García Ortiz convence a la cúpula fiscal que debe quedar a pesar de la imputación
Sólo 8 de los 31 miembros de la Junta de Fiscales le piden su dimisión
MadridAl día siguiente que el Tribunal Supremo imputara al fiscal general del Estado por el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz ha recibido el aval de la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, un organismo de la cúpula de la institución integrada por 35 miembros. En una reunión celebrada este jueves por la mañana, sólo 8 de los 31 asistentes le han pedido su dimisión, entre ellos los cuatro fiscales que participaron en el juicio del Proceso y con los que mantiene un enfrentamiento abierto. García Ortiz quería dar explicaciones a la cúpula fiscal sobre su decisión de no dimitir, pese a la ofensiva del PP y la petición de algunas asociaciones de fiscales para que abandone el cargo teniendo en cuenta su situación. "¿Cómo defenderá la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela?", se preguntaba este mismo jueves el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, desde Bruselas.
La Fiscalía se opone a la querella del PP contra el PSOE
Mientras, la institución sigue mojándose en cuestiones espinosas. Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción se opone a la querella que el PP presentó contra el PSOE por presunta financiación irregular en la Audiencia Nacional y, por otra, en el Tribunal Constitucional el ministerio público rechaza la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo contra la amnistía. En la arena estrictamente política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra García Ortiz: "Ustedes son unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario", le espetó desde el pleno del Asamblea de Madrid.
La tensión va in crescendo en la capital española por la disputa que PSOE y PP protagonizan en los tribunales. El intento de la dirección de la formación conservadora de estirar al máximo las sospechas de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez pueden acabar siendo un disparo en el pie: la querella que Génova presentó contra su rival político, fundamentada en una noticia del medio digital The Objective que se basaba en el testigo anónimo de un supuesto empresario que decía haber entregado bolsas con 90.000 euros en la sede de Ferraz, va por el pedregal. De momento, la Fiscalía propone su inadmisión ad limine, es decir, de plano. El ARA ya avanzó que Anticorrupción daba pocas posibilidades de prosperar a esta denuncia, especialmente porque no existían pruebas que condujeran a indicios de delito. Sin embargo, deberá ser el juez Santiago Pedraz quien lo decida.
Una hipotética desestimación de la querella sería un revés para el PP, aunque este miércoles algún dirigente ya asumía ese escenario. Se justificaban diciendo que no tenían otra opción que presentarla y que había tenido utilidad. En cambio, este jueves el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado en una entrevista a Radio que le ve "viabilidad" y mantiene que su partido tiene "información" sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE. Se ha referido a ello también más tarde el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, desde Bruselas. "Lo importante de una denuncia no es cómo comienza, sino cómo acaba", avisó Feijóo, quien auguró que aparezcan nuevas informaciones que sí den más indicios. "Hay investigaciones que inicialmente se archivan porque el fiscal considera que no hay información suficiente, pero posteriormente se activan cuando ustedes [en referencia a los periodistas] u otros actores acreditan que la información inicial se ha complementado y prosiguen las actuaciones judiciales ", añadió. ¿Tiene el PP algún dato que salpique al PSOE y que todavía no ha incorporado?
Más allá de las cuestiones vinculadas a la corrupción, el enfrentamiento institucional en el Estado tiene la rama de la amnistía: García Ortiz firma el escrito que este jueves se ha presentado contra la impugnación que el Supremo planteó en el TC sobre la amnistía a un activista. El ministerio público considera que debería rechazarse por motivos formales, si bien de forma subsidiaria pide la desestimación analizando su contenido. Si el Supremo le acaba estudiando, la resolución que tome "contribuirá de forma netamente positiva a reducir la innegable conflictividad política, social y también jurídica que acompaña a la ley cuestionada", dice en su escrito.
