La “revolución de las llaves”, en la retórica apasionada del Sindicato de Inquilinas, hermana reflexión y acción: la lucidez de Montesquieu —“La ley no es justa porque sea ley, debe ser ley porque es justa”— con la determinación desafiante de Giordano Bruno —“He intentado hacer todo lo que he podido”.