Un decreto bajo lupa con el peligro de acabar en los tribunales

BarcelonaEntre todos los decretos de convocatoria de las elecciones al Parlament, seguramente este será el más leído de la historia. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en funciones de presidente desde la inhabilitación de Quim Torra, rubricó ayer su firma en un decreto insólito: el que aplaza las elecciones del 14 de febrero y las traslada al 30 de mayo. No hay ninguna previsión legal que recoja la potestad del Govern de posponer unos comicios, pero los precedentes del País Vasco y Galicia la primavera pasada amparan al ejecutivo catalán -por eso los citan en el decreto- para intentarlo. El Govern construye jurídicamente esta decisión de acuerdo con dos premisas: un informe de la Comisión Jurídica Asesora -solicitado en agosto por Torra - que ya preveía la posibilidad de que la Generalitat aplazara elecciones en caso de que la situación de pandemia no permitiera el derecho a voto para todo el mundo, y que el mismo decreto de convocatoria del 14 de febrero ya preveía la posibilidad de posponer la cita si la evolución del coronavirus era desfavorable.

Ahora cualquier formación política que haya presentado candidatura -el plazo acababa el 11 de enero- puede impugnar este decreto de convocatoria en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) si considera vulnerados sus derechos o que el aplazamiento no está lo bastante justificado -también lo puede hacer cualquier elector-. Hasta ahora, solo dos formaciones han dicho que estudiarán esta posibilidad: el PSC y Vox. Tienen diez días naturales para decidirlo. Fuera de este plazo ya no podrán hacer nada.

La justificación es la clave

La primera cosa de la que se tenían que asegurar los servicios jurídicos es que, a falta de anclaje legal, el aplazamiento estuviera bien justificado. Para empezar citan un informe público en que ya se preveía esta posibilidad: el de la Comisión Jurídica Asesora (CJA) de la Generalitat. Este ente, formado por quince juristas de reconocido prestigio -nombrados por el Govern - y presidido por Albert Lamarca, aseguraba en septiembre que la Generalitat podía proceder “a la suspensión de las elecciones” en caso de que no se pudieran celebrar en condiciones libres y de igualdad a la hora de ejercer el voto. Para demostrarlo, el decreto -también por indicación de la CJA- incluye una serie de informes técnicos de los servicios jurídicos de la Generalitat, de Salud Pública y del área de Procesos Electorales que dan cobertura a posponer los comicios de acuerdo con la situación sanitaria. Y es que la Comisión de Venecia, el ente del Consejo de Europa que vela por las buenas prácticas electorales, ya ha avisado que la suspensión de la convocatoria de las elecciones tiene que tener “garantías” y estar “libre de cualquier oportunismo político”. En este sentido, el decreto de Aragonès cita el informe de Salud Pública que compartió el departamento de Alba Vergés jueves con todos los partidos y que afirma que los “contagios por razón de covid-19 se han acelerado, con una elevada probabilidad que la actual situación de la pandemia se prolongue más allá del 14-F”. Ahora bien, en el decreto no concreta cuáles son las previsiones numéricas que ha hecho la conselleria -entre 620 y 750 pacientes en las UCI antes de la campaña.

“Se constata que las circunstancias sanitarias impiden garantizar un proceso electoral con libertad de concurrencia y votación [...], puesto que la ciudadanía no podría asistir libremente a los actos de precampaña, campaña y votaciones”, resume. Lo que es importante, según el decreto, es que estas circunstancias también podrían afectar la decisión de ir a votar o no, o dejar excluidas a las personas “vulnerables” o contagiadas de coronavirus: el resultado final de las elecciones podría no responder a la “voluntad colectiva”. Es decir, el resultado del 14-F podría ser ilegítimo. También cita otro informe del área de Procesos Electorales de Exteriores en que se admite que en las circunstancias actuales las medidas tomadas para votar en pandemia han sido “insuficientes” para la “protección de la salud” y quedaría afectado el derecho a voto.

¿Nuevo proceso?

El decreto de aplazamiento no define, sin embargo, si el nuevo proceso electoral volverá a empezar -se tendrán que presentar avales, listas y volver a solicitar el voto por correo- o si el que se ha hecho se podrá retomar en el mismo punto -como quiere el PSC-. Fuentes del Govern explican que esto lo tiene que determinar la Junta Electoral Central a petición de Exteriores, y se tendrá que detallar en el decreto de normas complementarias cuando se convoquen, el 5 de abril, las nuevas elecciones del 30 de mayo.

Lo que sí que está en el decreto de aplazamiento del 14-F es una cláusula similar a la que ha permitido posponer las elecciones por la pandemia. El nuevo decreto de Aragonès “deja sin efecto la celebración de las elecciones” -la misma terminología que usaron los vascos- y dice que los nuevos comicios se convocarán para el 30 de mayo, después de analizar, eso sí, “las circunstancias epidemiológicas y de salud publica y de la evolución de la pandemia”. El Govern, pues, se vuelve a curar en salud.

Turíngia las aplaza, Portugal las mantiene

El land alemán de Turíngia ha decidido aplazar las elecciones que estaban previstas para el 25 de abril y las hará coincidir con las del Bundestag del 26 de septiembre, gracias a un acuerdo el pasado jueves de los principales partidos políticos. El Parlamento, por lo tanto, no llegará a disolverse -a diferencia del caso catalán- a mediados de febrero. La decisión busca alejar el peligro de los contagios en la región más afectada por covid-19 de Alemania, con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Portugal, en cambio, sigue adelante con las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 24 de enero. El ejecutivo justifica la decisión de acuerdo con la Constitución, que no prevé la posibilidad de aplazar los comicios una vez convocados -la legislación española tampoco lo hace-. Eso sí, el presidente portugués ha avisado que los infectados no podrán votar presencialmente. Desde ayer Portugal aplica un confinamiento domiciliario que se alargará al menos hasta febrero.