Pequeñas verdades incómodas (2)

1. El núcleo de la transacción entre Junts y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez fue la amnistía, que finalmente se ha materializado tras muchos esfuerzos. El acuerdo desencadenó una oleada de resentimiento como nunca se había visto en Madrid (nosotros, bien que ya lo conocíamos, aquí). Jueces, poderes económicos, medios de comunicación y todos los resortes del Estado profundo reaccionaron a la ofensa orquestando una operación de caza mayor del presidente del gobierno español y de su entorno. Finalmente, en un cierre digno de una tragedia griega, Sánchez ha acabado abatido por quien le había estado dando aire durante más de tres años. ¿Qué balance hago de todo ello? Junts ha desperdiciado una oportunidad verdaderamente histórica para hacer valer el país en vez de concentrarlo todo en la restitución de los agravios a las víctimas del Procés. Ambas causas eran legítimas, por supuesto, pero había que elegir prioridades. Y los hechos son tozudos: o una cosa o la otra. Con un gobierno en el horizonte en el que el PP y Vox tendrán una mayoría holgada, ya nos podemos olvidar por muchos años de una mejor financiación, de la condonación de una parte de la deuda del FLA, de la transparencia en las balanzas fiscales y de las necesarias inversiones en infraestructuras. No quedará nada de nada.

2. ¿Quién puede hablar hoy a los ciudadanos, mirándolos a los ojos, de independencia como un objetivo al alcance? Incluso en Aliança Catalana la idea ha quedado enterrada, escondida bajo el discurso antiinmigración y antiestablishment político. Los debates en el país ahora son otros: la vivienda, la infrafinanciación, la educación o el transporte público. Los votantes “del sentido común” que quedaban en Junts –aquellos que, como en la antigua Convergència, entendían la soberanía como un instrumento para mejorar el bienestar y no como un dogma– buscan ahora refugio pragmático (en ERC o en el PSC), mientras que los sectores más identitarios miran hacia AC. Y en Junts, en un momento en que pragmatismo frente a retórica de la confrontación y del “mandato vigente” son como el agua y el aceite, ¿a qué votante le queda dirigirse?

3. Después de que la policía apaleara a un aficionado del Barça que llevaba una estelada, el club decidió celebrar un acto de exaltación de esta bandera en el siguiente partido. Por desgracia, demasiadas veces el club que quiero se ahorra los compromisos reales y prefiere decantarse por la gesticulación inocua. En más de cincuenta años como socio, todavía espero una apuesta institucional clara, seria y decidida por el catalán. Nos quejamos –a menudo con razón– del chico de la pescadería del mercado o de la médica de nuestro CAP cuando nos atienden en castellano. Pero, ¿y los futbolistas y entrenadores? ¿Dónde están los Messi, Flick, Lewandowski o Pedri (poned los nombres que queráis) respondiendo a las ruedas de prensa en la lengua del país? ¿Tan difícil sería que el Barça aplicara una auténtica política de integración lingüística para sus –tan bien pagados– deportistas y técnicos, antes de ponerse medallas patrióticas de cartón piedra?

4. ¿Quién evalúa a nuestros maestros? El desbarajuste de la muestra en las últimas pruebas PISA nos ha librado, al menos temporalmente, de la vergüenza de ver negro sobre blanco los resultados de los alumnos catalanes. La maquinaria de buscar culpables para explicar la bajada educativa hace tiempo que funciona a pleno rendimiento. El sospechoso habitual número uno ha sido la tecnología (la digitalización de las aulas y las pantallas), encarnada ahora en una inteligencia artificial a la que se acusa de todos los males. La falta de inversión, la inmigración o la resaca de la pandemia han completado la lista de cómplices. Pero, ¿y la docencia? ¿Tendría algún sentido abrir el melón y evaluar la competencia pedagógica no solo de los estudiantes, sino también de los profesores?

5. El gobierno de la Generalitat ha aprobado un proyecto para profesionalizar los altos cargos de la administración. Necesitamos, ciertamente, un régimen jurídico que haga atractiva la función pública a profesionales procedentes del ámbito privado. También nos hace falta que la dirección de departamentos se oriente a la consecución de resultados. Y una retribución competitiva, junto con mandatos de siete años, alejados de los vaivenes electorales. Ahora bien, entre las novedades, la norma prevé que hasta un quince por ciento del salario dependa del cumplimiento de los objetivos, medibles y fijados previamente. Este es el único punto que me hace arrugar la nariz, por dos razones. La primera: la experiencia me dice que, en general, una persona es trabajadora, responsable y eficiente –o no lo es– con independencia de si le espera una bonificación a final de año; el compromiso de los colaboradores más brillantes que he conocido jamás no ha dependido de eso. La segunda: la evidencia empírica acumulada demuestra que el impacto de los incentivos económicos sobre el rendimiento real de los directivos públicos es irrelevante o, peor aún, a menudo contraproducente.