Anticorrupción archiva el caso de los contratos de mascarillas vinculados al hermano de Ayuso

MadridLa Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre los contratos para adquirir mascarillas vinculados al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Considera que no hay bastantes "indicios de la comisión de infracciones penales". Sin embargo, en el escrito el ministerio público no se pronuncia sobre la investigación que también tiene abierta la fiscalía europea por presuntos delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y soborno. El caso lo llevaron a la Fiscalía Anticorrupción los tres partidos de izquierdas que conforman la oposición en la Asamblea de Madrid: Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos.

"Eso es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", se ha felicitado la misma Ayuso después de conocer la decisión de la Fiscalía. El caso de las mascarillas desencadenó una batalla entre la presidenta madrileña y Pablo Casado en el mes de febrero que acabó con la presidencia del exlíder del PP. Precisamente, Ayuso también ha querido dar las "gracias" al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber confiado en ella, en un dardo velado a Casado, y poder continuar como presidenta de la Comunidad de Madrid.

El contrato bajo sospecha era la compra que hizo el gobierno madrileño durante la primera oleada de la pandemia de 250.000 mascarillas a China por un valor de 1,5 millones de euros y que suministró la empresa Priviet Sportive. Por este contrato, el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión de 55.580 euros más IVA. Anticorrupción considera que esta comisión corresponde al "bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid". Además, la fiscalía también ve legal la comisión de 175.000 euros que también cobró Tomás Díaz Ayuso por otros "trabajos realizados" por Priviet, en concreto, por tres contratos que no tenían relación con la Comunidad de Madrid.

De hecho, el ministerio público considera que el hermano de Ayuso siguió un procedimiento "transparente" para cobrar y facturar esta comisión. Describe que Tomás Díaz Ayuso, "en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real". Después, la empresa Priviet Sportive "transfiere el importe" a su cuenta corriente y los dos "cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias".

Además, en el escrito firmado por el fiscal en jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, tampoco ve ningún indicio de que la presidenta madrileña haya intervenido o influido en la adjudicación de este contrato a una empresa que trabajaba con Tomás Díaz Ayuso. Considera que no ha participado en el proceso porque el consejo de gobierno no es "órgano de contratación en la Comunidad de Madrid". La fiscalía recuerda que se trataba de un contrato de emergencia y que la actuación del consejo de gobierno "queda circunscrita a la recepción de la información contractual por parte de la consejería a la cual pertenece el órgano de contratación".