La crisis en Ceuta: ¿falló la comunicación entre Defensa e Interior?

BarcelonaEste lunes algunos medios de comunicación han asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó varias veces al ministerio del Interior de que se acercaba una entrada masiva de personas provenientes de Marruecos. Ahora bien, fuentes del ministerio del Interior consultadas por el ARA han descartado que tuvieran conocimiento del inicio de esta crisis. "Si hubiéramos tenido conocimiento de un informe que decía lo que iba a pasar el día 30, evidentemente habríamos actuado", han afirmado las mismas fuentes. Recordemos que las competencias de la gestión de la frontera corresponden al ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska, pero los servicios de inteligencia dependen del ministerio de Defensa.

Este fin de semana Marlaska ya aseguró que los servicios de inteligencia españoles no habían advertido de lo que pasaría el 30 de julio. "No habían elaborado ningún informe en el que se advirtiera [sobre la crisis en Ceuta]", dijo. De hecho, el ministro del Interior también afirmó que creía que no volvería a pasar una crisis similar: "Tenemos los instrumentos para evitarlo". El gobierno español continúa señalando a las mafias y la "lectura interesada" de la sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre las devoluciones. Y este domingo Marruecos apuntó en la misma dirección cuando rompió el silencio con un comunicado a última hora en el que reconocía la recuperación de 11 cuerpos en sus aguas.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración de Marruecos "para intentar impedir este flujo de personas" con Ceuta y, sobre todo, para que retornasen inmediatamente, tal "como está pasando". Al preguntarle por una posible grieta dentro del gobierno español, Albares ha asegurado que todos los ministerios "han hecho todo lo que está a su alcance" para gestionar esta crisis de la mejor manera y también ha reivindicado el trabajo de la policía, la Guardia Civil y el ejército.

La crisis migratoria de Ceuta continúa pasando factura a la ciudad a pesar de que la situación se va normalizando. La cancelación de la feria local y el miedo a salir a la calle han dejado playas, restaurantes y comercios mucho más vacíos de lo habitual. En una entrevista a El País, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no ha dudado en repartir críticas tanto al Reino de Marruecos como al gobierno español por la crisis que ha llevado al límite a la población ceutí. Acusa a Marruecos de haber favorecido la crisis fronteriza y reclama contundencia a la Unión Europea: "Hay que exigirle que respete la integridad territorial de España".

Vivas asegura que la población vivió la crisis como un ataque a la soberanía nacional, más que como una crisis migratoria, y reclama la expulsión inmediata de los migrantes que quedan en Ceuta "por El Tarajal", el paso fronterizo. El presidente no ha dudado en ser crítico con la respuesta del ejecutivo español, a quien reprocha haber ignorado las advertencias previas del gobierno ceutí, y reclama poner "todos los medios necesarios para que esto no vuelva a pasar". "Defendemos la igualdad de todos los ceutíes, nazcan como nazcan y se llamen como se llamen. Este modelo de sociedad es innegociable", asegura Vivas, que, con esta afirmación, busca remarcar que Ceuta es un ejemplo de convivencia entre religiones y culturas, huyendo de los discursos ultras.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha pedido un informe policial para saber si tiene competencias para investigar la entrada masiva de migrantes. En concreto, ha acordado la apertura de diligencias previas sobre la entrada de migrantes desde Marruecos y la petición de un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para averiguar si se trató de una "acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal". La Audiencia Nacional solicita también que se identifique a quien haya podido participar en las acciones. Una vez reciba el informe, decidirá si es competente para asumir la investigación por la vía penal después de una denuncia del partido político antieuropeísta Iustitia Europa.