Ahora que ha sonado la alarma de la seguridad pública en las calles, es pertinente preguntarse de qué está hecha la sensación de seguridad en las calles. Cuando la basura queda esparcida al pie de los contenedores, cuando los trenes circulan pintados, cuando conductores de todo tipo actúan como si un semáforo en verde o en rojo fuera una mera opinión no vinculante, cuando se invierte para la foto del primer día y nos olvidamos del mantenimiento, cuando el comercio de siempre queda sustituido por negocios que no están dirigidos a los residentes sino a los transeúntes, cuando la gente tiene que marcharse del barrio porque ya no se lo puede permitir, se van deshaciendo los nudos que nos vinculan socialmente, porque la primacía del interés común ha quedado sustituida por la ley de la selva, y nos sentimos inseguros.
Hay que volver, pues, sobre la necesidad de que los poderes públicos, en especial los ayuntamientos, eviten la degradación física del espacio público. Y junto a factores inmediatos como el incivismo, el vandalismo, la depredación inmobiliaria o el crimen organizado, la fuente primaria de inseguridad son las desigualdades sociales que rompen cualquier contrato social.
Mientras tanto, sin embargo, la calle necesita un orden que la atomización social en burbujas casi individuales ha externalizado del conjunto de la tribu al poder uniformado. Pero no vemos policías. Vemos cámaras de seguridad, imaginamos que hay más de las que parece, cruzamos los dedos para que funcione su misión disuasoria, pero el elemento humano es cada día más difícil de ver en las calles. Pasa de vez en cuando un coche de los Mossos o de la Guardia Urbana, pero no vemos nunca los rostros de los agentes. Son rápidos en aparecer cuando se les llama, pero quizás entonces el daño ya está hecho. En un momento en que todo son pantallas, cámaras y conversaciones con robots, ¿hay que recordar la seguridad que da, en un país democrático, un policía entre la gente?
