Por qué el sistema universitario catalán está en peligro

En un momento en que el debate sobre el futuro de la universidad vuelve a ocupar la agenda política, a menudo se habla de financiación, gobernanza o competencias, pero demasiado poco de lo que realmente está en juego: el modelo. Cataluña ha construido en las últimas dos décadas un sistema universitario con perfil propio, orientado a la competitividad internacional ya la atracción de talento. La pregunta no es sólo si este modelo ha dado sus frutos –los datos indican que sí–, sino si estamos dispuestos a preservarlo.

En más de una ocasión, personas tanto del sistema universitario español (SUE) como del sistema universitario catalán (SUC) me preguntaron por qué considero que el SUC es el mejor sistema universitario del Estado. Antes de responder, es necesario detenerse un momento y preguntarse: ¿es realmente así?

El SUC es un sistema compacto: el porcentaje de universidades públicas (siete) y privadas (cinco) sobre el total del Estado es inferior al peso de Cataluña en población y PIB. En cambio, en la Comunidad de Madrid, que goza de los beneficios de la capitalidad del Estado y cuenta con seis universidades públicas, se ha producido un gran desarrollo de las universidades privadas (13), y tiene una fuerte capacidad de atracción de estudiantes procedentes de casi todo el Estado –pocos de Cataluña–. Por lo que se refiere al número de estudiantes, el SUC es el segundo sistema universitario de España, sólo por detrás del de Madrid, con una proporción de estudiantes superior a su peso demográfico y también receptor neto de estudiantes foráneos.

A pesar del déficit de financiación pública en relación con el peso económico de Cataluña, la producción científica del SUC es la más elevada y de mayor impacto del Estado. Este liderazgo no es circunstancial: refleja no sólo la cantidad, sino también la calidad y relevancia de la investigación de nuestras universidades.

Los rankings internacionales también lo confirman. Entre las doscientas primeras universidades de los rankings más utilizados aparecen tres universidades catalanas y dos de Madrid, pero sólo una catalana está presente en los tres. Ampliándolo hasta las quinientas primeras, cinco universidades catalanas y cuatro de Madrid de un total de dieciséis universidades españolas aparecen en alguno de los tres rankings más relevantes, pero sólo cuatro universidades aparecen a la vez en los tres: tres catalanas y una de Madrid. La presencia de las universidades catalanas es, pues, claramente dominante en el conjunto estatal. Esta predominancia está relacionada, básicamente, con la calidad de la investigación, en la que encontramos otro abrumador indicador: el 45% de todas las ayudas del European Research Council (ERC) concedidas a universitarios de España están en universidades catalanas.

Por último, un buen indicador de la apertura, credibilidad y grado de internacionalización del sistema es la presencia de profesorado extranjero: más de un tercio de lo que ejerce en España trabaja en universidades catalanas, prácticamente el doble de la media estatal y de la de Madrid.

Volviendo a la pregunta inicial –¿el SUC es el mejor sistema universitario del Estado?–, la respuesta se ve en los indicadores. El SUC destaca: es atractivo para estudiantes, investigadores y profesorado, abierto por naturaleza y, en su conjunto, el más competitivo internacionalmente entre las universidades del Estado.

Este éxito no ha surgido por casualidad. Existen varios factores que lo explican: una estructura universitaria estable, coordinada y competitiva; la participación activa de Cataluña en los procesos europeos de educación superior, y, en especial, el modelo dual de profesorado establecido con la ley de universidades de Cataluña (2003), que ha impulsado una dinámica de innovación y desarrollo reconocida.

La ley orgánica de universidades de 2001 abrió una brecha que permitía el desarrollo de personal docente contratado de forma estable. Catalunya –y, en menor medida, País Vasco– aprovechó esta oportunidad al máximo, mientras que en el resto del Estado esta figura se utilizó principalmente como paso previo para acceder a la funcionarización como profesor titular.

En Cataluña, sin embargo, se planteó como una vía paralela y alternativa, impulsada, además, por el Pla Serra Húnter. Los resultados hablan por sí mismos: en un entorno competitivo, estas figuras contractuales han ayudado a elevar aún más la calidad de las universidades catalanas y han contribuido a consolidar un modelo propio con capacidad de atraer y retener talento.

Precisamente, este factor diferencial, el modelo propio de profesorado catalán, es el que hoy se encuentra amenazado por una posible interpretación incorrecta de la ley orgánica del sistema universitario (Losu). Si se sigue avanzando hacia una asimilación completa de los criterios de acreditación funcionario-contratado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), el perfil de profesorado propio catalán se desdibujará.

La diferencia es simple pero crucial. La característica principal de las figuras funcionariales es que pertenecen a un "cuerpo nacional" que hace que un profesor lo seaen una universidad, mientras que las figuras alternativas catalanas hacen que el profesor lo seade la universidad. Parece sólo un pequeño cambio en una preposición, pero comporta uno cultural muy importante: la disposición con la que el profesorado afronta la relación con su universidad.

Si se avanza en la dirección de uniformización estatal de criterios, sin preservar las particularidades del modelo catalán, existe el riesgo de borrar una de las claves que han hecho del SUC un sistema de éxito. Y con ella, una parte sustancial de su capacidad transformadora.

No es sólo cuestión de nomenclatura: es necesario conservar la capacidad de atraer al mejor talento, mantener la exigencia en la incorporación de profesorado que tan buenos resultados ha dado al sistema catalán en las últimas dos décadas, un sistema que ha demostrado competitividad internacional y ha contribuido diferencialmente, con excelencia, al conjunto del Estado y de Europa. Por ahora, la adopción de criterios comunes estatales significaría rebajar los umbrales de acceso y, con ello, rebajar la calidad del sistema catalán.