MSF: mucho más que un escándalo
Esta semana se publicaba que Médicos Sin Fronteras (MSF) había despedido a 18 trabajadores tras investigar varias denuncias de mujeres y niñas refugiadas sudanesas en Chad por agresión y explotación sexual. La noticia no es solo un escándalo interno sino una vergüenza mayúscula y la constatación de una realidad persistente: la violencia sexual persigue a las mujeres incluso en los entornos de máxima vulnerabilidad donde deberían estar protegidas.
Las mujeres que han huido de la guerra de Sudán han escapado de las bombas, del hambre, de las violencias… y han llegado a los campos de refugiados buscando seguridad. Pero algunas se han encontrado con otra forma de violencia, la perpetrada por personas que ocupaban posiciones de poder dentro de las estructuras encargadas de ayudarlas. Unos de los actos más mezquinos y perversos, en una misión humanitaria. Porque cuando una mujer o una niña dependen de alimentos, de asistencia médica o de un trabajo temporal para alimentar a sus hijos o hijas, existe una relación de dependencia extrema con quien le suministra todo esto. Y es en esta desigualdad donde los agresores encuentran la oportunidad de ejercer su poder. Como explicaba Rita Segato, la violencia sexual no es principalmente una cuestión de deseo, sino una demostración de dominación. Lo que se denuncia en Chad es la expresión más cruel de una relación de poder profundamente desigual.
Hay que reconocer que MSF ha investigado los hechos y ha admitido la existencia de violencia sexual. Pero sería un error confundir transparencia con justicia. Porque los despidos no pueden ser el punto final de un caso que afecta a presuntos delitos de explotación y agresión sexual. Si las acusaciones son ciertas, estamos hablando de crímenes.
Resulta especialmente inquietante y preocupante que muchos de los casos no emergieran por los mecanismos internos de control, sino después de investigaciones periodísticas. También que algunas víctimas desconocieran los canales de denuncia o no confiaran en ellos. ¿Cómo se puede denunciar a quien controla los recursos de los que depende tu supervivencia y la de los tuyos? Las preguntas fundamentales, pues, continúan sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Cuántos agresores participaron? Y, si estamos hablando de delitos penales, ¿por qué no se denuncian como tales? De momento, lo que se sabe es que hay personas despedidas. Y esto es claramente insuficiente.
Por supuesto, también hay que preguntarse qué pasa con las mujeres afectadas. ¿Han recibido apoyo psicológico, asistencia jurídica o alguna acción de reparación? Con demasiada frecuencia la preocupación principal parece ser la reputación de las instituciones, mientras las víctimas desaparecen del centro del debate.
Este caso no es una excepción. Diversas investigaciones han señalado a personal de otras organizaciones humanitarias e incluso a trabajadores vinculados al sistema de las Naciones Unidas como perpetradores de esta violencia contra las mujeres. El patrón se repite: hombres que convierten la ayuda y el acceso a recursos básicos para sobrevivir en moneda de cambio sexual. Absolutamente aberrante.
Las organizaciones humanitarias salvan vidas cada día y son imprescindibles. Precisamente por eso se les debe exigir más. Porque cuando quien debe proteger aprovecha la vulnerabilidad de una persona para abusar de ella, no solo fracasa una institución, se rompe la confianza que sostiene toda la acción humanitaria.
La transparencia es necesaria. Pero sin justicia, reparación y responsabilidades penales se corre el riesgo de convertirse en una simple operación de contención de daños. Las mujeres refugiadas no necesitan solo explicaciones. Necesitan garantías de que nadie volverá a utilizar su desesperación como arma contra ellas.