La segregación escolar, cinco años después del Pacto
Uno de cada tres alumnos catalanes se encuentra en situación de pobreza, según la reciente encuesta de condiciones de vida del Institut d'Estadística de Catalunya. La cifra es alarmante, pero resulta más grave si se tiene en cuenta que buena parte de estos niños y jóvenes estudian concentrados en centros educativos segregados, es decir, en escuelas que no reflejan la composición social de sus barrios.
El hecho de que prácticamente todos los compañeros de clase sean hijos e hijas de familias vulnerables perjudica las oportunidades educativas de por vida: a los 15 años, el alumnado vulnerable que estudia en centros segregados tiene el equivalente a dos años y medio menos de escolarización que el resto. Además, sufrirá un mayor riesgo de abandono escolar y tendrá menos y peores oportunidades laborales a lo largo de la vida. Así, estos alumnos no sólo serán pobres de pequeños, sino que lo tendrán mucho más difícil para salir del círculo de la pobreza cuando sean adultos.
Ante las cifras de pobreza infantil no podemos resignarnos, sino que deben ser un revulsivo que desencadene políticas valientes, bien enfocadas y ágiles. En Cataluña existen 410 centros educativos con una alta concentración de alumnado vulnerable, es decir, muy segregados respecto a su entorno. Son institutos y escuelas donde el ascensor social no funciona porque sus alumnos ven mermado su derecho a la educación en igualdad de condiciones.
Favorecer la diversidad social en las aulas es un objetivo factible mediante políticas que, por suerte, cuentan con un amplio consenso. No aprovechar esta oportunidad sería negligente considerando los preocupantes actuales niveles de pobreza y el aumento de la desigualdad social.
Hace cinco años que se firmó el Pacto contra la Segregación Escolar, un gran acuerdo de país que demuestra que hay una voluntad compartida para resolver el problema. El departamento de Educació ha desplegado desde entonces algunas medidas pioneras que ya empiezan a dar sus frutos, lo que demuestra que, cuando la administración actúa, la segregación escolar retrocede.
Estas medidas han contribuido a reducir a la mitad el número de centros que, pese a encontrarse en barrios heterogéneos, sólo matriculan a alumnado más acomodado. Se está revirtiendo un aspecto importante del problema ahora que, por vez primera, una parte del alumnado socialmente vulnerable se matricula en escuelas que hasta ahora no tenían diversidad social.
Sin embargo, los resultados innegablemente positivos de esta política no consiguen resolver una importante asignatura pendiente: la situación en los centros más segregados, centros donde casi todo el alumnado es socialmente vulnerable, que no mejora.
El 17% de las escuelas y los institutos de Catalunya están segregados, el mismo porcentaje que hace ocho años. La cronificación en estos centros no es inevitable, puede combatirse aplicando medidas de protección específicas como bloquear la matriculación de nuevo alumnado vulnerable durante el curso. Sin embargo, estas actuaciones todavía no están en marcha: el 56% de los centros segregados siguen recibiendo más altas que el resto de centros a lo largo del curso, lo que incrementa su complejidad. Este patrón de asignación impide acabar con la segregación escolar.
Cataluña se ha convertido en los últimos años en un territorio avanzado en políticas dessegregadoras a nivel europeo, pero las mejoras logradas no pueden traducirse en autocomplacencia. Los niveles de segregación escolar siguen siendo graves y buena parte de los centros vulnerables no mejoran por la falta de unas medidas que ya podrían estar en marcha.
La protección de los centros segregados es un reto primordial para prevenir la cronificación de la pobreza, pero también para garantizar la cohesión social en un momento especialmente delicado. En un contexto de aumento de las desigualdades, crecimiento de los extremismos, cuestionamiento democrático y riesgo de fractura social, apostar por la escuela como espacio de relación entre personas de distintos contextos es mucho más que hacer política educativa. La sociedad del futuro, pero también del presente, comienza con cada niño y en cada escuela, y es responsabilidad de la administración cumplir con su compromiso de promover aulas socialmente diversas.