Entidades alertan de que Interior ha cambiado de criterio y multa con la 'ley mordaza' los desahucios
Critican que han dejado de aplicar una instrucción interna del año 2022 que regulaba estas sanciones
BarcelonaEl año 2022 la consejería de Interior, entonces liderada por Esquerra Republicana, aprobó una instrucción interna para intentar dejar de sancionar con la conocida como ley mordaza a las personas que se manifiestan pacíficamente, sobre todo en los supuestos de evitar un desahucio. Hablamos de situaciones como sentarse en el suelo delante de la vivienda, concentrarse alrededor del domicilio, protestar ofreciendo resistencia pacífica y animar a otras personas que no forman parte de la movilización a participar, y que hasta entonces a menudo acababan con una multa por desobediencia. Ahora, sin embargo, diversas entidades denuncian que con la nueva consejería de Interior, liderada por el PSC desde finales del 2024, esto ha cambiado.
Sindicatos de vivienda y Alerta Solidària han criticado este jueves que Interior ha "abandonado" los criterios fijados en 2022 y ha vuelto a sancionar "masivamente" a las personas que intentan parar desahucios. El resultado hasta ahora, según las entidades, son 88 sanciones administrativas y un total de más de 50.000 euros en multas al sindicalismo de vivienda. Según un recuento de las entidades, buena parte del importe de las multas, 43.272 euros de 50.081, son por desobediencia o resistencia a la autoridad aplicando la ley mordaza, en total 72 sanciones de 601 euros.
De hecho, el ARA ha tenido acceso a una pregunta parlamentaria que la CUP emitió en abril del 2026 en la que pedía las multas aplicadas siguiendo la ley mordaza. En la respuesta, la consejería hace referencia a la instrucción que se aprobó en 2022 y afirma que "este documento es un compendio de jurisprudencia relativo a la normativa y la jurisprudencia existente, no una disposición normativa". Al mismo tiempo, el departamento añade que "se aplica la legalidad vigente y la jurisprudencia establecida por los jueces y tribunales".
Con todo, en la misma respuesta la consejería adjunta las multas impuestas siguiendo la ley mordaza desde 2023 y se observa un aumento de los expedientes resueltos y también de los expedientes con pago avanzado en 2025. Las multas por desobediencia, por ejemplo, pasaron de 841 en 2024 a 2.441 en 2025. Este año, llevamos 621. Los expedientes con pago avanzado también se duplicaron de un año a otro.
Cambio de criterio
Con estos datos en la mano, los sindicatos denuncian un cambio de criterio. Citan, por ejemplo, un caso del barrio de Les Corts de Barcelona del 7 de abril de 2025. Tres familias con menores fueron desahuciadas. Frente a la finca se concentraron vecinos y activistas y el desahucio finalmente fue ejecutado. Un año después, se han notificado, según las entidades, 53 multas por supuesta desobediencia o resistencia a la autoridad. La cifra total supera los 30.000 euros.
"Los hechos hablan solos: solo por protestas ocurridas en 2025, ya tenemos 88 procedimientos sancionadores abiertos contra el sindicalismo de vivienda. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ya alertó en 2022 del uso excesivo de sanciones en el estado español. Interior ha abandonado sus propios criterios y aplica una vía administrativa con menos garantías que la penal, y genera miedo y barreras económicas a personas que ya viven en precariedad", han denunciado las entidades en un acto desde la conselleria d'Interior.
Por todo ello, exigen al departamento de Interior la retirada inmediata de todas las sanciones vinculadas al caso de Les Corts y del resto de multas por parar desahucios, la recuperación y aplicación efectiva de los criterios de 2022 que garantizan el derecho a la protesta pacífica y el cese del uso de la vía administrativa como "herramienta represiva" contra el movimiento por la vivienda. De momento, la conselleria d'Interior no ha emitido una respuesta sobre estas críticas.
