750.000 euros en comisiones de contratos con empresas públicas: ¿qué se investiga en el caso Leire Díez?

BarcelonaLa Audiencia Nacional cree que el ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso –los tres detenidos la semana pasada y ahora en libertad provisional– habrían cobrado unos 750.000 euros en comisiones a cambio de interceder en al menos cinco operaciones que implicaban a "empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI". Así consta en una resolución del juez Antonio Piña -que mantiene la causa bajo secreto- a la que han tenido acceso varios medios y agencias de noticias en las últimas horas. Las operaciones investigadas, que se habrían realizado "a través de diferentes cargos públicos", tuvieron lugar al menos entre el 2021 y el 2023.

A partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez considera que los tres investigados formaban a un grupo autodenominado Hisurrok en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas". Según indica la resolución, los tres habrían actuado de forma coordinada y con la máxima discreción para "obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones". Los fondos se habrían encauzado principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

La primera operación que se menciona en la resolución es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, a cambio del que los miembros del grupo Hirurok habrían recibido 114.950 euros. Otra operación es la adjudicación de un contrato de la empresa pública Mercasa en favor de Servinabar, compañía propiedad de Alonso y vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán. El importe del contrato era de 18.119,75 euros por "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa".

La tercera adjudicación reseñada es una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros. Los investigados, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Eriberri en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional también recoge supuestos pagos desde la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes, vinculados a una adjudicación pública, y una ayuda de la SEPI de 17,32 millones de euros a una sociedad vinculada al grupo Forestalia2, con una comisión.

Los investigadores sostienen que la mayor parte de las comisiones recibidas tienen que ver con varias inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, si bien otra parte de los fondos habría ido "a los miembros del grupo de forma individual". El juez Piña dejó este sábado en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.