El número dos de la Guardia Civil niega presiones para detener la investigación del entorno de Sánchez
Manuel Llamas enmarca en la normalidad los expedientes internos que se abrieron y que desembocaron en su imputación
MadridNi presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se defiende ante el juez Santiago Pedraz. Un testigo aseguró que en julio de 2024 instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Pero durante más de dos horas él ha negado cualquier maniobra para torpedear las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que había que ponerse de perfil y negó cualquier tipo de presión.
En un interrogatorio un tanto tenso, según relatan fuentes presentes en la sala, ha contestado todas las preguntas y ha reconocido que no se lleva muy bien con los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). En relación con los expedientes que se abrieron y que fueron uno de los principales motivos para que la Fiscalía Anticorrupción pidiera su imputación, ha enmarcado en la normalidad las investigaciones internas. En el caso de la investigación sobre la filtración del correo de Begoña Gómez, ha dicho que existía el riesgo de que hubiera algún dato de Pedro Sánchez. También ha relatado que Mercedes González le dijo el 5 de mayo de 2025 que conocía a Leire Díez.
Manuel Llamas ha llegado a la Audiencia Nacional a las 9.40 horas de la mañana, 35 minutos antes de la hora que había sido citado, acompañado de su abogado, Edmundo Bal, que fue el número dos de Ciudadanos en el Congreso la pasada legislatura. Nueve minutos más tarde, ha llegado la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que está defendida por Rosa María Seoane, que fue una de las abogadas del Estado en el juicio del Procés.
Declaración pospuesta
También estaba previsto que este jueves por la mañana declarase la directora general de la Guardia Civil, pero tendrá que volver de aquí a 24 horas a la Audiencia Nacional porque no ha tenido tiempo: Manuel Llamas ha estado tanto rato declarando que el magistrado se ha visto obligado a posponer el segundo interrogatorio. Según la Fiscalía Anticorrupción, González propició una “utilización instrumental” de expedientes disciplinarios como “mecanismo de presión” hacia los investigadores policiales de las causas del entorno de Pedro Sánchez.
La directora de la Guardia Civil empezó a estar en el ojo del huracán porque la conocida como fontanera del PSOE sacaba pecho de que “despachaba” con ella y que tenían “muy buena relación”. La UCO descubrió tres encuentros entre ambas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. Ella ha reconocido dos citas, pero las ha reducido a una “simple toma de contacto” tomando un café sin importancia. Ambas se conocían de cuando Mercedes González fue delegada del gobierno español en Madrid, un cargo que ocupó de 2021 a 2023.
Un “efecto intimidatorio”
A pesar de las citas de Mercedes González con Leire Díez, la Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación poniendo el foco en los expedientes internos que se abrieron en 2024 y 2025, que están bajo sospecha. Las fiscales creen que la “finalidad real” de los tres era generar un “efecto intimidatorio” para “condicionar el desarrollo” de las investigaciones: “Se convirtieron en un instrumento utilizado para ejercer intimidación”.
El escrito, al que tuvo acceso el ARA, sostiene que pudo haber un “uso reiterado y desviado” de la potestad disciplinaria como “mecanismo de presión” para “obstaculizar o alterar” la “libertad” de los investigadores. “Debemos recordar el efecto de desánimo derivado de la utilización abusiva de la potestad disciplinaria como forma de intimidación institucional”, añade.
Así mismo, alude a la “utilización sistemática y continuada” del aparato disciplinario como “mecanismo de hostigamiento” dirigida específicamente “contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles” y menciona directamente el fragmento de la sentencia del juicio del Procés en que el Supremo se refería a la “intimidación ambiental”.