Pena de muerte: de los EE. UU. a Europa
La justicia no debe matar. Esta idea forma parte del consenso jurídico europeo construido alrededor de los derechos humanos. En los 46 estados del Consejo de Europa no se ejecuta a nadie desde 1997, cuando hubo en Ucrania la última ejecución. La abolición es hoy una condición para pertenecer a él. La excepción en el continente es Bielorrusia, fuera del Consejo de Europa, que mantiene la pena capital. Pero este consenso jurídico convive con una cierta erosión social. Según la Encuesta de Valores Sociales de Barcelona de 2025, el 35,7% de los barceloneses consideran que la pena de muerte se puede justificar siempre o en algunas circunstancias; entre los jóvenes de 15 a 24 años, el porcentaje llega al 47%. La tendencia no es solo local. En diversos países de la Unión Europea, el apoyo a la pena capital se sitúa en torno al 50% o por encima. En el Reino Unido, en los últimos meses, formaciones de extrema derecha han planteado restablecerla, apelando también a encuestas de opinión. Todo ello se inscribe en un contexto más amplio en el que la derecha populista europea defiende políticas penales cada vez más duras.
Por otra parte, el apoyo a la pena de muerte en los Estados Unidos ha ido disminuyendo, del 80% en 1994 al 52% en 2025. Pero a pesar de esta evolución, la pena capital continúa formando parte de la realidad penal del país. Lo vimos la semana pasada, cuando el Estado de Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike mediante una inyección letal de pentobarbital. Pike, condenada por un asesinato cometido hace más de treinta años, sobrevivió después de recibir dos dosis del fármaco y fue trasladada a un hospital en estado crítico. Tras varios días inconsciente, ha recuperado parcialmente la conciencia.
Ante este hecho, sería un error pensar que el problema es el fracaso del método de ejecución. Cualquier método, por más que se perfeccione, sigue siendo inhumano porque la condena ya lo es. Las dificultades en la aplicación de la inyección letal tienen que ver con el acceso a los fármacos, que muchas farmacéuticas se niegan a suministrar, y con las limitaciones deontológicas a la participación de los médicos. Paradójicamente, es el método que mejor esconde la violencia de la ejecución. Su apariencia clínica la hace parecer más humana y favorece su aceptación social. De todas formas, a la administración Trump no le preocupan las apariencias ni rebajar la violencia de la pena capital. El viernes el Pentágono anunció que hará pública la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, exmayor del ejército condenado por matar a trece personas en 2009. Así, el gobierno norteamericano opta ahora por métodos más cruentos y convierte la ejecución en espectáculo público.
Haciendo gala de esta crueldad, y volviendo al caso de Pike, lo que se plantea ahora es si se puede someter otra vez a una ejecución. Se tendrá que decidir, pero moralmente la respuesta debería ser negativa. Someter a una persona dos veces a este proceso añade un nivel de violencia a la condena que la hace difícilmente defendible. Pero la cuestión de fondo es otra. Ningún estado democrático debería atribuirse el derecho de matar legalmente a un ciudadano. Cuando lo hace, no solo pone fin a una vida, sino que deteriora el valor moral de las instituciones que deberían protegerla. Hay límites que una democracia no puede traspasar. Tampoco el argumento de la eficacia sostiene la pena capital, porque no ha demostrado un efecto disuasorio superior a otras penas.
La tendencia mundial con respecto a la pena de muerte tiene una doble cara. Cada vez son menos los países que la aplican, pero los que la mantienen matan más. Amnistía Internacional registró en 2025 al menos 2.707 muertes en 17 países, un 78% más que el año anterior, sin contar los miles que se calcula que se producen en China. Irán ejecutó al menos 2.159, Arabia Saudita 356, Yemen 51 y Estados Unidos, una democracia avanzada del siglo XXI, 47.
En España, las últimas ejecuciones del franquismo fueron la de Salvador Puig Antich, muerto a garrote vil en 1974, y las de los cinco militantes del FRAP y de ETA fusilados en 1975. La Constitución de 1978 abolió la pena de muerte y en 1995 desapareció también la excepción prevista para tiempo de guerra. La abolición no fue solo una reforma legal, sino también la afirmación de que, en democracia, la dignidad de la persona, incluso de quien comete actos monstruosos, es un derecho y no un privilegio.
Inquieta que, cincuenta años después de aquellas últimas ejecuciones, una parte significativa de la ciudadanía vuelva a considerar justificable la pena capital. El sábado fue el Día Mundial contra la Pena de Muerte: lo que ha pasado a Christa Pike, al otro lado del Atlántico, debería hacer revivir la indignación y disuadir cualquier tentación de recuperarla. En Europa, su abolición es una de las grandes conquistas democráticas, y no deberíamos convertirla nunca más en una posibilidad.