El CGPJ cree que la ley de vivienda amenaza la propiedad privada
El consejo de ministros sacará adelante la norma a pesar de las dudas constitucionales de los vocales
MadridEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe crítico con la ley de vivienda del gobierno español. Esto no obstaculizará, sin embargo, que la normativa vaya al consejo de ministros del próximo martes, una vez el órgano de gobierno de los jueces ya ha expresado su criterio, que no es vinculante. El proceso se ha tenido que atrasar porque la primera propuesta que llegó al pleno del CGPJ, el 14 de enero, fue rechazada. Ahora el informe redactado por los vocales José Antonio Ballestero (PP) y Enrique Lucas (PNV), que señalan que la norma vulnera competencias autonómicas y pone trabas al derecho de la propiedad privada, ya ha reunido suficientes votos.
No ha habido sorpresas en el pleno del CGPJ. Los 15 vocales -todos los propuestos por el PP, el del PNV y algunos del PSOE- han repetido la misma votación que hace dos semanas. Seis del teórico bloque progresista se han opuesto al informe y defendían avalar la ley de vivienda del gobierno del Estado. Una de las principales discrepancias con la norma del sector mayoritario es el "problemático encaje en el orden constitucional de competencias". Consideran que las directrices de la ley están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales", de forma que no se les deja margen para tomar las decisiones que tendrían que poder tomar más allá de la norma estatal en materia de vivienda.
Así, citan que en Catalunya hay una ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento las medidas de la cual "no son coincidentes" con las del anteproyecto del gobierno español. El CGPJ avisa, pues, del "conflicto competencial" que se puede producir. Además, los vocales critican que la norma busque una "alteración de cómo se entiende la propiedad privada de la vivienda". Esta problemática es la que últimamente ha motivado al PP a impugnar ante el Tribunal Constitucional algunas iniciativas para contener los precios del alquiler, como por ejemplo la ley catalana.
El pronunciamiento del CGPJ ha puesto en alerta a Unidas Podemos, que en los últimos días ha expresado su temor a que el PSOE quisiera retocar la ley para adaptarla al criterio del órgano de gobierno de los jueces, pero varios portavoces socialistas ya dejaron claro que la ley era "garantista" y rigurosa jurídicamente. Aun así, una vez lo apruebe el consejo de ministros tendrá que pasar por el Congreso y se podrán introducir cambios.
