ERC y Junts negocian blindar el Govern con tres comisiones de coordinación y un botón rojo

BarcelonaAl día siguiente de las elecciones del 14 de febrero, Esquerra, Junts y la CUP se emplazaron a una negociación rápida para formar Govern y articular la mayoría de más del 50% del independentismo que habían abanderado en campaña electoral. Este martes hace dos meses de la cita en las urnas y el acuerdo todavía no ha llegado, cosa que ha provocado que Pere Aragonès ya haya perdido dos votaciones de investidura. Los republicanos han logrado un pacto con la CUP, pero la negociación con el partido de Carles Puigdemont todavía no ha fructificado. Desde el pasado miércoles que no se reúnen –a pesar de que siguen las conversaciones informales– y, eso sí, ya se han intercambiado varios documentos sobre las diferentes carpetas de la legislatura. En uno de los últimos que Esquerra ha remitido a Junts, según varias fuentes consultadas por el ARA, se recogen los mecanismos de coordinación para intentar blindar el acuerdo de legislatura, amenazado desde el minuto 0 por las tensiones del anterior mandato. Se habla de hasta tres comisiones de seguimiento del acuerdo –cada una con su propia frecuencia de reuniones– y un botón rojo que solo se activaría de manera excepcional en caso de crisis.

Se trata solo de una propuesta –que daba respuesta a otra de Junts– que no solo habla de los mecanismos de coordinación sino también de un pacto "global" en el que se incluye la mesa de diálogo, la formación de un nuevo estado mayor del Procés y políticas públicas en el área de sanidad, educación, cambio climático y feminismos. Lo que no aborda, todavía, es el reparto de carteras dentro del ejecutivo, a pesar de que se asume que será un ejecutivo de coalición 50-50 entre ERC y Junts.

Una de las obsesiones tanto de los republicanos como de Junts es evitar que se repitan las polémicas continuadas del anterior mandato. Esto pasa, entre otras cosas, por una coordinación más intensa de la que había habido hasta ahora. Las diversas fuentes consultadas por este diario explican que en la propuesta de Esquerra hay diferentes niveles de seguimiento para evaluar el cumplimiento del acuerdo: una primera comisión parlamentaria formada por los presidentes y los portavoces de los dos grupos, que se encontrarían de forma frecuente para coordinar toda la acción legislativa del Govern; una segunda comisión de seguimiento con representantes de los partidos, de los grupos parlamentarios y del gobierno de los dos partidos –se reuniría de forma menos frecuente, pero sería clave para coordinar la acción del ejecutivo y del legislativo–, y una tercera que se encontraría aproximadamente cada seis meses y que se encargaría de monitorizar el cumplimiento del pacto.

Esta última comisión se parece a la que ya puso en marcha el Acord del Botànic de la Generalitat valenciana: los consejeros se marchan juntos para pasar todo un fin de semana de reuniones y evalúan si se están cumpliendo o no los compromisos del mandato. Se llaman "seminarios" del ejecutivo y el resultado, en el caso valenciano, se hace público para favorecer la transparencia y mejorar la coordinación. Además de esto, el acuerdo entre los socialistas, Compromís y Podemos en el País Valenciano también los obliga a coordinarse en el día a día, puesto que comparten altos cargos dentro de las consejerías para evitar los compartimentos estancos. Esta medida, de momento, no forma parte de los documentos que se han intercambiado Junts y ERC.

Declaración a favor del diálogo

Más allá de la coordinación, ERC también ha hecho llegar otras propuestas en las últimas horas. En el campo de la mesa de diálogo, por ejemplo, se negocian una serie de pasos para escenificar el inicio del proceso de negociación con el Estado, partiendo del resultado del 14-F, que supera el 50% de los votos independentistas. Esquerra y Junts estudian una declaración en el Parlament sobre la puesta en marcha de la negociación con el Estado y una declaración de intenciones en esta misma línea que tendría que asumir el nuevo consejo ejecutivo. En el mismo ámbito, se propone crear una comisión de estudio en el Parlament que siga la evolución de la mesa de diálogo con comparecencias de expertos especialistas en la materia. El plazo para decidir si el diálogo con el Estado está dando frutos sería el mismo que los republicanos pactaron con la CUP: a media legislatura, dentro de dos años, se analizaría si hay pasos adelante que justifiquen seguir las reuniones con el gobierno español.

A pesar de este itinerario dibujado, no es una propuesta cerrada y, entre otras cosas, hay que negociar el contenido de la resolución en el Parlament. Junts llevaba en el programa electoral ratificar todas las declaraciones de soberanía y la declaración de independencia si se superaba el 50%. También planteaba solicitar la intervención de las instituciones europeas para forzar un referéndum acordado. Con la preponderancia de Esquerra después de las elecciones, la negociación con el Estado pasa a tener un rol central durante la legislatura.

A pesar de esto, no se descarta hacer referencias al nuevo "embate democrático", que los republicanos también han pactado con la CUP y que, precisamente, reclama Junts por su escepticismo hacia el gobierno del PSOE y Podemos. La creación de un estado mayor del Procés en el marco de un Consell per la República reformulado sigue estando sobre la mesa con la idea de que diseñe una alternativa si fracasa la negociación. Este "nuevo embate" no se definirá en el pacto de legislatura entre ERC y la CUP ni en el que puedan subscribir ERC y JxCat, sino que los partidos independentistas se dan unos dos años para definirlo. Para los cuperos y ERC tiene que tener forma "preferentemente" de un nuevo referéndum.

Ahora bien, ¿qué facultades tendría este nuevo estado mayor del Procés? En el discurso de investidura el candidato Aragonès dejó claro que no aceptaría "tutelas" de Waterloo, mientras que Junts negó la mayor asegurando que no pretendían controlar la Generalitat desde el exilio. De momento, el consenso que se dibuja pasa por que el estado mayor decida los posicionamientos independentistas sobre lo que afecta al eje nacional en las cámaras catalana, europea y española, dejando de lado lo que tiene que ver con el día a día del Govern y las propuestas sectoriales. El problema es que, hasta ahora, no se especifica qué votaciones o decisiones entrarían dentro del capítulo de "día a día" o de propuestas "sectoriales". Es decir: ¿los presupuestos del Estado son una cuestión ubicada en el eje nacional o bien corresponden a la gestión del día a día del gobierno? ¿Y la aprobación del estado de alarma? De momento, estas preguntas no tienen respuesta en las conversaciones que están teniendo los negociadores.

El desenlace, hacia el mes de mayo

Si bien una vez superada la investidura fallida Esquerra y Junts preveían un acuerdo por Sant Jordi, ahora la mayoría de fuentes ven difícil que de cara a la semana que viene se pueda cerrar todo. Se inclinan más por finales de abril o principios de mayo. Hay dos fechas marcadas en el calendario para intentar cerrar antes el acuerdo: las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid –hay quien cree que pueden hacer cambiar el escenario de la política española y desmontar el acuerdo de la legislatura basado en el diálogo– y el fin del estado de alarma el 9 de mayo, cuando las comunidades autónomas recuperarían todas las competencias y tendrían que afrontar la cuarta oleada de la pandemia con las herramientas que tienen al alcance.

Desde el inicio de la negociación el calendario se ha ido modulando porque el ritmo de las conversaciones es lento: el modus operandi de esta negociación dista del imaginario habitual. Si al ciudadano de pie le puede venir a la cabeza la imagen de las cúpulas de los partidos encerradas durante horas y horas en una habitación para lograr un pacto, las conversaciones del inicio de esta legislatura pasan por contactos informales y se intercambian documentos a distancia. El resultado, por ahora, dos meses de bloqueo desde el 14-F.