El Congreso aprueba la ley de Junts contra la multirreincidencia con los votos del PSOE y el PP

MadridLa mayoría que se ha articulado este jueves en el Congreso no es habitual. En un clima de máxima tensión entre los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE han votado unidos una proposición de ley de Junts para endurecer el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal contra la multirreincidencia. Una norma que ha sido aprobada también por Vox y PNV entre críticas de los socios de izquierdas de Pedro Sánchez, que han votado en contra, menos Esquerra, que se ha abstenido por la presión del mundo local.

Esta es una iniciativa que los junteros presentaron en abril del 2024 y que había sido encallada en la cámara española hasta hace pocos meses, cuando el PSOE la reactivó para acercarse a los de Miriam Nogueras. La iniciativa ha sido reiteradamente reclamada por los alcaldes junteros, una delegación de los que ha viajado este jueves a Madrid para hacer bandera de la ley: Marc Buch (Calella); Arnau Rovira (Manlleu); Òscar Fernández (Cabrera de Mar) o Xavier Fonollosa (Martorell). Al igual que el PSC: este miércoles varios alcaldes socialistas también estaban en Madrid bajo el paraguas del arco metropolitano para celebrar la iniciativa. Mantuvieron encuentros con los grupos parlamentarios, entre ellos Junts.

En el debate, de hecho, ha tenido especial protagonismo Cataluña, donde los grupos han identificado un problema relevante con la multirreincidencia, sobre todo en el área metropolitana. "Si hay un sitio donde el fenómeno se ha percibido como un problema de seguridad ciudadana ha sido Cataluña", ha comenzado el diputado del PSC, Paco Aranda, y ha dado datos: en 2023 en Madrid se fijaron 2.700 juicios rápidos frente a los 5.900 de Barcelona, ​​ha dicho.

La exposición de motivos de la norma ya es toda una declaración de intenciones: "Desde 2021 numerosos alcaldes y alcaldesas han denunciado una situación de alarma social en términos de inseguridad entre gran parte de los vecinos y vecinas. Se refieren a la circunstancia de que en sus municipios de unas personas graves que el sistema no es capaz de evitar”. Entre otras cosas, la modificación endurece las penas del hurto –por un robo de menos de 400 euros– de uno a tres años de cárcel si el delincuente ha sido condenado ya a tres delitos aunque sean de carácter leve; también si se ha producido la sustracción de dispositivos móviles o electrónicos. Al mismo tiempo, se modifica la Lecrim para que las entidades locales puedan ejercer la acción penal que nace de los delitos de hurto y se especifica como agravante el hecho de ser reincidente.

Choque a la izquierda del PSOE

La encargada de defender la iniciativa fue la diputada de Junts Marta Madrenas, quien afirmó que la ley viene de "bajo", en alusión al mundo municipal, y "no de los despachos". "Es una ley que llega demasiado tarde por una tramitación marcada por bloqueos", ha lamentado, acusando al PSOE de haber atascado la norma en el Congreso hasta ahora. "Es una ley ponderada", defendió la diputada juntera ante las acusaciones de los socios de izquierda de Pedro Sánchez de respaldar el "populismo punitivo" –en palabras del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu–. El debate, de hecho, se ha caracterizado por un choque del PSOE con la zurda.

"Eso no frenará a Aliança [Catalana]", ha advertido Iñarritu a los de Carles Puigdemont. Más duro ha sido Podemos, que ha tildado de "racista, clasista y punitivista" la nueva norma señalando que no afecta a todos por igual. "Los multirreincidentes de sus filas no les tocan", criticó la diputada de la formación lila, Martina Velarde, quien señaló causas que salpicaron nombres del PP y el PSOE pero también de Junts, como son el caso Palau o Pujol. "Es una propuesta con un relato fascista y de extrema derecha", aseguró Velarde.

La formación lila no es la primera vez que choca frontalmente con las propuestas de Junts –ya rechazó la reforma que preveía una delegación parcial de las competencias en inmigración en Catalunya–, y ha avisado al gobierno de Pedro Sánchez de que apoyarse en los de Carles Puigdemont no le ayudará a ganar la derecha. Enrique Santiago, de Sumar, hizo un discurso similar y lamentó que "las fuerzas democráticas acaben impulsando" a los ultras. Y se ha dirigido explícitamente a los socialistas, a los que ha reprochado que se alíen con el PP y Junts para endurecer el Código Penal.

De hecho, los populares, que también han puesto el foco en el área metropolitana, no han dudado en hacerse suya la norma celebrando que "pone fin" a la impunidad de delinquir muchas veces. "Se acabó", aseguró la diputada del PP, Cuca Gamarra, desde la tribuna del Congreso. El debate, sin embargo, también le ha servido para atacar a Pedro Sánchez por los casos de presunta corrupción que acorralan su entorno: "Durante mucho tiempo la única multirreincidencia ha sido la de sus números dos, que han pasado de Ferraz a Soto del Real", ha dicho Gamarra en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Aunque este jueves votarán lo mismo, el PP se desmarcó de los socialistas criticando la regularización del medio millón de migrantes que viven en España. "No se puede hacer una cosa y otra. [...] Están convirtiendo la regularización en un colador de delincuentes", ha afirmado.

Por el contrario, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha dicho que, a su juicio, la norma "es necesaria pero no suficiente" y que no es la ley que harían ellos. "Mientras no se apliquen sin complejos las expulsiones de los inmigrantes que delinquen, la multirreincidencia seguirá existiendo. España no puede ser el paraíso del delincuente habitual", ha dicho.

Abstención de Izquierda

Esquerra Republicana, que finalmente se abstendrá en la reforma, se ha visto empujada a hacer un equilibrio entre las demandas de sus alcaldes en Catalunya y el rechazo de un discurso dictado, a juicio de la formación, por la derecha y la ultraderecha. "Estamos al servicio de nuestra gente", apuntó la diputada republicana, Pilar Vallugera, en referencia a los alcaldes y concejales republicanos, a los que reconoció que no quieren hacer sentir "incómodos".

Ahora bien, Vallugera también rechazó que se pueda cambiar la realidad "a golpe de Código Penal". "Ustedes creen que si modificamos y endurecemos el Código Penal, todo se arreglará, pero esto se arregla con un sistema de justicia penal y penitenciaria que permita la reinserción, y eso significa recursos. [...] La única justicia es la que se aplica rápidamente en forma, tiempo y lugar", ha defendido la diputada republicana. De hecho, ERC, que cuando se presentó la ley vio "un tufo racista", en boca de su portavoz, Gabriel Rufián, se ha decantado por la abstención tras un acuerdo con el gobierno español para incrementar el número de magistrados en Catalunya –91 plazas en el 2026 vía real decreto y 90 plazas adicionales en el 202 de Catalunya y en la retribución de los abogados de oficio, tal y como ha explicado Vallugera.