Aragonès confía que Borràs tome una decisión con "vocación de servicio público"

BarcelonaLa causa judicial que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha aterrizado de pleno este miércoles en la cámara catalana. El tema lo han puesto sobre la mesa el PP y Vox con peticiones de dimisión inmediata de la presidenta, pero el principal resultado es que han forzado a Aragonès a pronunciarse durante la sesión de control al Govern. La cuestión es bastante espinosa para el presidente, puesto que tensa las relaciones ERC-Junts. Aragonès ha evitado decir con precisión qué tendría que hacer Borràs, pero sí que ha enviado un primer mensaje: "Estoy seguro de que todo el mundo tomará la decisión que convendrá más a la vocación de servicio público".

¿Qué quiere decir exactamente con esto? Por ahora solo se desprende que el presidente pide que si finalmente se abre juicio oral contra la presidenta, Borràs mueva ficha. No ha dicho todavía en qué dirección, consciente de que esto es material altamente inflamable para la estabilidad de su ejecutivo. Lo que seguro que no ha hecho este miércoles el presidente en sede parlamentaria es comprar el relato de Junts, que considera que el caso de Borràs es un ejemplo más de represión política. El partido de Aragonès, ERC, ya ha dejado claro en más de una ocasión que ellos consideran que todo ello es "presunta corrupción". Este miércoles lo ha vuelto a hacer la número dos de ERC en Madrid, Carolina Telecha, informa Mireia Esteve. "Hemos de dejar claro que la causa represiva es una y su causa es otra. No tenemos que perjudicar al movimiento independentista con otros tipos de causas", ha dicho desde el Congreso.

Sea como fuere, el president no ha decidido ir más allá, consciente de que en esta trama todavía le quedan muchos capítulos y que el asunto no se acelerará hasta que la juez confirme que abre juicio oral contra la presidenta, y esto podría no pasar hasta el otoño. Aragonés ha dicho que por respeto a "la separación de poderes" correspondía al Parlament y no al Govern centrarse en esta cuestión, y que él solo podía apelar al "buen servicio de la institución" y a la defensa de su prestigio. Borràs solo ha intervenido para moderar el debate, pero ayer ya dejó claro que en ningún caso dimitiría.

También se ha hecho evidente que la oposición intentará desgastar al Govern con la cuestión, sobre todo desde la derecha. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido la dimisión de la presidenta del Parlament y ha recordado que el propio reglamento de la cámara prevé la suspensión de los diputados afectados por casos de corrupción. Por su parte, la extrema derecha de Vox ha acusado al independentismo de ser "corrupto" y "degradar" las instituciones. "Usan las instituciones al servicio de unos pocos y de forma partidista", ha dicho Ignacio Garriga.

Unidos por la lengua

A pesar de que Junts y ERC ya han dado más de una muestra de encaminarse hacia el choque frontal en el asunto Borràs, este miércoles en el Parlament solo han hablado de cuestiones que más o menos les unen. Aragonès y el líder de Juntos, Albert Batet, han coincidido en celebrar la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las aulas, puesto que admite la imposibilidad de aplicar la sentencia del 25% de castellano. "Hemos de reivindicar la política y la soberanía del Parlament", ha dicho Batet. La decisión del TSJC es una primera victoria para los defensores de la inmersión, pero ahora el tema se encamina hacia el Tribunal Constitucional, que acabará siendo el árbitro del conflicto. Aragonès ha dicho que confía salir también victorioso allí, puesto que hay dos dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries que dicen que la nueva normativa del catalán es constitucional. "Y por unanimidad", ha destacado el president.

El Govern, solo

La sesión de control también ha servido para constatar que el Govern cada vez tiene menos aliados en la cámara. Aparte de los reproches de la derecha, que se dan siempre por descontados, el presidente ha visto cómo también los comuns, la CUP y el PSC marcan distancias. Los primeros le han reprochado la gestión sanitaria de la pandemia y los cupaires lo han acusado del "desmantelamiento" de los servicios públicos. El líder socialista, Salvador Illa, ha cargado contra la gestión de los fondos europeos: "Me ha decepcionado", ha dicho. Todo ello el día que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado que iniciará hoy una ronda de contactos para buscar aliados para los presupuestos del 2023. Ahora mismo no se adivina ninguno.