Si lo viera Tarradellas
El acuerdo de financiación autonómica lo han firmado el PSOE, que es un partido enfermo, y ERC, que es un partido convaleciente (por lo menos). Curiosamente, a veces una suma de debilidades da mejor resultado que una suma de fortalezas. No es la generosidad, sino la necesidad, lo que ha permitido pactar una serie de cosas que, hace apenas un año, la ministra Montero consideraba imposibles e inconstitucionales. La ordinalidad ad hoc para Catalunya, la aportación extra del Estado para que lo que ganan unos no lo pierdan otros, el oxímoron de la singularidad plural... y lo que ERC aún espera obtener: la gestión integral del IRPF y el consorcio de inversiones que retenga en Catalunya todo lo que se deje de ejecutar en los presupuestos. Es una lista prometedora, pero queda lejos de lo que acordó el PSC para obtener los votos para investir a Isla, y además el camino que ahora se inicia será un auténtico calvario: Pedro Sánchez deberá defender ese acuerdo contra Junts, quizá contra Podemos, contra el PP y Vox, contra los suyos varones... Y lo hará sin María Jesús Montero, ofrecida en sacrificio en el altar de las elecciones andaluzas. Veremos qué queda de todo. El reloj corre.
Lo peor del pacto, justamente, es que se basa en la coyuntura y en la prisa. Junqueras ha elegido el pragmatismo ante la perspectiva –razonable– de que dentro de año y medio el PP y Vox pueden estar en la Moncloa y entonces no habrá nada que hablar. Sánchez ha cedido, en parte, porque quiere aguantar como sea hasta el 2027, y porque necesita reforzar al gobierno de Salvador Illa, su gran bastión territorial. En términos de sentido de estado, se confirma el viejo principio: España sólo abre el grifo cuando alguien se lo obliga. ¿Por qué esa tacañería? Los consellers de la Generalitat están muy contentos con el dinero extra que tendrán para gastar, pero el PSC no habría movido ni un dedo si no dependiera de los votos de ERC (o de Junts, según los casos). Sin el catalanismo –es decir, sin partidos no vinculados a partidos españoles– no tendríamos las herramientas para impedir, o aliviar, esa sensación de vaca lechera que España ordeña a conveniencia, mientras quienes más se benefician nos acusan de ladrones e insolidarios.
Ahora bien, desde una óptica española, que obviamente no es la mía, algunas críticas son comprensibles: pactar con una sola "autonomía" un sistema que afecta a diecisiete, entre ellas Madrid, es anómalo. Muchos echan de menos sentido de estado, claro. ¿Pero esperan que le aporte Ayuso? España está demasiado dividida como para pensar en políticas de estado. Así pues, el gobierno sobrevive como puede. La ordinalidad se aplica sólo en Catalunya, porque el PSOE necesita los votos de los soberanistas catalanes. Y el Estado compensa con dinero extra Andalucía, porque se avecinan las elecciones andaluzas. Todo es más táctico que técnico, por tanto, todo es frívolo. Y frágil.
Esto, para quienes tengan como interés vital salvar o ordenar a España, como los socialistas, es un problema. Pero ya lo dijo su admirado Josep Tarradellas: "No se puede gobernar un país con diecisiete gobiernos, diecisiete Parlamentos y diecisiete banderas..." Tampoco puede administrarse bien un país con diecisiete singularidades. El reparto del gasto público es una pesadilla en un país que ha emprendido el camino de un federalismo deforme, que se contradice con las inercias centralistas del aparato del Estado, y que ha perpetuado anomalías como la excepción vasca, la aspiradora madrileña y el subsidio perpetuo de las regiones del sur. Pero en Cataluña, hasta que estemos listos para algo más, es lo que tocará aguantar. Y mientras tanto serán ERC y Junts los responsables de ejercer el hecho diferencial catalán, que las leyes no reconocen pero la realidad sí. Ojalá algún día se cansen de realizar este ejercicio en franca competencia.