La Audiencia Nacional investiga a Puigdemont y Rovira por terrorismo
El juez García Castellón ha tomado la decisión a raíz del último informe de la Guardia Civil sobre el Tsunami Democrático
MadridHan pasado cuatro años desde el inicio de la investigación, pero no ha estado hasta que las negociaciones por la amnistía están a punto de cerrarse que el juez Manuel García Castellón ha incluido como investigados por terrorismo en la causa del Tsunami Democrático al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La excusa ha sido el último informe de la Guardia Civil, terminado antes de lo previsto, en el que se sitúa Rovira en la cúspide de la organización, mientras que no se destaca demasiado Puigdemont. No son los únicos en la lista de investigados: la completan Ruben Wagensberg, José Luis Alay, Oriol Soler, Javier Vendrell, Marta Molina, José Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra y Nicola Flavio. En principio, la ley de amnistía que pactaron ERC y el PSOE debería cubrirlo, aunque todavía no se conoce su redactado, a la espera de que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo definitivo.
En el auto que ha dictado el juez, ofrece a Puigdemont comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar como investigado. No podría estar en otra condición, admite García Castellón, porque "el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio". Sin embargo, es consciente de que necesitará tramitar un suplicatorio ante el Parlamento Europeo porque, probablemente, el eurodiputado catalán rechazará su invitación. En el caso de Ruben Wagensberg, el juez también le plantea la posibilidad de declarar voluntariamente, aunque él sólo podría ser juzgado ante el Tribunal Supremo.
Los indicios que el juez ha encontrado contra Puigdemont pasan por haber participado en unas reuniones el 29 y 31 de agosto del 2019 en Ginebra para hablar del Tsunami Democrático, según constaría en una agenda del director de la oficina del expresidente , Josep Lluís Alay. En alguno de estos encuentros habría acudido también el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por lo que el magistrado ha acordado su citación como testigo. Además, García Castellón destaca una conversación de Alay con el investigado Jesús Rodríguez en el que éste informa del día que se dará a conocer la plataforma del Tsunami Democrático y da por hecho que "desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont". El juez alude también a una conversación directa entre el expresidente y el también investigado Josep Campmajó.
"Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democrático fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas en el su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestablecer económica y políticamente el estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva", afirma el magistrado en el auto, que se alimenta básicamente del relato de la unidad investigadora de la Guardia Civil.
La muerte de un ciudadano francés
Hay un punto que puede convertirse en clave del escrito de García Castellón y es la muerte de un ciudadano francés en Barcelona fruto de un paro cardiorrespiratorio el día que se publicó la sentencia del juicio del Proceso y se colapsó el aeropuerto de El Prat. El hombre tuvo que llegar andando a la terminal debido al bloqueo de las carreteras, según explicó El Periódico dos días después –sale citado por el magistrado–, intentaron reanimarle y fue trasladado en helicóptero al hospital de Bellvitge, donde murió. El juez considera que es necesario esclarecer la relación entre la acción del Tsunami Democrático y este fallecimiento por si es imputable a los responsables de la organización.
Es relevante porque, según fuentes conocedoras de las negociaciones sobre la ley de amnistía, el olvido judicial a las causas por terrorismo estaría vinculado a que las movilizaciones a raíz de la sentencia del Supremo y las acciones que preparaban los CDR no provocaron víctimas mortales. Ahora García Castellón ha encontrado un resquicio no sólo para mantener la causa del Tsunami Democrático por terrorismo —la Fiscalía es partidaria de rebajarlo a desórdenes públicos, pero las acusaciones populares servirán para mantener el delito más grave—, sino también para intentar desactivar a los efectos de la amnistía. El ministerio público apunta al ARA que, "posiblemente", presentará recurso.