¿Por qué no se ha hecho más vivienda protegida con el 30%?

Recientemente, el abogado Xavier Melero decía que hemos pasado de un modelo de potentados industriales a un modelo de rentistas. “Es una clase capitalista rentista sin moral cívica, se dedican a la especulación y devoran la única propiedad que nos queda, que es la ciudad. Al final sólo quedará la carcasa asquerosa”. Un aviso contundente de alguien que conoce bien de lo que habla. Ciertamente, nos encontramos en un cruce histórico, donde debemos decidir si queremos ser una ciudad para ricos, como Londres o Dubai, o una ciudad para todos, como Viena o Singapur. Los barrios de Barcelona y sus entidades sociales lo tienen claro: por eso en el 2018 impulsaron una medida que dicta que el 30% de cualquier nuevo edificio o rehabilitación integral debe destinarse a vivienda protegida. El objetivo es construir una ciudad con mayor vivienda asequible, fuera de la lógica del mercado, y no sólo en los barrios periféricos: en todas partes, para evitar la gentrificación. Ensamblarse más en Viena y menos en Dubai.

Ahora, desde los mismos sectores que siempre se han opuesto a la medida se dice que no funciona. Se argumenta que se han aprobado 14 licencias, algo más de 50 pisos protegidos, y que ha sido “un freno a la inversión privada”. Incluso lo dijo el propio alcalde, justo después de su investidura. Pero es un error: desde la aprobación de la norma, en diciembre del 2018, se ha superado el número de nuevas viviendas en Barcelona en dos años distintos. Mientras que en 2018 se construyeron 2.017 viviendas, en 2019 se hicieron 2.350, y en 2021 se alcanzó las 2.801, según los datos del COAC. Si la construcción ha aumentado en varias ocasiones pero no lo ha hecho el número de viviendas protegidas, ¿a qué se debe atribuir?

Primero, algunos partidos condicionaron la aprobación de la norma a la no suspensión de las licencias mientras se tramitaba. Una temeridad que hizo que hubiera un alud de casi 600 licencias de obras que sortearon la obligación de hacer vivienda protegida. Segundo, la entrada en vigor de la norma se aplazó casi dos años para las operaciones en curso. Esto dejó fuera 57 expedientes y supuso la pérdida de 425 nuevas viviendas protegidas en Barcelona. Tercero, la medida del 30% se vio afectada por la pandemia del cóvido-19. El confinamiento paralizó la construcción y la compraventa de viviendas, lo que retrasó otros dos años la aplicación efectiva del 30%. Cuarto, la picaresca. Las formas más recurrentes de boicot han sido pedir un enterado de obras menores o subdividir las promociones por no sobrepasar el número de metros cuadrados que obliga a cumplir la norma. A todo ello hay que sumarle la ofensiva judicial que iniciaron las promotoras, sin éxito alguno, contra la medida.

Por último, cualquier norma debe contar con un régimen sancionador y una administración que penaliza a quien la incumple. No fue el caso con el 30%. Pese a algunas inspecciones, no se han dedicado esfuerzos suficientes a revisar las obras en curso ni recursos a sancionar. Cuando infringir la norma puede dar tanto beneficio económico, o la administración se pone seria o esto es Can Pixa. Lo mismo ocurre con la regulación de alquileres o la prohibición de los honorarios de las inmobiliarias a inquilinos. El mensaje de la administración es que incumplir la legalidad sale gratis. Si los promotores y constructores hubieran cumplido la ley en estos últimos cuatro años, ahora mismo Barcelona tendría entre 700 y 1.000 viviendas protegidas más.

En definitiva, es una evidencia de que no se ha generado toda la vivienda protegida que cabría esperar (tan evidente como que sin el 30% no se habría conseguido ninguna), pero nos equivocaríamos si lo atribuimos a la misma norma. De la misma forma que sería un error atribuir el desvío de pisos al mercado turístico a la limitación que lo prohíbe. Como ya demostraron sus estudios técnicos, es perfectamente viable destinar el 30% de cualquier edificio a vivienda protegida. Un ejemplo claro: el número 1B de la calle Pelai, junto a plaza Catalunya. De las 18 viviendas nuevas, 5 serán protegidas gracias a la norma. Si se puede hacer allí, puede hacerse en cualquier lugar de la ciudad.

Lo que Barcelona no puede permitirse, ahora que la medida entra en pleno rendimiento, es frenarla. La modificación del plan general metropolitano calcula unas 334 viviendas protegidas al año. Agotadas las excepciones y con un buen control sancionador, en 2030 podríamos tener otras 2.004 viviendas protegidas gracias al 30%. Y en 2040, 5.344. Como todos los cambios de paradigma, lo que hace falta es tiempo y voluntad política.