El Gobierno resucita el plan para potenciar a los pueblos de alta montaña
El anteproyecto de ley reduce a la mitad los municipios donde se aplicará la norma y deja fuera la Garrotxa
BarcelonaCuando se aprobó la ley de Alta Montaña, Cataluña no formaba parte de la Unión Europea. En ese momento (en 1983) la norma se aprobó pensando en abordar problemas como la falta de hospitales, escuelas y bibliotecas en los pueblos de alta montaña o el déficit de infraestructuras y de comunicación. Ahora, más 40 años después, el Gobierno considera que las prioridades de estos territorios han cambiado y, por tanto, la ley necesita un lavado de cara.
El ejecutivo catalán ha recuperado el proyecto puesto en marcha por el anterior gobierno –que quedó en un cajón al terminar la legislatura de ERC–, y este jueves presenta la nueva Ley de Alta Montaña de Catalunya. El objetivo de la renovación, según fuentes del departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, será hacer frente a los nuevos retos económicos, sociales, ambientales e institucionales surgidos en las últimas décadas.
El anteproyecto de la nueva ley, que se someterá a información pública desde este jueves, reducirá a la mitad los municipios donde se aplica la norma. Se pasará de 300 a 144 municipios de Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà y Ripollès, y se dejará fuera la comarca de la Garrotxa. Unas poblaciones que ocupan casi el 30% de la superficie de Cataluña, pero que concentran sólo al 2% de la población.
Fuentes gubernamentales detallan que la reducción de municipios afectados por la nueva ley se hace "porque se quiere centrar los esfuerzos en ese territorio propiamente de la alta montaña", donde hay activos que la nueva ley quiere potenciar y aprovechar con nuevos proyectos. "Estamos hablando de bioeconomía forestal, de silvopasto, de transferencia de conocimiento, de capacitación, de formación de personas que puedan realizar estos trabajos", detallan las mismas fuentes, y ponen como ejemplo el hecho de que el bosque público de Catalunya se concentra mayoritariamente en el Pirineo.
Un órgano que tome decisiones
Entre las novedades de la ley se encuentra la reformulación del Consejo General de la Alta Montaña –formado por representantes del Gobierno, entes locales y asociaciones del ámbito rural–, que hasta ahora tenía una función meramente consultiva ya partir de ahora "podrá tomar decisiones".
Además, también se creará la Oficina Técnica de Alta Montaña, que tendrá dos funciones. Una será la labor de observatorio para identificar retos y necesidades del territorio y evaluar la aplicación de políticas. La otra será la elaboración del Plan de actuaciones estratégicas que durante seis años recogerá proyectos "innovadores, tractores de economía, generadores de bienestar y con efectos supramunicipales" que recibirán financiación pública.
