¿Cómo afectará finalmente la nueva ley al audiovisual en catalán?

BarcelonaCon un retraso considerable y una negociación salpimentada de giros de guion, España se ha dotado de una nueva ley del audiovisual. Los debates sobre la norma se han seguido con especial interés en Catalunya, puesto que el articulado tiene derivadas que afectan a la presencia de las lenguas cooficiales en los operadores globales y también a aspectos como la independencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o la capacidad normativa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Estas son las principales claves, en formato pregunta respuesta.

¿Qué obligación habrá de producir en catalán?

La ley dicta que el 5% de los ingresos de aquellas plataformas que facturen más de 10 millones de euros anuales en España se tienen que destinar a producir obra europea. De este dinero, el 70% tiene que ser producto rodado en cualquiera de las lenguas del Estado. Y, dentro de esta partida específica, el 15% se tiene que reservar para el catalán, gallego o vasco. Se calcula que, con los datos del 2020 como referencia, esto equivaldrá a unos 15 millones de euros (correspondientes al 0,525% de los ingresos de las operadoras). Una provisión de la ley dice que cada lengua tendrá que tener un mínimo del 10% de este dinero para obra en catalán, euskera o gallego. Desde Catalunya se reclamaba subir el 5% inicial, puesto que así también subiría la inversión en lenguas cooficiales sin necesidad de subir los porcentajes, pero la voluntad de convertir Madrid en un polo de atracción para el audiovisual global ha favorecido que se fije un porcentaje mucho más bajo que en Italia (mínimo de 12,5%) o Francia (20%).

¿Mejorará el doblaje y la subtitulación en catalán?

Dependerá de la voluntad de las plataformas, que de momento ha sido irregular y generalmente escasa, y también del gobierno central. A pesar de que parte de las negociaciones se centraron en este punto, los informes jurídicos elaborados por el gobierno aseguraban que no se puede obligar a las plataformas con sede central fuera de España a asumir cuotas de doblaje. Para garantizar su sí a la ley, ERC pactó con el Estado la creación de un fondo para el doblaje de forma que las series y películas que ofrezcan las plataformas sean dobladas. Desde la ley se insta a los gigantes del streaming a incorporar estas versiones dobladas y subtituladas financiadas por el Estado. Eso sí, lo fía a un criterio subjetivo, como es que sea “técnicamente posible”, lo cual deja mucho margen de interpretación a Netflix, HBO o Amazon Prime. Ahora que ERC se sale del acuerdo, habrá que ver si el Estado activa efectivamente el fondo y si lo dota de dinero suficiente.

¿La ley afecta a la CCMA?

No directamente, pero sí que la margina. RTVE recibirá una financiación de las operadoras, para obligarlas a contribuir al servicio público. En cambio, las televisiones autonómicas, que también forman parte de este servicio público, no podrán contar con unos ingresos extra de los gigantes globales. Los partidos catalanes también intentaron que la ley reconociera el derecho de Tv3 y el resto de autonómicas de desgravarse el IVA, pero Hacienda bloqueó esta posibilidad vetando la enmienda que lo reclamaba apenas una hora antes de que empezara la sesión de la comisión parlamentaria que la tenía que discutir. La Corporació y la Agencia Tributaria tienen un conflicto abierto sobre la interpretación del IVA que puede suponer un coste de unos 20 millones por año y que está judicializado.

¿Afecta la ley al Consell de l'Audiovisual de Catalunya?

El texto no recoge las aspiraciones del CAC, que reclamaba más competencias a la hora de poder actuar en plataformas y canales de difusión no analógicos. También pedía más poder a la hora de gestionar las frecuencias que operan en Catalunya y poder elaborar así mapas más adecuados a la realidad catalana.

¿Aún queda partido por jugar para el catalán?

Muy poco. La directiva europea restringe la capacidad normativa catalana, puesto que la UE se adjudica algunas competencias. Y la transposición que ha hecho el Estado tiene también un acento centralista importante. Con todo, la Generalitat está trabajando en un proyecto de ley audiovisual catalana que busca maximizar o ampliar el poco margen que deja Madrid. Una de las ideas que se está trabajando es atacar por la vía del Código de Consumo de Catalunya, puesto que todas las estadísticas evidencian una discriminación lingüística en este ámbito.