Plantada en la Moncloa y querella: enfrentamiento total Sánchez-Ayuso

MadridIsabel Díaz Ayuso eleva el choque con Pedro Sánchez: no asistirá a la Moncloa y su pareja se querellará. A diferencia del resto de varones del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudirá a la reunión a la que le había convocado el presidente español el próximo viernes, en el contexto de la ronda de encuentros con todos los jefes de gobierno autonómicos. Lo ha anunciado este lunes en un comunicado en el que alega dos motivos principales: por un lado, el rechazo a la "negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del gobierno"; es decir, la financiación singular acordada entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. Por otro, haber calificado de "delincuente confeso" a su pareja, Alberto González Amador, que ha presentado una reclamación en los juzgados de 100.000 euros a Sánchez y 50.000 al ministro Félix Bolaños como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias.

"[Es] un pacto que será letal para el estado de derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones", denuncia en relación con la financiación la Comunidad de Madrid, que justifica el plante de la presidenta por no "normalizar lo que no lo es". Sin embargo, sobre todo el enfrentamiento se ha disparado a raíz de la imputación del fiscal general del Estado el pasado miércoles. Al día siguiente desde Bruselas, interpelado por la investigación a Álvaro García Ortiz, el líder socialista recordó el origen de este caso, que no es más que la confesión de la pareja de Ayuso de haber cometido dos delitos contra Hacienda, con la hipótesis de que Ayuso se haya beneficiado indirectamente del fraude. El presidente español pidió su dimisión como "pareja de un delincuente confeso que se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia". Ayuso ve "difamación" con "acusaciones gravísimas" de Sánchez y una "campaña inaceptable e impropia de un gobierno contra una administración inferior".

Fuentes de la Moncloa creen que la actitud de Ayuso es "irresponsable y de dejadez de funciones", porque en estas reuniones se tratan cuestiones "clave como la vivienda, el acceso a los servicios públicos y la calidad de las infraestructuras": en definitiva, "las necesidades de los madrileños". El gobierno español subraya que sea la única presidenta autonómica que no asista a los encuentros y denuncia que el "normal funcionamiento de las instituciones está por encima de las diferencias políticas". Además, recuerda que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en una entrevista que sería un "error" no acudir a estas reuniones y que Ayuso sabía su "responsabilidad".

Fisuras en el PP

Tras una semana en la que el fiscal general del Estado ha sido imputado y las sospechas de corrupción vinculadas al PSOE asedian a Sánchez, el jefe del ejecutivo trata de desviar el foco y buscar fisuras en el PP. El portavoz de Génova, Borja Sémper, admitió que él habría asistido al encuentro con Sánchez para "decirle a la cara" que es el responsable de haber "roto las relaciones institucionales", pero también ha defendido la decisión de Ayuso: "Si te insultan todos los días, parece normal que exprese su enfado". En una entrevista en Antena 3, Sémper ha dicho que "no hay sustancia para ni siquiera aventurar" que el empresario cometiera ningún delito, pese a que él mismo les confesó en el intento de pacto con la Fiscalía.

El gobierno español está decidido a poner toda la carne a la parrilla con este caso. La Cadena SER y El País publican este lunes documentación sobre el expediente que la Agencia Tributaria abrió a González Amador, previo a la denuncia penal. La inspección tardó dieciocho meses y se dio al empresario la oportunidad de regularizar la situación, pero la aportación de documentación incompleta y presuntamente fraudulenta sobre la elevada facturación en 2020 llevaron a abrir la vía judicial. En ese contexto, el empresario pasó a proponer un pacto de conformidad que la Fiscalía aceptaba: reclamarle sólo cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos y una multa de unos 140.000 euros, el 60% de la cifra defraudada.