¿Cómo se combate el despoblamiento? El Parlamento da luz verde al Estatuto de Municipios Rurales

BarcelonaLuz verde en el estatuto de municipios rurales, la norma que debería servir para frenar el despoblamiento en Cataluña. Se trata de una ley que afectará a 608 municipios –del total de 947 que hay en Catalunya– de menos de 2.000 habitantes y que quiere darles herramientas para revertir el desequilibrio territorial que vive actualmente el país: el 75% de la población vive en zonas urbanas, mientras que el 25% restante lo hacen en núcleos rurales. Esta ley es la primera que el gobierno de Salvador Illa envió al Parlamento para que fuera validada, aunque fue impulsada por el anterior ejecutivo, de Pere Aragonès. La norma ha quedado aprobada este miércoles con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

Según el Gobierno, la ley supondrá un "punto de inflexión" para garantizar una "adecuada" prestación de servicios públicos. Así, la norma desarrolla un nuevo marco normativo en el que define qué es un municipio rural y establece un conjunto de medidas para dotarles de mayores recursos. De entrada, los municipios que entran dentro de este estatuto son los de menos de 2.000 habitantes, que son 213 en total, y se suman los 381 que reciben la consideración de municipios rurales de especial atención al tener una población inferior a 500 habitantes. También se incluyen dos municipios rurales asimilados, Artesa de Segre y Tremp –se consideran núcleos de población agregados de menos de 500 o más de 5.000 habitantes con diez o más núcleos de menos de 500 habitantes–, y 12 que se han incorporado durante la tramitación parlamentaria.

Las medidas de la norma

¿Qué medidas incluye esta ley? Por un lado, prevé crear un sistema de financiación propio, es decir, un fondo específico para estos municipios que irá ligado a la ley de presupuestos, así como una línea específica de inversiones para luchar contra el envejecimiento de la población. La norma también incluye medidas concretas, como incentivos fiscales para favorecer la compra y rehabilitación de viviendas, una bolsa de vivienda rural y la reducción de la carga burocrática de los ayuntamientos con la creación de un portal único en la sede electrónica que debería integrar todos los trámites que afectan a estos ayuntamientos.

Fomentar el teletrabajo de las personas que estén empadronadas en estos municipios y deducciones en el IRPF para trasladar la residencia habitual a estos núcleos son dos medidas que también incluye la ley, que en la tramitación parlamentaria también ha incorporado que se garantice el conocimiento del catalán y el aranés en estas zonas. Ahora el Gobierno tendrá que desplegar la norma y ha fijado para el 15 de noviembre un encuentro con el mundo rural para analizar, precisamente, ese despliegue.

La ley tiene el apoyo de muchas entidades municipalistas, como la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios, Herramientas de Repoblación Rural y la Asociación de Micropueblos. En el debate de este miércoles en el Parlament estaban sus representantes, así como el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, quien ha reivindicado la norma diciendo que supone "un paso adelante" para que Catalunya sea "más cohesionada, mejor, más justa y, sobre todo, pensada para todos".

La diputada de ERC Marta Vilalta, que fue la ponente relatora de la ley, auguró que "marcará un antes y un después en el país" y la definió como una norma "completa, integral, consensuada y pionera". También le ha defendido el líder de ERC, Oriol Junqueras: "Catalunya necesita un nuevo impulso para el equilibrio territorial de nuestra sociedad y de nuestra economía", ha dicho. Tanto Junqueras como Aragonès han escuchado el debate desde la tribuna del hemiciclo del Parlament, junto a numerosos alcaldes que han querido estar en la cámara catalana el día de la aprobación definitiva de la ley.