El consejo de ministros formaliza los nueve indultos a los presos políticos

MadridLos nueve indultos a los presos políticos han llegado este martes, 22 de junio de 2021, 1.345 días después de que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex líder de la ANC Jordi Sànchez entraran en Soto del Real. Era el 16 de octubre de 2017. La magistrada instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó prisión preventiva sin fianza y la reclusión se ha alargado hasta ahora, con paréntesis por permisos y terceros grados revocados. El consejo de ministros, que se ha alargado más de cuatro horas, ha formalizado la concesión de la medida de gracia que permitirá que, quizás este mismo martes, los líderes independentistas condenados por sedición y malversación salgan a la calle con la pena extinguida. Los tiempos irán ligados a la celeridad con la que Felipe VI firme los decretos y el Supremo dicte la excarcelación. A lo sumo, será este miércoles.

Pedro Sánchez hace semanas que decidió afrontar este paso, rodeado de máxima polémica. El perdón para los nueve implicados roza el indulto generalizado, que la Constitución prohíbe, y la derecha ya ha anunciado que los recurrirá ante la sala tercera del Tribunal Supremo. El presidente español proclamó desde Bruselas el 25 de mayo que era necesario "mirar al futuro y no quedar atrapados en la venganza" y, desde entonces, la política española ha vivido inmersa en este debate. Ningún miembro del ejecutivo había pronunciado la frase literal de que los indultos se otorgarían, hasta este lunes, cuando Sánchez dijo en su conferencia en el Liceu: "Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados al juicio del Procés que están en la prisión".

Los indultos son necesariamente parciales porque el Tribunal Supremo se opuso en su informe. Las penas de prisión se extinguirán en su totalidad porque ya han cumplido buena parte de ellas, mientras que la inhabilitación se mantendrá. La clave está en la argumentación de esta medida discrecional, que es potestad del gobierno español pero que el Supremo puede revisar si se presenta un recurso ante la sala del contencioso-administrativo. Sánchez ya esbozó la "utilidad pública" para la "convivencia" que representa el indulto, si bien la Fiscalía y el tribunal sentenciador han subrayado todo lo contrario. El ejecutivo ha salido adelante porque los informes del ministerio público y el Supremo no son vinculantes.