Veinte años del Estatuto: estamos donde estábamos

Las persistentes desigualdades creadas por la globalización y los cambios tecnológicos, y las estrecheces de un estado del bienestar que se resiente del envejecimiento de la población, del aumento de las migraciones y de unas infraestructuras caducas nos han traído un nuevo orden mundial regido por dirigentes políticos tan populistas, antidemocráticos, arbitristas y corruptos como los de hace un siglo, que provocan guerras, tildan a sus oponentes de traidores y culpan a los extranjeros del caos económico que siembran ellos mismos. En este contexto de vértigo, en el que la política interna se encuentra extremadamente polarizada y la crispación domina el escenario de forma asfixiante con el auge imparable de la ultraderecha, parece que no hay nunca tiempo –ni ánimo– para hacer balance del autogobierno y del grado de descentralización política en el Estado, una cuestión que parece haber pasado a un segundo plano detrás de la corrupción o las posibilidades de alternancia política en el Estado. Sin duda, los veinte años de la aprobación del Estatuto son una invitación a hacerlo, aunque continúe la fatiga de estos últimos años motivada por la defensa de un Estatuto desautorizado por el TC y por el dolor provocado por la respuesta coercitiva del deep state a raíz del referéndum del 1-O.Y es que, a pesar del reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la existencia de un conflicto político –por necesidad o por convicción–, y los intentos de desjudicialización por la vía de la amnistía y de un diálogo efectivo, lo cierto es que a estas alturas el 61% de los políticos no han sido amnistiados y el 97,5% de los policías sí, según datos de Alerta Solidària, y que sobre la cuestión de fondo, salvo una propuesta no nacida de mejora de la financiación, hace tiempo que no se habla: la posibilidad de dirimir el futuro en las urnas, con la cadencia necesaria, teniendo en cuenta los errores no forzados del pasado y la perspectiva de países pacientes pero intransigentes como Quebec o Escocia.

Por el contrario, lo que domina es una espeluznante falta de horizontes colectivos que ilusionen después del desmoronamiento del derecho a decidir y de la constatación de que tampoco ha triunfado como alternativa una gestión eficaz del statu quo. Precisamente, constatado esto, nos hacen falta nuevas estrategias que superen por simplista la negativa a una consulta por considerarla "divisiva" o que se limiten a ofrecernos una etapa orientada exclusivamente a la consecución de un buen gobierno que despliegue las potencialidades de progreso social y económico de una gobernación federal. Más o menos, estamos donde estábamos hace un cuarto de siglo. No en vano, la reforma del Estatuto de 1979 partió de la constatación mayoritaria de que el modelo autonómico presentaba síntomas de parálisis debido a su uniformización cultural y lingüística, a la falta de reconocimiento de nuestra identidad nacional, al vaciamiento de las competencias de la Generalitat, a la ralentización de los traspasos, a la falta de voz propia en las instituciones del Estado y la UE y a una financiación justa. Con el agravante de que la actitud refractaria de los grandes partidos de estado –con un lugar destacado para la hostilidad de la derecha– fue sellada por el TC con una sentencia adversa, con un notable sesgo dogmático y centralista.Pero si la sentencia del TC de 2010 fijó, al margen de la voluntad popular, unos nuevos límites al Estado autonómico, veinte años más tarde me atrevo a decir que hemos ido hacia atrás. Asistimos a una creciente administrativización de la autonomía, ya que el legislador estatal –una especie de gran Leviatán que todo lo puede– ha entrado sin miramientos a regular materias de la tradicional competencia autonómica como la vivienda, el consumo y la protección de los animales. Y esto lo ha hecho aprovechándose de la sedación del 155 y de los procesos judiciales contra los promotores de la consulta, pero sobre todo con la coartada de la lectura de bajo relieve autonomista facilitada por la sentencia del Estatut, que certificó la defunción de las competencias exclusivas y el potencial expansivo de las bases estatales en el marco de las competencias compartidas, hasta dejar sin margen a la Generalitat para fijar políticas propias y coherentes en ámbitos de su competencia.Con todo, este balance no sería completo si no se dijera que esto ha ido acompañado de la falta de conflictividad suscitada por la Generalitat, ya sea por el contexto de desinflamación del Procés, la coincidencia de color político en Barcelona y en Madrid o la legítima desconfianza en el TC. El resultado es que vivimos en una especie de federalismo simétrico y de gestión en el cual, en el mejor de los casos, los diputados catalanes en Madrid se afanan por buscar alguna solución “particularista” que recuerda mucho la dinámica del catalanismo político de la época de la Restauración de defensa de los aranceles o el derecho civil.