Las seis situaciones en las que Interior dejará de aplicar la 'ley mordaza'

BarcelonaHace un mes el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, anunció un nuevo criterio con la aplicación de la ley mordaza para dejar de poner algunas multas. La intención del departamento es dejar de sancionar a las personas que se manifiestan pacíficamente después de múltiples denuncias polémicas al movimiento de la vivienda y a fotoperiodistas. La conselleria ha terminado la instrucción interna que recoge el nuevo criterio jurídico y que, según ha podido consultar el ARA, enumera seis situaciones que ya no se multarán.

Cuatro acciones hacen referencia explícita a los desahucios: sentarse en el suelo ante la vivienda, concentrarse alrededor del domicilio, protestar ofreciendo resistencia pacífica y animar a otras personas que no forman parte de la movilización a participar. Son situaciones que no serán motivo de sanción, como tampoco lo serán sentarse en el tierra y cogerse de los brazos para dificultar o impedir el paso de los Mossos d'Esquadra –mientras la resistencia sea pasiva– y que los promotores de una concentración pacífica no comunicada animen a otras personas a unirse.

En cambio, el documento también recoge las conductas, algunas de los desahucios, que se continuarán multando con el artículo 36.4 –obstrucción a los agentes– de la ley mordaza. Son cerrarse con llave dentro de una vivienda para impedir el acceso de los agentes, colocar mobiliario urbano para impedir a los agentes o a la comitiva entrar en el domicilio, poner candados u otros objetos y situarse dentro de un inmueble que está a punto de ser desahuciado, romper la cinta de un perímetro de seguridad y desobedecer las órdenes de los agentes que indican que se respete el perímetro, obstruir la detención de alguien, impedir la entrega de una citación judicial o el cumplimiento de una orden de precinto y que los promotores de una concentración pacífica no comunicada animen a otras personas a unirse para hacer resistencia activa.

Además, el texto de Interior especifica que agredir a los agentes o a la comitiva judicial y tener una actitud violenta verbal y física, lanzando objetos contra una vivienda y enfrentándose a los policías, no se sancionará con esta ley porque ya es un delito penal.

La instrucción será vinculante a la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), que ahora se encargará de instruir las actas que lleguen de los Mossos y valorar si las denuncias recogidas se tienen que convertir o no en una multa de la ley mordaza. En un documento de 24 páginas, Interior cita sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para justificar el cambio de criterio. El texto argumenta que, si las personas denunciadas han expresado, de manera pública y pacífica, la disconformidad con una autoridad pública, esto está amparado por derechos fundamentales. También hace referencia a los profesionales de la información, a los que “hay que diferenciar” del resto de los participantes cuando cubren una protesta.

Dos artículos afectados

Interior calcula que son unos 2.000 expedientes anuales, de media, los que ahora se pueden dejar de sancionar: se quiere aplicar a las denuncias que se tramitan de acuerdo con los artículos 36.4 y 36.6 –desobediencia a la autoridad– de la ley mordaza. En cuanto a las manifestaciones no comunicadas, que también pueden ser motivo de multa, la instrucción de Interior apuesta por hacer “un juicio de proporcionalidad” para evitar sancionar una concentración por la que no se había pedido autorización siempre que sea pacífica y responda a un hecho actual.

Sin embargo, el nuevo criterio no garantiza que se acaben las identificaciones de los Mossos. Puede pasar, pues, que de entrada los agentes hagan unas denuncias, pero que después no acaben en sanciones. Fuentes de Interior justifican que los policías “no pueden dejar de hacer su trabajo”, de forma que pueden continuar levantando eventos cuando las personas se niegan a marcharse de un desahucio o hacen una manifestación no autorizada a pesar de que puntualizan que las denuncias no tendrían que tener recorrido.

Pero el codirector de Irídia, el abogado Andrés García Berrio, considera que “la manera de actuar de los Mossos tiene que cambiar”. García Berrio define como “coaccionadora” la práctica de identificar a los participantes de un desahucio que protestan de manera pacífica. El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, lo ve “absolutamente intimidatorio”, porque piensa que “desincentiva ” la movilización y reivindica que se derogue la ley mordaza.

Desde 2019 se había “generalizado” la aplicación de esta ley en los desahucios, explica Aragonès: un uso “excepcional” de Catalunya, porque no se había visto en el resto del Estado. Hasta ahora se han recopilado 364 multas al movimiento de la vivienda. La abogada de Alerta Solidaria Eva Pous avisa que han continuado llegando más sanciones y define la actuación de los Mossos de “sistemática”. Pous dice que todavía no se ha pagado ninguna de las multas porque se han presentado alegaciones y recursos. Ahora esperan que Interior aplique el nuevo criterio y quede en nada.