El exconseller de ICV Salvador Milà, investigado en la misma causa que Elena y Herrera

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciaba este miércoles que ha ampliado la investigación por supuestas adjudicaciones irregulares en Altafulla al diputado de ERC y exconsejero Joan Ignasi Elena y al exlíder de Iniciativa Joan Herrera. La investigación, sin embargo, tiene varias ramificaciones. En el Supremo se investiga al exalcalde de Altafulla y actual diputado de Comuns en el Congreso Félix Alonso y todavía hay una tercera pata en manos de un juzgado del Vendrell: allí, la jueza instructora ya ha dejado a un paso de juicio por prevaricación al exconsejero de ICV durante el tripartito Salvador Milà, según ha avanzado El País y ha confirmado Efe. La decisión está pendiente del recurso que Milà ha presentado a la Audiencia de Tarragona.

Contactado por el ARA, Milà afirma que, como muchos otros ayuntamientos pequeños "de todos los colores políticos", el de Altafulla les fue contratando en diversas ocasiones entre 2013 y 2017 para asesorarle en casos diferentes. Se presentaban facturas por cada caso concreto. En total, doce facturas por valor de 31.720 euros. La jueza ve indicios de delito en la adjudicación en un contrato menor para servicios de asesoramiento. Según la instructora, en 2016 el alcalde había ordenado a la secretaría municipal que informara a favor de contratar este servicio porque no era posible que lo prestara personal del consistorio. La interventora municipal había dejado constancia de que había un presupuesto de 12.100 euros para contratar el servicio durante un máximo de un año. A pesar de que se trataba de un "servicio recurrente y continuo en el tiempo", no hubo un procedimiento de adjudicación. Aparte de estos servicios de asesoramiento, Milà habría emitido dos facturas más de 4.911 y 1.031 euros que habría cobrado sin contrato.

En 2017 el Ayuntamiento dejó de contratar Milà Advocats y firmó un contrato de asesoramiento con la empresa que administraban Elena y Herrera, Sinergia EDM y siguió un procedimiento similar: se asignaron una serie de contratos menores hasta 2019 que representaron unos 30.000 euros. A juicio del tribunal, podría tratarse de un delito de prevaricación en cooperación con el entonces alcalde, Fèlix Alonso Cantorné, que está investigado por el Tribunal Supremo por presuntamente haberles favorecido.

Las recientes imputaciones no han cogido a contrapié al consistorio actual. En conversación con el ARA, el alcalde de Altafulla, el republicano Jordi Molinera, explica que se lo esperaban desde que tuvieron conocimiento de la investigación: fue en octubre de 2023, cuando los Mossos d'Esquadra registraron el ayuntamiento para buscar documentos. "Vimos venir que esto iría avanzando", admite.

"Nos informan que Antifraude había recibido denuncia anónima y alucinamos, porque no sabíamos nada", recuerda Molinera sobre el día del registro policial. Explica que la denuncia había llegado a Antifraude en agosto de 2022, cuando Alternativa Altafulla –vinculada a Comuns– estaba en el gobierno con Junts, y el primer requerimiento de información fue en octubre del mismo año: "Ocultaron que Antifraude lo estaba investigando", reprocha Molinera a Comuns. La investigación se judicializó sin que trascendiera nada, hasta los registros de un año después en el ayuntamiento, cuando Molinera ya estaba en la alcaldía.

ERC y Comuns habían compartido gobierno hasta marzo de 2016, cuando los republicanos salieron del ejecutivo municipal. "La vorágine de contrataciones empieza ahí", señala Molinera. "Si las contrataciones son ilegales o no lo tendrá que decir un juez, pero casualmente se hacen en un despacho de asesoramiento jurídico en el que hay una vinculación política evidente con el sector de los comunes", dice en referencia a Sinergia. "Joan Herrera no era alguien que pasaba por ahí", insiste Molinera, que ve en el exlíder de Iniciativa el "vínculo" entre el Ayuntamiento y la consultora. También asegura que cuando recuperó la alcaldía en 2019 "cortaron toda relación contractual" con Sinergia y que cuando sacaron a licitación el servicio de asesoramiento jurídico no se presentaron. Contactado por el ARA, Herrera recuerda que dejó la empresa en 2018 y, por tanto, ya no tuvo ningún vínculo con las contrataciones de 2019.

Pide "responsabilidades"

Sobre el exconsejero Salvador Milà, Molinera afirma que entre los años 2012 y 2013 hizo trabajos para el Ayuntamiento, pero desvincula los encargos a su asesoría jurídica de los que se hicieron a Sinergia: "Era concejal de Urbanismo en aquel momento. Constato que aquel trabajo se hizo".

De momento el consistorio no ha pedido personarse en la causa, pero sí que ha "hecho una consulta legal" para valorarlo. En cambio, Molinera insiste en la necesidad de que haya "responsabilidades políticas, sobre todo por haber ocultado" la investigación, como asegura que hizo el equipo de gobierno de Altafulla y que encabezaba Montse Castellarnau, también investigada según ha publicado El País.