Asociaciones de abogados se querellan contra la juez que ha procesado a Boye acusándola de encubrir un asesinato

BarcelonaUn grupo de asociaciones de abogados han anunciado la presentación de una querella por "encubrimiento de asesinato" contra la magistrada María Tardón Olmos, el fiscal antidroga Ignacio Miguel Lucas Martín y la letrada de la administración de justicia del juzgado central de instrucción número 3 María Ángeles Monedero, todos implicados en el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por presunto blanqueo de capital en una trama contra el narcotráfico. Según la tesis que expone la querella, las tres autoridades españolas se habrían abstenido de investigar un presunto asesinato cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra y de comunicarlo en los tiempos adecuados a las autoridades colombianas para "perjudicar" al letrado que defiende el expresidente Carles Puigdemont.

En un comunicado de prensa explican que Puentes Saavedra compareció en julio de 2019 ante la justicia e incriminó " directamente" a Boye ante el Sepblac en una trama para intentar recuperar 889.620 euros propiedad del principal investigado, el narcotraficante Sito Miñanco. Después de esta declaración, el abogado de Puentes Saavedra pidió su libertad provisional –llevaba encerrado en prisión preventiva un año y seis meses– y se le concedió después del posicionamiento favorable del fiscal antidroga Lucas Martín. Según las asociaciones de abogados, la implicación de Boye se hizo a cambio de que no investigaran el presunto crimen en el que estaba implicado.

Sostienen que desde entonces "no se ha comunicado a las autoridades colombianas los indicios de la presunta participación activa de Puentes Saavedra en el asesinato de Santiago Quintero Marín" y tampoco se ha investigado, remarcan, en Madrid, teniendo en cuenta que el crimen, dicen, se "gestó" en la capital española y el presunto autor también vive ahí. Aseguran que las sospechas contra Puentes Saavedra se aguantan por intervenciones telefónicas y por haber encontrado en fotocopia el carnet de conducir y el pasaporte de la víctima.

"Ni la juez María Tardón ni el fiscal se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido, al contrario, lo han encubierto con objeto de proteger a este investigado a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye", concluyen. En cuanto a la letrada de la administración de justicia, consideran que ha mantenido una actitud de "auxilio" en el comportamiento de las autoridades.

Además del delito de encubrimiento, a Tardón también le atribuyen un delito de prevaricación por haber ordenado los registros en el domicilio de Boye y el vaciado de sus aparatos electrónicos. "La injerencia en su vida íntima y profesional, con afectación de derechos de terceros –sus clientes–, fue inmensa", concluyen.

En resumen, consideran que la imputación de Boye por parte de la magistrada se basa en una "declaración falsaria y espuria del investigado Puentes Saavedra" porque se obtuvo, aseguran, "ante la amenaza de ser enviado a Colombia para investigar un asesinato en el que habría intervenido activamente".

Así, consideran que con la implicación del abogado de Puigdemont en esta investigación se ha perjudicado su tarea como letrado, causándole "un enorme perjuicio personal, profesional y reputacional", además de socavar "las bases democráticas en las que se fomenta la tarea de defensa". En este sentido, añaden que la magistrada Tardón también puede haber incurrido en un delito de revelación de secretos porque ha tenido acceso a documentación de la defensa del expresident en el exilio, así como también de los exconsellers del Govern ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.