Así es el documento que negocian Esquerra y Junts

BarcelonaLa negociación entre Esquerra y Junts avanza a fuego lento sin entrar todavía en el reparto de carteras del futuro Govern. De momento, la base del eventual acuerdo es un documento que abarca la estrategia del Procés, el acuerdo independentista a escala del Parlament, el plan de gobierno y sus fundamentos y los mecanismos de seguimiento del pacto de coalición. Esta es la arquitectura, según varias fuentes conocedoras consultadas por el ARA, sobre la que pivota la negociación entre los de Oriol Junqueras y los de Carles Puigdemont. El viernes, en el último encuentro telemático de los negociadores, Junts solo dio respuesta a los republicanos –que han elaborado esta propuesta “global” de acuerdo con documentos y conversaciones previas con el partido de Puigdemont– sobre la parte que tiene que ver con el programa de gobierno. Quedan pendientes el resto de los capítulos, que los negociadores esperen poder avanzar también esta semana para entrar en la siguiente fase de negociación: la distribución del poder.

Estrategia del Procés

Incluye el diálogo y un “embate democrático” sin concretar

La primera parte del documento que remitió Esquerra a Junts el fin de semana pasado aborda la estrategia independentista, a partir de poner de relieve que por primera vez los partidos favorables a la república catalana han superado el 50% de los votos en unas elecciones. El núcleo estratégico pasa por la mesa de diálogo con el Estado, pero se incorpora la petición de Junts de dibujar un estado mayor del Procés en el marco del Consell per la República que diseñe una alternativa si fracasa la negociación con el Estado.

En el documento se perfila una escenificación del proceso de negociación que pasa por hacer una declaración en el Parlament –con un contenido todavía por negociar teniendo en cuenta que Junts, a pesar de aceptar el diálogo, llevaba en el programa electoral ratificar las declaraciones de soberanía hechas hasta ahora y la DUI–; una constatación de la voluntad de diálogo por parte del nuevo ejecutivo; un acuerdo nacional a favor de la autodeterminación, como anunció ya el aspirante a president, Pere Aragonès, en su discurso de investidura; y una comisión de estudio en el Parlament para hacer seguimiento de los resultados de la negociación con comparecencias de expertos en conflictos. A la vez, recogiendo una petición de Junts, se daría un margen a la mesa de diálogo hasta la mitad de la legislatura –lo cual también incluye el acuerdo entre ERC y la CUP- y se crearía un nuevo estado mayor del Procés.

Este nuevo órgano de coordinación independentista se insertaría en un Consell per la República reformado, el encaje del cual lo negocia bilateralmente el ex conseller Toni Comín con entidades y partidos favorables a la independencia. ERC se compromete a descongelar su presencia en el CxR, pero falta determinar las potestades del nuevo estado mayor: una primera propuesta es que determine la estrategia en el eje nacional en todas las cámaras parlamentarias, mientras que lo que tiene que ver con el día a día y las cuestiones sectoriales queden fuera de su alcance. La cuestión es aclarar cuál es cada cuestión: ¿decidiría sobre los presupuestos o el estado de alarma? Junts ha insistido en pedir la unidad de acción en Madrid, pero el jefe de filas de los republicanos, Gabriel Rufián, ya lo ha rechazado.

El nuevo estado mayor también es el que prepararía lo que denominan “nuevo embate democrático”, que, sin concretar más, se dice que sea “preferentemente” un nuevo referéndum –cosa que encaja con el acuerdo al que han llegado Esquerra y la CUP–. Hasta ahora, sin embargo, Junts ha dicho que se mantiene la vigencia del 1-O y que solo se abriría a sustituirlo por una consulta pactada.

Acuerdo en el Parlament

Renovar los miembros de la mesa manteniendo la mayoría soberanista

En esta parte se constata la voluntad de mantener la mayoría independentista en la mesa del Parlament y apoyar a los relevos que tenga que cada formación política, además de blindar la soberanía de la cámara. Es en este marco en el que se basa el apoyo de los republicanos a Aurora Madaula, el relevo de Jaume Alonso-Cuevillas, a pesar de que en un primer momento presionaron a Junts insinuando que podían retirarles los votos si no investían ya a Aragonès.

En este ámbito existe el compromiso de sacar adelante una sindicatura electoral propia –como parte de una ley electoral catalana– y también la reforma del reglamento del Parlament para defender los “derechos” de los diputados y combatir el discurso de la extrema derecha en la cámara. Ahora bien, no se concreta cómo. No se hace mención al artículo 25.4 del reglamento, que puede afectar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el que se dice que se suspenderán los parlamentarios a quien se abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. La CUP ya ha advertido de que no la encontrarán para cambiar este punto.

Programa de gobierno

Batería de medidas en el ámbito sanitario, económico y de derechos sociales

Esta es la parte de la que Junts dio respuesta a Esquerra en la última reunión mantenida el viernes telemáticamente. Se trata de una batería de medidas que mezclan propuestas del programa electoral de ERC y también del partido de Carles Puigdemont. Parte de las que incluyeron los dos en campaña tienen que ver con el ámbito de la salud y la pandemia. Algunas de las medidas plasmadas pasan por aumentar en 5.000 millones de euros los recursos destinados a salud o reforzar la atención primaria, así como aumentar el testeo masivo por de la pandemia. Una de las propuestas de Junts, por ejemplo, es unificar las prestaciones sociales en el marco de la renta básica de ciudadanía. También se incorpora el plan de choque que ya anunció Aragonès en el debate de investidura de 700 millones de euros y que iría ligado a una comisión de recuperación económica formada por todos los consellers y altos cargos, además del responsable de gestionar los fondos europeos, para diseñar la “reconstrucción” después de la crisis del coronavirus. 

En el documento, según varias fuentes consultadas, no se prevén las políticas pactadas entre ERC y la CUP de manera concreta –por ejemplo, se habla de renta básica de ciudadanía y no de la universal– ni tampoco la cuestión de confianza prevista a medio mandato, a pesar de que sí se menciona la voluntad, que los republicanos ya han esgrimido en público, de que se respetarán. 

Hasta ahora ninguno de los partidos ha cuantificado el coste de las medidas ni de dónde saldría la financiación.

Arquitectura del ejecutivo

Se asume un gobierno 50-50 sin entrar en más concreciones

Hay una parte del documento, de acuerdo con las diversas fuentes conocedoras de la negociación, que hace referencia a algunas áreas de gobierno que el vicepresidente, Pere Aragonès, ya dijo que tenía voluntad de impulsar en el discurso de investidura. Es el caso de la conselleria de Acción Climática, la de Universidades e Investigación, vinculada a la digitalización, o la conselleria de Feminismos, a pesar de que Junts no ha determinado todavía si acepta esta estructura del ejecutivo –ahora sostenibilidad y políticas digitales son parte de sus competencias.

Mecanismos de seguimiento

El documento prevé comisiones para comprobar el cumplimiento de los acuerdos y un botón rojo para evitar crisis

Una de las cuestiones que ERC y Junts quieren evitar, a pesar de los recelos latentes entre ellos, son las crisis de la legislatura pasada. Es por eso que en el documento que hizo llegar Esquerra al partido de Carles Puigdemont se incorporan una serie de comisiones de seguimiento del acuerdo de coalición para asegurar el cumplimiento y resolver momentos de tensión. Habría una parlamentaria –con presidentes y portavoces– que se reuniría cada semana; otra de seguimiento del acuerdo con miembros de los partidos, Govern y Parlament, que también se encontraría frecuentemente, y un seminario de todo el Govern cada medio año para valorar el funcionamiento del pacto. Para situaciones de excepcionalidad se prevé una comisión de dirección al más alto nivel: una especie de botón rojo para resolver crisis que, paradójicamente, ya sería necesario ahora para desencallar la negociación para hacer el gobierno.