Más uniformismo antieuropeo
Los medios han ido llenos de la presentación del borrador de decreto sobre organización de las enseñanzas universitarias que ha preparado el ministerio de Universidades. Llama la atención la voluntad reguladora hasta el más pequeño detalle (por ejemplo: clasificar todo el conocimiento en veinticinco áreas en lugar de las cinco actuales) y la voluntad uniformizadora. Es un caso clamoroso la extinción progresiva de los grados de tres años y 180 créditos –con todas las protecciones, por supuesto, para los derechos de los actuales y futuros estudiantes de grados de tres años–. ¿Por qué se quiere eliminar una pequeña diversidad del sistema? ¿Tan insoportable es que haya diferencias? Es clara la pulsión uniformizadora y la desconfianza de la autonomía universitaria. Lo que desde Catalunya se ve como un empobrecimiento, desde Madrid se ve como un valor.
El portavoz del ministerio no ha parado de repetir que titulaciones de 180 créditos (ECTS en la terminología europea: European Credit Transfer System [Sistema Europeo de Transferencia de Créditos]) hay muy pocas en España. Según él, porque hay poca demanda, hecho que es muy manipulador de la realidad dado que hay pocas porque la política oficial ha sido no autorizarlas, y solo se habían autorizado excepcionalmente en casos de gran calidad. La excepción duró poco pero ha dejado algunos ejemplos de grados muy innovadores. ¿Por qué eliminarlos? Para entenderlo hay que entrar en la psicología del estado español y quizás de buena parte de la sociedad española: la uniformidad, valor supremo.
El proceso de bolonización se llamaba oficialmente de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Fue un esfuerzo de creación de un marco común para todas las universidades europeas. Se contaba la dedicación de los alumnos y los profesores con una medida igual para todo el mundo: el ECTS. Y se recomendaba pasar a un sistema de 3+2+3 años, en el que los grados, de calidad y generalistas (contrariamente a lo que ahora dice el ministerio), serían de tres años y 180 ECTS, los másteres (especializadores) de 2 años y 120 ECTS y el doctorado de 3 años más, a los cuales solo se podría acceder habiendo cursado 300 ECTS. El nuevo sistema era el que querían Alemania e Italia, que tenían licenciaturas largas, de cinco años, con mucho abandono y que querían un título intermedio. Su pretensión fue aceptada por Francia y el Reino Unido porque ya tenían grados más cortos, de tres años, donde después se podía seguir con un máster de dos o con fórmulas de 1+1. Todos los demás países siguieron. España hizo todo lo posible por quedarse al margen y lo consiguió. Catalunya hizo todo lo posible para promover el sistema de grados de tres años, pero perdió por la prohibición española.
Visto desde Catalunya lo esencial era poder participar en el Espacio Europeo de Educación Superior. Para España lo esencial era hacer ver, pero cambiar poco. ¿Cuál ha sido el resultado? Que todos los graduados españoles obtienen el mismo título que los europeos, pero en un año más. ¿Quizás son menos capaces? ¿O es que los grados europeos son todos peores? Ni los estudiantes españoles son menos capaces ni los grados europeos son peores, pero la regulación española tiene como efecto robar un año a los universitarios españoles. Todo europeo con un grado puede a acceder a un máster. Si tienes un grado español solo puedes acceder un año después que tus iguales europeos. Los Pirineos son la frontera. Hay que aplaudir el buen criterio de Portugal, que no se dejó condicionar por la decisión española y promovió grados de tres años.
Se ha mencionado a menudo que el sistema de 3+2 (grado y máster) encarecía los estudios. Esto no es cierto porque las comunidades autónomas han garantizado que haya oferta de másteres a precio público, muy subvencionado. Me refiero solo a las universidades públicas y a los másteres oficiales –las privadas no tienen nada que ver–. No hay ninguna reducción de recursos dedicados a la subvención de los estudios oficiales en las universidades públicas.
No se habla de las reticencias de muchas universidades, atemorizadas ante la posible pérdida de estudiantes para hacer másteres en otras universidades públicas más prestigiosas. Muchos rectores españoles actuaron coordinadamente para garantizar que no perderían sus posiciones. Justamente, en Catalunya, donde todas las universidades públicas habían mejorado mucho, no había este miedo a perder alumnos, sino la esperanza y la confianza de ganarlos. Todos los esfuerzos hechos en la dirección de la europeización han fracasado. Incluso los pequeños éxitos –excepciones consentidas– ahora se anuncia que se acabarán. Es una pena. El uniformismo español vuelve a ganar aunque sea –como pasa a menudo– para peor. En este caso lo “peor” está claro: consiste en alejarse de Europa.
Albert Carreras es catedrático de historia e instituciones económicas del departamento de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de ESCI-UPF