Amnistiados 35 ex altos cargos del gobierno de Puigdemont por el 1-O
La Audiencia de Barcelona aplica el olvido judicial a la macrocausa del juzgado número 13 por los preparativos del referendo y la acción exterior
BarcelonaMás de un año después de que se aprobara la amnistía, el olvido judicial ha llegado a la macrocausa del 1-O que se investigaba en el juzgado número 13 de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a 35 ex altos cargos del gobierno de Carles Puigdemont y empresarios procesados por los preparativos del referéndum. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Exteriores Raül Romeva, investigado en la causa sobre la promoción del Proceso a escala internacional, y que inicialmente se siguió en el juzgado número 18 de Barcelona antes de pasar también al número 13. La Audiencia revoca así la decisión de la juez instructora, que quería enviarles a prejuicio por malversación, ley. La Fiscalía, por el contrario, se había mostrado favorable a la amnistía.
La causa del juzgado número 13 fue la primera en abrirse para investigar el 1-O, y se ha arrastrado ocho años hasta ahora. En una resolución, consultada por el ARA, la sección 21 de la Audiencia también amnistía el delito de malversación, apartándose del criterio que el Supremo ha aplicado a los miembros del Gobierno condenados por el 1-O y al expresidente Carles Puigdemont, todavía exiliado en Bruselas. En el caso del sottogobierno, los magistrados mantienen que no hubo un "propósito de enriquecimiento" que haga inviable aplicarles el olvido judicial. Ahora bien, la Audiencia ha dejado fuera de la amnistía a Albert Royo y Roser Clavell, ex secretarios generales del Diplocat, en cuanto a las acusaciones de prevaricación administrativa contra ellos. Entre los hechos que se les imputa se encuentran dos contratos de limpieza y auditoría irregulares que, a juicio de los magistrados, no tienen que ver con el Proceso. Y, por tanto, la amnistía no les es aplicable en este caso.
"Claramiento" amnistiable
En cuanto al resto de imputaciones, el tribunal mantiene que están "claramente comprendidas" en el artículo 1 de la ley de amnistía, por ser "conductas directa o indirectamente orientadas a la consecución" de los fines del Proceso. Esta decisión llega después que haya trascendido que el Tribunal Constitucional dará luz verde a la norma haciendo suya la tesis del gobierno español de que la amnistía contribuye a la mejora de la "convivencia" en Cataluña y que se trata de una medida "excepcional" que tiene cabida en la Constitución.
Además de Romeva –que aún tiene pendiente ser amnistiado por el Supremo también en la causa del 1-O–, entre los beneficiados se encuentra el ex director general de comunicación de la Generalitat Jaume Clotet; la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales de Catalunya Núria Llorach; el ex director de TV3 Vicent Sanchis, y el ex director de Catalunya Ràdio Saül Gordillo. También el ex secretario de Comunicación Antoni Molons, el ex secretario de Gobierno Víctor Cullell, el ex secretario general de Presidencia Joaquim Nin y otros miembros del sottogobierno, como Teresa Prohias y Roger Albinyana. Desde Esquerra, Oriol Junqueras ha celebrado la decisión del tribunal, con la que cree que finalmente se ha hecho justicia. "Gracias por haber resistido tantos años el coste emocional, familiar, económico y de tiempo robado", ha dicho.
La investigación en el juzgado número 13 empezó con el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer aprovechando como excusalas declaraciones del ex senador de ERC Santi Vidal asegurando que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes. Luego viró hacia los preparativos del 1-O y llegó a tener 48 investigados. Pero Sunyer falleció en noviembre del 2018 y la investigación la asumió la magistrada Alejandra Gil. Ella tuvo que fusionar esa causa con los expedientes provenientes de la causa del juzgado de instrucción número 18, que investigaba en paralelo gastos de acción exterior relacionados con el Proceso. La causa ya estuvo a punto de llegar a juicio en el 2021, pero la Audiencia ordenó reabrir el sumario con nuevas citas. Entre esta cuarentena de cargos, en un inicio, también estaban Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y Natàlia Garriga, que eran altos cargos de gobierno durante el referéndum y pasaron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cuando fueron escogidos diputados en el Parlament la pasada legislatura. El TSJC vio "amnistiables" sus casos por malversación el pasado año, pero decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aún pendiente de resolverse.