El turismo debe ser sostenible
El turismo es, desde hace años, especialmente a partir de los Juegos Olímpicos de 1992, un sector fundamental para Cataluña. Es un negocio que genera actividad directa e indirectamente, así como muchos puestos de trabajo. Según los últimos datos existentes de la Seguridad Social, en noviembre los afiliados a Cataluña a la hostelería, las agencias de viajes y los operadores turísticos eran más de 291.000, de los que 235.000 eran asalariados –el resto son autónomos–; esto es en torno al 8% y el 7% del total, respectivamente.
Aunque hay muchas formas de contabilizarlo, en función de las actividades que se vinculan, se calcula que el sector turístico puede significar más o menos el 10% del producto interior bruto (PIB), es decir, una décima parte de la riqueza que se genera en el país en un año. Pero no sólo provoca externalidades positivas, sino también negativas. Los visitantes utilizan servicios e infraestructuras de los pueblos y ciudades y generan sobrecostes de los que deben hacerse cargo los ayuntamientos.
Hay pocas vías para paliar estos efectos. Una consiste en subir los impuestos al conjunto de los ciudadanos, que acaban tributando más por cubrir en parte las necesidades de conciudadanos temporales. Es la fórmula que ciudades como la capital catalana, Barcelona, han intentado compensar con un recargo de cuatro euros por noche que se elevará a cinco una vez entre en vigor el acuerdo sobre la tasa turística entre los socialistas, ERC y Comuns. De hecho, desde el Ayuntamiento no se han cansado de decir que el gobierno municipal no ha subido los impuestos a las familias y pymes gracias a la actividad turística y el recargo aplicado a la ciudad.
Superado el efecto de la pandemia del 2020, la llegada de visitantes vuelve a crecer. Lo demuestran los datos, como el récord alcanzado en el aeropuerto de Barcelona, con más de 57 millones de pasajeros en 2025, y también la evolución de visitantes, especialmente los extranjeros, con más de 19 millones en Cataluña hasta noviembre. Son cifras de récord, aunque el crecimiento se ralentiza, lo que tampoco es de extrañar cuando la base del cálculo es cada vez mayor.
El sector turístico ha vuelto a criticar el acuerdo que el PSC, ERC y Comuns, después de algunas idas y venidas, parece que han logrado cerrar. Cobrar una pequeña parte de lo que gastan los turistas para destinarla a paliar los efectos de su uso de los servicios y las infraestructuras no parece una locura siempre que quede muy blindada y protegida la finalidad a la que se dedicará la recaudación. No es mala idea que un 25%, por ejemplo, se destine a políticas de vivienda, tal y como se prevé en este caso. Y más cuando la proliferación de pisos turísticos contribuye a encarecer los precios.
Unos euros más por pernoctación probablemente no reducirán demasiado el volumen de visitantes –uno de los objetivos debería ser que vengan menos pero que gasten más–, pero pueden ayudar a caminar hacia un turismo más sostenible, que al menos financie sus externalidades negativas, y menos molesto para la ciudadanía. Desde el sector se critica la medida, aunque hay representantes que se quejan más por el importe que por el hecho de que la recaudación sea finalista. El tiempo lo dirá.