Navidad después de la DANA
No será una feliz Navidad para todos aquellos que sufrieron la DANA del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. Hay 223 muertes y –todavía– tres desaparecidos, y está el mal material, que costará años de reparar, y también el mal moral, psicológico y espiritual, que no puede cuantificarse, pero que durará vidas. Las grandes catástrofes que llamamos naturales tienen, también, un importante componente artificial, es decir, que depende de las manos y de la inteligencia humanas. No se trata sólo de la naturaleza desbocada, sino de las malas decisiones y el mal trabajo de algunos particulares, a menudo tomadas y hechas de mala manera debido únicamente a la avaricia. Lo que duele no es constatar que seguimos no sólo a merced del poder de los elementos, que siempre sobrepasa nuestras fuerzas, sino también a merced de la miseria de nuestros hermanos de especie, que siempre desborda nuestras peores previsiones.
Los responsables de buena parte de estas 223 muertes tienen nombres y apellidos bien concretos, y el primero de la lista es el del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (de la "Comunidad Valenciana", como dicen) ha decidido no admitir ninguna de las causas –cuatro demandas y tres querellas– que se han presentado hasta ahora contra Mazón: los magistrados del TSJPV afirman en su resolución que no aprecian en estas causas "indicios calificados contra personas aforadas". Mazón es una persona aforada.
Sin embargo, el alto tribunal no cierra la puerta a las acciones judiciales contra el jefe del Consell, y lo que hace es remitirlas a su "hábitat natural" (lo llama así) de la justicia ordinaria. Es decir, en los juzgados de instrucción. Las siete demandas y querellas atribuyen al presidente valenciano una larga lista de delitos: prevaricación omisiva e grave imprudencia con resultado de muerte; abandono del servicio público; homicidio imprudente; lesiones, omisión del deber de auxilio, y delito contra los derechos de los trabajadores. El pronunciamiento del TSJPV abre un panorama incierto y difícil para Mazón, en el que las posibilidades que deba responder judicialmente de su nefasta actuación (la del 29 de octubre, pero también la de las semanas, ahora ya casi dos meses, siguientes ) se multiplican. Políticamente, puede tener que empezar a responder el próximo día 15 de enero, cuando los diputados de las Corts Valencianes votarán a mano alzada si Mazón debe dimitir, tal y como le ha exigido ya la ciudadanía en dos manifestaciones masivas, más una tercera que tendrá lugar este próximo domingo 29 de diciembre.
Ayer hablábamos de impunidades democráticamente inaceptables, en relación a los medios ya los políticos que se permiten difamar a personas y alterar brutalmente sus vidas, sabiendo que no tendrán que pagar ningún precio por ello. También debemos reclamar el fin de la impunidad para los gobernantes que, por incapacidad, prepotencia o codicia, o por una combinación de las tres cosas, causan daños irreparables a los ciudadanos. Dejarles que salgan adelante sin consecuencias es un abuso de poder que la democracia no puede consentir.