El efecto Errejón se extiende al PP con una denuncia de acoso sexual
Un juzgado abre diligencias previas contra el alcalde de Estepona y el PP desmiente un segundo caso del alcalde de Algeciras
MadridEl escándalo de Íñigo Errejón ha abierto la caja de Pandora en la política española y el goteo de casos se extiende a miembros de otros partidos. Tras días atacando a Sumar, el PP se ha enfrentado a dos acusaciones de acoso sexual. La primera en trascender fue contra el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y acabó desmentida por los populares después de que se hayan activado mecanismos de verificación internos. Mientras que la segunda dirigida contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, está en manos de un juzgado de primera instancia del municipio malagueño. Ahora bien, en este caso, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo descarta iniciar una investigación interna hasta que el juzgado dé más pasos contra García Urbano –de momento ha abierto diligencias previas, que es un paso previo a iniciar una investigación–. La gestión que ha hecho el PP de uno y otro caso ha puesto en evidencia que no existe un protocolo claro de actuación dentro del partido para afrontar este tipo de casos.
La dirección estatal del PP ha dejado en manos del partido en Andalucía gestionar ambas acusaciones. Esto ha provocado que el gobierno español haya reprochado a Génova que haya estado "dando lecciones" en el PSOE y en Sumar cuando se sacude la responsabilidad traspasándola al PP andaluz. En el caso de Algeciras que, según los populares ha quedado en nada, la alarma saltó cuando el lunes Alvise Pérez, eurodiputado por S'Acabat la Festa, hizo públicos mensajes en su canal de Telegram que revelaban un presunto acoso sexual de Landaluce a dos concejalas de Algeciras. En los chats que publicó Pérez, que borró poco después, ambas afectadas hablaban de tocamientos y momentos incómodos generados por el alcalde y senador popular.
Según un comunicado del PP de Cádiz, esa misma tarde la dirección del PP provincial "dio instrucciones para realizar las pesquisas que fueran necesarias". El resultado de esta investigación interna ha sido, por un lado, que "las compañeras aludidas en la denuncia, de forma individual, han remitido escritos desmintiendo categóricamente haber sido objeto de acoso o agresión sexual por parte del alcalde de Algeciras y han expresado su deseo de desmentir públicamente la denuncia". Por otro, que Landaluce, el político popular señalado, "ha negado categóricamente la denuncia del canal de Telegram de Alvise Pérez". Con esta comprobación exprés, el PP ha dado por cerrado ese primer frente y manifiesta que "actuará siempre con diligencia ante cualquier denuncia".
Ahora bien, en el segundo caso, que afecta al alcalde de Estepona, fuentes del PP andaluz consultadas por el ARA descartan iniciar una investigación interna y explican que esperarán los próximos movimientos del juez para indagar. ¿De qué se acusa a este segundo político del PP? La denuncia que tiene sobre la mesa el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Estepona es de un policía local que acusa a García Urbano de haberle agredido sexualmente a él ya su pareja sentimental bajo la amenaza que podía perder su puesto de trabajo como funcionario, puesto que dependía de él. Según la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, el alcalde de Estepona contactaba cada día con el agente policial para satisfacer sus deseos sexuales.
El denunciante explica que "no le quedó otra salida que acceder a las pretensiones sexuales" de su superior porque "temía perder el trabajo", un extremo que García Urbano le dejaba siempre claro. La supuesta víctima empezó a trabajar en el Ayuntamiento en marzo de 2022 como funcionario en prácticas y relata que desde un primer momento notó una "intención libidinosa" del alcalde hacia él. En un comunicado el alcalde de Estepona responde presentándose como una "víctima de una denuncia falsa" y de una "campaña por dañar su dignidad personal y su trayectoria". García Urbano también anuncia que se personará en la causa por defenderse de la acusación, que ve sin fundamento.
Las mismas fuentes del PP andaluz defienden que el alcalde de Estepona ha pedido declarar ante el juzgado y que, de momento, "la única diligencia acordada por parte del juez instructor es la toma de declaración al denunciante en una fecha próxima". El partido opta por esperar ante la negación de los hechos del político popular y no actuará hasta que el juzgado tenga indicios de delito. A partir de ahí "se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar".
Confusión y reproches
Durante el día el PP ha dado al menos tres versiones distintas de su gestión de las acusaciones. Mientras la número dos del partido, Cuca Gamarra, afirmaba que se había puesto en marcha un protocolo interno, desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo lo negaban. El primero en hablar ha sido el líder del PP por la mañana en EsRadio esgrimiendo ser diferentes de Sumar y el PSOE porque sin denuncia formal alguna y solo con las sospechas por los mensajes en el canal de Alvise Pérez ya se habían puesto en contacto con Landaluce y habían "aclarado el asunto". Gamarra horas después decía que con quien se había hablado era con las concejalas, que habían desmentido los supuestos hechos y se había dado por cerrada esa carpeta. Minutos antes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, hablaba de una investigación todavía abierta en Andalucía.
El PSOE, que ha cerrado filas con Sumar, contraataca cuestionando la gestión que ha hecho el PP de estos casos y advirtiendo que la utilización del caso Errejón como arma política se les puede girar en contra. El PP, por su parte, ha continuado haciendo sangre y ha reclamado en el Congreso la comparecencia inmediata de la vicepresidenta segunda y de la ministra de Sanidad, Mónica García, por el caso Errejón. "Lo sabían todo y lo taparon", acusó Tellado, que extendió la crítica al PSOE: "Hay un pacto de silencio mutuo", aseguró. Fuentes de los socialistas esperan que el caso Errejón sirva al menos para que "salga toda la suciedad" que puede haber en cualquier partido. "Sin duda nos está afectando a todos, esto es una bomba nuclear", resumió el secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, en rueda de prensa en el Congreso.