¿De qué depende la legitimidad del 14-F?

BarcelonaNadie podrá decir que la Generalitat no ha jugado fuerte para aplazar el 14-F. Pocas veces se debe de haber oído a un gobierno asumir que los resultados de los comicios que organiza corren el riesgo de no ser legítimos. El ejecutivo no ha dudado en señalar que el efecto de la pandemia puede tener consecuencias directas en la democracia –ha llegado a decir que el carácter "democrático" de los comicios se vería "seriamente cuestionado" si se vota en febrero–. Ahora, con la campaña electoral a punto de empezar y la sospecha de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acabará sentenciando contra el aplazamiento electoral, el Govern y, en especial, la conselleria de Exteriores, responsable de la organización de las elecciones, se encuentran con un gran dilema: aportar credibilidad y seguridad a unos comicios que han cuestionado públicamente.

¿Qué aporta legitimidad a un proceso electoral? "Las elecciones no son legítimas ni dejan de serlo, sino que son un mecanismo para legitimar las decisiones políticas que se tomarán partiendo de los resultados", dice Jordi Pacheco, decano del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. La primera condición para que estas instituciones tengan un aval sólido es la legalidad, pero incluso más relevante es que todo el mundo acepte como válidos los resultados. "Es muy importante que los perdedores salgan a felicitar al vencedor", apunta Pacheco, en referencia a una posible impugnación de los comicios.

El "miedo" que genera el coronavirus –ha dejado escrito el Govern en sus informes– puede tener "graves consecuencias" para el 14-F, "la más grave sería, en términos democráticos, desconfiar de todo el sistema y su resultado". Una de las derivadas de este miedo es la posibilidad de que la abstención crezca ostensiblemente, ante la percepción del riesgo de contagio en los colegios electorales. El Govern dice que el protocolo que ha elaborado para votar es seguro, pero también alegó al TSJC que la jornada electoral puede generar un incremento importante de los contagios (recordó la situación en los Estados Unidos después de las presidenciales).

El fantasma de la abstención

El 21 de diciembre de 2017 votaron un 79% de los catalanes con derecho a hacerlo y se logró un récord histórico de participación. "Es obvio que esto ahora tenía que bajar. No se podía mantener la tensión que llevaba a los independentistas a movilizarse como nunca ante una ventana de oportunidad y también al unionismo, que percibía una amenaza real", explica Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF Barcelona School of Management.

Las encuestas que se han hecho hasta ahora apuntan un nivel de participación alrededor del 65%, unos quince puntos por debajo del que se registró ahora hace tres años. Pero, más o menos, este porcentaje se parece al de otras muchas elecciones catalanas. En cinco de las doce que se han celebrado en cuarenta años no ha llegado al 60%. "El interrogante, al margen del coronavirus, es si volveremos o no a comportamientos previos al Procés. Tampoco sabemos en qué medida el covid puede afectar a la participación, porque no tenemos antecedentes. Y no solo por el miedo, también por la desafección que pueden causar, por ejemplo, las disputas partidistas generadas en este contexto", señala la profesora de ciencia política en la Universitat de Girona Gemma Ubasart.

Comparación internacional

Una de las misiones de los gobiernos es fomentar la participación, precisamente para que las instituciones estén cuanto más legitimadas mejor. "Un Parlamento resultado de unas elecciones convocadas y desarrolladas con todas las garantías democráticas es legítimo, al margen de la participación que se obtenga. Ahora bien, una baja participación nunca es deseable", opina Ubasart. La pregunta es si la Generalitat está haciendo todo lo posible para fomentar la participación, más allá del insistente spot electoral del voto por correo. "Si le preocupa la participación, el Govern tiene que hacer campañas de promoción del voto, y lo que está haciendo es todo lo contrario", dice la abogada y profesora asociada de la UB Maria Vila. "Si había gente que dudaba de ir a votar, el desbarajuste del Govern, que fomenta el miedo, las posiciones tan enfrentadas y el TSJC por el medio han sido factores disuasorios adicionales", añade Aira, que cree que el termómetro para valorar la afectación del covid en la participación electoral está "adulterado".

En el último año se han celebrado más de 150 elecciones en el mundo y se han aplazado alrededor de un centenar, la gran mayoría entre marzo y mayo del año pasado, en plena primera oleada de la pandemia. No se puede concluir que haya habido un descenso generalizado de la participación, que incluso ha crecido en algunos países. En los Estados Unidos el enfrentamiento Biden-Trump provocó el índice de participación más alto en el país desde el 1900 (el voto por correo se duplicó y también creció de manera intensa el voto anticipado). También creció en Nueva Zelanda, a pesar de que se tuvieron que aplazar los comicios un mes por el virus. En el país oceánico disponen de herramientas para facilitar el voto no presencial que en Catalunya exigirían una reforma legal. En cambio, en Galicia y en el País Vasco cayó la participación entre 5 y 10 puntos, a pesar de que en julio –la fecha final de los comicios previstos para abril– la situación del virus estaba más controlada.

Sesgo por edad y afectación covid

"A nadie se le ha ocurrido decir que la participación del País Vasco y Galicia, que fue del 50%, ha dado lugar a unas instituciones ilegítimas", subraya Maria Vila. En las vascas y las gallegas no se observó un sesgo relevante en el comportamiento electoral por franjas de edad o por territorios, recuerda, además, Ubasart. Este es otro de los elementos de riesgo de los cuales ha alertado el Govern: que el "miedo" afecte más a la gente mayor y vote menos por la mortalidad que lleva asociada el covid y que voten menos los territorios con más incidencia del virus.

De momento, las encuestas no detectan que los mayores de 65 años (ni los de 55) sean los que se declaren más abstencionistas. Todo lo contrario. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas apuntaba un comportamiento por edades similar al habitual. Eso sí, con una alta probabilidad de que en todas las franjas baje la participación. "En el caso catalán, a diferencia de Galicia y el País Vasco, se votaría en pleno pico de la pandemia y el efecto entre la gente mayor podría ser significativo", pronostica Ubasart.

El departamento de Salud asegura que la situación es "grave" en toda Catalunya y en su informe para avalar el aplazamiento electoral prevé que la ocupación de camas UCI siga creciendo durante las dos próximas semanas, a pesar de que los contagios diarios empiecen a reducirse. Por territorios, el mapa de las comarcas catalanas muestra una incidencia acumulada superior en los últimos catorce días en Vall d'Aran, Montsià y Garrigues, con más de 1.300 casos por 100.000 habitantes –los brotes en comarcas poco pobladas hacen crecer muy rápidamente las cifras–. Pallars Jussà, Alta Ribagorça y Priorat, en cambio, tienen una afectación por debajo de los 200 casos. En el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat, que concentran la mayor parte de la población catalana, hay más de 600 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Consenso político

Si durante la jornada electoral hay muchas mesas que no se pueden constituir por la negativa de los ciudadanos a formar parte de ellas –también lo prevén los informes del Govern–, la legitimidad estará, en opinión del ejecutivo, una vez más amenazada. Y, a pesar de todo, todavía existe la posibilidad de que el TSJC acabe avalando el aplazamiento de los comicios al 30 de mayo. Una situación que Pacheco vería recomendable. No solo por la incidencia del coronavirus, sino por el “consenso político” que genera esta opción: “Ninguna formación parlamentaria ha presentado recurso. Si los 135 diputados del Parlament están de acuerdo, la judicatura lo tendría que tener en cuenta”.