Sostener el paraguas
George Steiner advertía que la civilización es una capa muy fina: debajo de la piel de la cultura hay siempre la intemperie. El estado del bienestar europeo fue, en esencia, una respuesta a esa fragilidad, un sistema diseñado para reducir la exposición individual al riesgo económico mediante instituciones públicas sólidas y mecanismos de redistribución estables.
Durante décadas, el modelo funcionó. Crecimiento sostenido, aumento de la productividad y una demografía equilibrada. Estas condiciones permitían ampliar derechos sociales sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. Hoy, el marco es distinto. El crecimiento potencial es menor, la población envejece y la presión sobre el gasto estructural aumenta.
En este nuevo contexto, cabe preguntarse si es sostenible un estado del bienestar que es la esencia de nuestro modelo europeo. En Cataluña y en España depende fundamentalmente de cuatro variables: productividad, mercado laboral, financiación pública y arquitectura fiscal.
¿Una economía lo suficientemente productiva?
La capacidad de un estado para sostener servicios públicos universales está directamente vinculada a la productividad. Economías más productivas generan salarios más altos y, por tanto, una mayor recaudación fiscal sin necesidad de incrementar significativamente los impuestos.
En el caso catalán y español, la productividad media continúa por debajo de la de los principales países del entorno europeo. Una parte significativa de la actividad económica se concentra en sectores de bajo valor añadido y elevada intensidad de mano de obra. Este modelo es capaz de generar empleo pero con una recaudación limitada.
La consecuencia es estructural: con trabajos a bajo precio aunque tengan un gran valor (como el cuidado de las personas mayores), la capacidad de los gobiernos de ampliar o incluso mantener el nivel actual de gasto social es reducida. Sin una transición hacia actividades intensivas en capital, tecnología y conocimiento, el crecimiento de los ingresos públicos será insuficiente para absorber las presiones demográficas y sociales.
Es decir, por ejemplo, cuando los resultados PISA nos dicen que la escuela no funciona bien y los maestros están insatisfechos por las dificultades con las que trabajan, nos vamos hundiendo colectivamente. Sin mejor formación y mejores trabajos, vamos cerrando el paraguas social.
Una proporción elevada de asalariados con rentas bajas limita la recaudación por IRPF y reduce la capacidad redistributiva del sistema. Paralelamente, el crecimiento demográfico aumenta la demanda de sanidad, educación y servicios sociales.
Esta combinación de sueldos bajos y necesidades sociales crecientes genera una tensión que no se resuelve exclusivamente con más empleo, sino con mejor empleo. Explica muy bien la realidad Leandre Ibar en el dossier de este domingo, cuando detalla que en 2010 el gasto en sanidad, educación y derechos sociales de la Generalitat "era de 10.300 millones de euros, 5.200 millones y 2.400 millones, respectivamente. En el 2024, la cifra había subido hasta los 16.000 millones. 3.700 millones en derechos sociales. Es decir, subidas del 55%, el 48% y el 54%, respectivamente”. Pero en estos 14 años, la población catalana creció en más de medio millón de habitantes y los precios subieron un 30%. En los tres casos, y siempre ajustando los datos a la inflación, no se recuperaron las cifras de gasto por persona que se tenían en el 2010 hasta que estalló la pandemia.
¿Pueden los ricos sostener el sistema?
En este contexto, reaparece una propuesta recurrente: cómo aumentar la contribución de los contribuyentes con rentas y patrimonios más elevados.
El debate es legítimo, pero su eficacia depende del diseño. No todos los ingresos altos tienen la misma naturaleza. Las rentas salariales elevadas son más fácilmente grabables; las rentas del capital –plusvalías, dividendos, estructuras patrimoniales– ofrecen mayor margen para diferir o distraer ingresos. El factor decisivo no sólo es el tipo nominal, sino el tipo efectivo. La inspección, simplificación normativa y coordinación internacional condicionan la recaudación real.
Los estados del bienestar europeos se financian principalmente con impuestos amplios –cotizaciones sociales, IVA e impuestos sobre la renta media– y no exclusivamente con los segmentos más ricos. Una mayor progresividad puede contribuir a reforzar el sistema, pero difícilmente sustituirá a una base productiva extensa y salarios medios más elevados.
En Cataluña, la sostenibilidad del sistema incorpora un elemento específico: el modelo de financiación autonómica. La Generalitat gestiona competencias que concentran la mayor parte del gasto social –sanidad, educación y servicios sociales–, y el nivel de recursos disponibles por habitante es determinante.
Si los ingresos asignados no crecen en proporción a las necesidades demográficas y los costes estructurales, la presión se traslada inevitablemente y de forma directa a la calidad y accesibilidad de los servicios. De forma indirecta, impacta sobre la cohesión social y refuerza los populismos y la extrema derecha. Y aquí es donde estamos. El estado de bienestar no afronta un riesgo inminente de desaparición. El riesgo es más sutil: una progresiva erosión derivada de un desajuste persistente entre ingresos y gasto comprometido.
La intemperie no llegará con un colapso repentino (más allá del ferroviario, carente de inversiones), sino con una degradación paulatina de los servicios públicos. La pregunta no es sólo quien debe pagar más, sino si la economía generará valor suficiente para sostener la capa protectora que mantiene nuestro contrato social.