En busca de una vía para desactivar las causas en el Tribunal de Cuentas

Barcelona / MadridEl gobierno español ha indultado a los nueve presos políticos independentistas condenados por el 1 de Octubre, pero las causas judiciales por el Procés van más allá: desde los exiliados procesados por el referéndum hasta el juzgado 13, pasando por las investigaciones en el Tribunal de Cuentas. Y es en este último tribunal especial donde mañana el independentismo tiene una cita importante: se le comunicará la fianza que el tribunal reclama a 41 ex cargos del Govern -entre ellos el ex president Carles Puigdemont, el ex president Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras- a raíz de la investigación de la actividad exterior de la Generalitat desde 2011 hasta 2017. La cifra puede llegar a los 5 millones de euros, a los que se suma ya el pago de los 4,1 millones que el propio tribunal reclama por el 1-O, que también se investiga en el mismo procedimiento. La encargada de juzgarlo será la ex ministra del PP Margarita Mariscal de Gante.

¿Cómo se puede desactivar esta causa? ¿El gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a actuar también en este campo? Las respuestas no son fáciles, puesto que, a diferencia de los indultos -que es una medida de gracia del gobierno-, de entrada los tribunales están blindados de las injerencias del poder ejecutivo. Ahora bien, se trata de un “órgano fiscalizador” de las cuentas del Estado -especifica la propia ley del 1982 que lo regula- que no forma parte del poder judicial y que ha intensificado su actividad con el Procés, cosa que desde el independentismo se atribuye a la proximidad de muchos de sus miembros al PP. El viernes el ministro José Luis Ábalos afirmó a SER Catalunya que la causa del Tribunal de Cuentas es “una piedra en el camino” del diálogo y que el objetivo de la Moncloa es ir “desempedrándolo”. “Es en este mismo ámbito de la tarea jurisdiccional donde se tiene que intervenir. Se tiene que hacer, pero no desde la descalificación, sino actuando con inteligencia en todo el proceso jurisdiccional”, dijo. Cómo se concreta esto ahora mismo es una incógnita, pero fuentes de los comuns aseguran que estudian proponer una fórmula a los socialistas para “despolitizar” la composición del tribunal y poner freno a la petición de responsabilidad contable por la acción exterior de la Generalitat. Los comuns lamentan que probablemente el PP también querrá bloquear el relevo en este órgano. El Tribunal de Cuentas está compuesto por 12 miembros: seis escogidos por el Congreso de Diputados y seis por el Senado. A los consejeros contables actuales les caduca el mandato el 30 de junio de este año, puesto que fueron elegidos hace nueve años durante la última mayoría absoluta del PP, en 2012. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos podría incidir en las mayorías del Tribunal de Cuentas si consiguiera renovar, en parte, el mandato de los consejeros contables, lo cual podría afectar a quién tiene que juzgar el caso de Exteriores y también a los miembros a los que iría dirigido un eventual recurso. Ahora bien, para la renovación de este ente -junto con el resto de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial- se necesita una mayoría cualificada, de forma que es difícil hacerlo sin el PP. Los socialistas tendrían que convencer a los de Pablo Casado de las bondades de actualizar la composición de este órgano, y hasta ahora los populares se han negado a ello.

Fuentes independentistas también afirman que hay otra posibilidad, a pesar de que admiten que es improbable: que el ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas, que depende de la Fiscalía, una vez se comunique la cantidad de la fianza esta semana y hayan comparecido las partes, decida no presentar demanda para sacar adelante el juicio. Esto implicaría un cambio de posicionamiento, puesto que hasta ahora ha cerrado filas con las conclusiones del Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la actividad exterior. Ha hecho lo mismo la Abogacía del Estado, que depende directamente del gobierno español. Además, si la Fiscalía decidiera rebajar sus conclusiones, todavía quedarían las acusaciones públicas, que difícilmente querrían parar el proceso: se trata de Societat Civil Catalana y Abogados por la Constitución, que hasta ahora han mantenido una actitud beligerante contra el Procés.

Opciones de recurso

Así pues, fuentes jurídicas no confían en ganar el caso a “corto plazo”, pero sí creen que hay posibilidades una vez haya sentencia. En primera instancia hay un único consejero contable -en el caso de Exteriores y el 1-O será De Gante y el juicio se hará a mediados de 2022-, pero existe la posibilidad de poner un recurso de apelación al propio Tribunal de Cuentas. Los encargados de analizarlo serían dos miembros de la sección de enjuiciamiento y su presidente: María Antonia Lozano (propuesta por Izquierda Unida), Felipe García (impulsado por el PSOE) y José Manuel Suárez (propuesto por el PP). Una mayoría que podría tener un criterio diferente a las conclusiones de la integrante de primera instancia. Si no fuera así, todavía habría otra opción: recurrir a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Los condenados por el 9-N ya lo hicieron en 2018, pero todavía ni siquiera se ha admitido a trámite. Fuentes de la defensa confían en poder ganar el caso en el estadio de los recursos, sobre todo porque la acción exterior -a diferencia de los referéndums del 2014 y el 2017- no se deriva de ningún procedimiento penal, sino del ejercicio de las competencias de la Generalitat. El problema es que el Tribunal de Cuentas considera que el Govern fue más allá de lo que le correspondía por las facultades que le da el Estatut.

En este sentido, tanto Izquierda como Junts per Catalunya trabajan para que el caso tenga eco europeo. Para afrontar las fianzas prevén una campaña de la Caixa de Solidaritat para recoger dinero -dos de los cuatro millones de euros para pagar la fianza del 1-O salieron de aquí- y exploran llevar el caso a instancias internacionales. Una de las vías que se está estudiando es el contacto con relatores de Naciones Unidas -como se hizo en caso de la prisión preventiva en 2017- y el Comité de Derechos Humanos de la ONU para ver si tiene viabilidad presentar el caso. La estación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde también se pretende apelar, quedará para más adelante: no pueden recurrir hasta después de agotar todos los recursos internos en el Estado.