Los diputados exiliados y los presos dejaron de cobrar las indemnizaciones por desplazamiento
Se descartó abonarlas en 2018 después de una recomendación de los letrados
BarcelonaLos que no percibieron las indemnizaciones por desplazamiento y viajes la pasada legislatura fueron los diputados que estaban presos o exiliados durante el ejercicio de su mandato. Tampoco lo hace ahora Lluís Puig, ex conseller en el exilio, que es parlamentario de JxCat. Así lo determinó la mesa después de un informe de los letrados de julio de 2018 a raíz de una petición de Junts para que todos los parlamentarios cobraran las indemnizaciones. La nota jurídica -un tipo de informe pero más informal- constata que la asignación no está sujeta a autorización o justificación de los gastos de los diputados y que se basa en la “presunción y la constatación práctica” de que los miembros de la cámara se desplazan a la “sede del Parlament desde su residencia”. Ahora bien, añade que el hecho de que no haya un procedimiento específico para justificar aquello que se percibe por los viajes y desplazamientos no significa que “se pueda hacer caso omiso del ámbito de aplicación” de las indemnizaciones. Una manera de decir que si existe la prueba palpable de que hay diputados que no pueden ir al Parlament -ya sea por el exilio o la prisión- no pueden cobrar esta cantidad.
“Se pueden encontrar supuestos y situaciones en los que la indemnización por viaje y desplazamiento no corresponda o tenga que estar sujeta a tributación como rendimiento del trabajo”, expresa el informe, que añade que hay un elemento que puede hacer incompatible su cobro: la existencia de la delegación de voto. Esta modalidad, a la que se acogieron los diputados encarcelados y exiliados mientras no estuvieron suspendidos la pasada legislatura, supone la constatación de que un determinado parlamentario no se desplaza al Parlamento, de forma que “es muy dudoso” que se le pueda pagar por un concepto de viaje y desplazamiento que no realiza. “No es un complemento automático ni un derecho de los diputados”, concluía el informe, además de recomendar a la mesa del Parlament que regule de forma específica este tipo de indemnización y que se delimite su mantenimiento a la condición de diputado y al hecho de que se realicen de forma efectiva los viajes.
Otras experiencias
El informe, que elaboró el letrado Ferran Domínguez, hacía referencia a otras experiencias de cámaras parlamentarias en las que la asignación de dietas estaba más regulada o, cuando menos, había más control o delimitación. Ponía de ejemplo varios Parlamentos autonómicos: citaba el Parlamento de las Islas Baleares, las Cortes Valencianas o la Junta General del Principado de Asturias, que limitan las indemnizaciones al periodo de sesiones. Es decir, en el mes de agosto los diputados de estas cámaras parlamentarias dejan de percibir las asignaciones por viaje y desplazamiento porque este periodo estival no es hábil y los representantes políticos no van a trabajar.
El letrado Domínguez también ponía sobre la mesa otro sistema del Parlamento Europeo. Explicaba que en la Eurocámara determinadas dietas se reducen hasta el 50% si el diputado en cuestión había estado ausente en más de la mitad de las votaciones. Un sistema para luchar contra el absentismo que se sufre en algunas sesiones de la cámara europea y que no ha acabado de funcionar del todo, puesto que en la práctica se hacen las votaciones en bloque al final de todos los debates y no después de cada asunto, cosa que facilita que los diputados no estén en el escaño hasta el último momento.
Fuentes parlamentarias no descartan que, más allá de integrar una parte de la indemnización al sueldo fijo, se establezca de forma complementaria una especie de control de la actividad por el cobro de las dietas. “Estamos trabajando en ello”, afirman fuentes de la mesa, a pesar de que otros añaden que en el Parlament no hay un problema de absentismo. Fuentes próximas a la presidencia de la cámara aclaran que se están haciendo “simulaciones” con diferentes sistemas para valorar la mejor opción. El debate de fondo, sin embargo, está claro: cuál es el sueldo más justo para los representantes políticos.