La eutanasia, el primer derecho que podría derogarse con un gobierno PP-Vox

BarcelonaHicieron falta 27 años de reivindicaciones, de suicidios y muertes asistidas en la clandestinidad y de iniciativas y debates parlamentarios –mayoritariamente impulsados desde Cataluña– antes de que en marzo de 2021 España se convirtiera en el sexto país en el mundo en legalizar la eutanasia. Cinco años después de la aprobación de este derecho –entonces con el apoyo de cuatro de cada cinco residentes en el Estado y, en el caso de Cataluña, también el del 92% de los profesionales sanitarios–, la posibilidad de que el PP y Vox lleguen a la Moncloa lo pone en peligro. Mientras Alberto Núñez Feijóo ha ido endureciendo su tono respecto a la “necesidad de reformar” la norma a favor de los cuidados paliativos, los de Santiago Abascal la han calificado de “homicidio legal” y han asegurado que, con ellos en el gobierno español, harán lo imposible por derogarla.

La eutanasia ampara a los españoles mayores de edad con una enfermedad grave, crónica e intratable a pedir morir en un centro sanitario o en el domicilio para dejar atrás su sufrimiento incurable. Mayoritariamente, los solicitantes tienen alguna enfermedad oncológica o neurodegenerativa sin tratamiento. El proceso, sin embargo, solo puede prosperar con la voluntad expresa de quien desea la prestación, en consenso con su médico y con el aval de un comité de expertos que analiza cada caso.

Tener una discapacidad o un trastorno de la salud mental, ser mayor o necesitar ayuda para las actividades cotidianas no da derecho per se. De hecho, ninguna situación concede automáticamente la eutanasia. La norma delega a los gobiernos autonómicos la gestión y la aplicación del acceso a esta prestación, pero el proceso tiene una regulación común y fija: se inicia con la presentación obligatoria de dos solicitudes voluntarias separadas por al menos 15 días naturales; entonces, el médico debe dar información sobre el diagnóstico y los cuidados paliativos al paciente, que, si quiere seguir adelante con el proceso, debe ser evaluado por su facultativo responsable y otro independiente.

Finalmente, el caso debe recibir la autorización de la comisión de garantía y evaluación, propia de cada comunidad y formada por profesionales de la medicina, el derecho, la enfermería, la psicología y el trabajo social, así como por asociaciones de pacientes. El solicitante puede revocar su decisión en cualquier momento del procedimiento y también existe un registro de objetores, que excluye de aplicarla a los profesionales que no están de acuerdo.

Los últimos datos completos de eutanasia en España son los del 2024: 929 residentes en el Estado habían formalizado una petición de muerte digna (tenían un expediente abierto) y 426 la recibieron efectivamente. De este casi millar de peticiones, 141 fueron denegadas, 54 demandantes se retractaron durante el proceso y 308 fallecieron antes de recibir la ayuda para morir. Cataluña es la que concentra el número más elevado de solicitudes y eutanasias practicadas (303 y 142, respectivamente), si bien el País Vasco (50 eutanasias de 75 peticiones), Navarra (14 de 31) y La Rioja (6 de 9) tienen una proporción más elevada de prestaciones respecto a la demanda.

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha denunciado reiteradamente que hay una gran desigualdad en el Estado en la aplicación de la ley en función de la comunidad autónoma; es decir, que el lugar de residencia condiciona notablemente las posibilidades de acceder a la prestación, tanto en lo que se refiere a la frecuencia con la que se pide como a la probabilidad de que la solicitud se resuelva favorablemente. De hecho, la tasa de eutanasias por cada 100.000 habitantes en Cataluña (1,77) duplica la media estatal (0,88), y la del País Vasco, por ejemplo, es 2,55 veces superior. En cambio, en Murcia, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía las tasas de solicitudes resueltas por cada 100.000 habitantes se sitúan muy por debajo de la media estatal.

En esta casuística pueden influir diversos factores, como el interés gubernamental en la organización y los recursos de los sistemas sanitarios, la agilidad en los procedimientos administrativos vinculados a la prestación una vez aprobada y, sobre todo, la normalización social y reivindicación de la eutanasia por parte de la población, con aspectos vinculados a la cultura o la religión, por ejemplo.

Cinco años de persecución

La ley ha recibido una intensa persecución política, judicial y religiosa desde que entró en vigor, el 25 de junio de 2021. Antes de su aprobación definitiva, en el año 2020, la Conferencia Episcopal Española (CEE) impulsó una campaña a favor de redactar un testamento vital para que la gente se negara a la eutanasia y especificara que quería cuidados paliativos; una iniciativa que malinterpretaba el concepto de derecho, ya que daba por hecho que la existencia de esta prestación la hacía aplicable en todos los casos y no únicamente a petición expresa del enfermo, tal como fija la ley.

El PP presentó recursos de inconstitucionalidad, que terminaron siendo desestimados en 2023, y después detonaron diversos casos polémicos por los conflictos entre demandantes de eutanasia y sus familiares. Algunos terminaron en los tribunales: el caso de Noelia, en Cataluña, se convirtió en uno de los más mediáticos –y utilizados por la extrema derecha– y obligó al Supremo a tomar una decisión sobre qué papel tienen los familiares a la hora de intentar impugnar una eutanasia: está legitimado solo quien tenga “una vinculación estrecha” con el solicitante.

Pero entre los que la defienden también hay quejas. Con datos parciales del 2025 –hasta junio y proporcionados solo por algunas comunidades–, el proceso de eutanasia tardaba dos meses de media en autorizarse (58 días) en Cataluña y 144 solicitantes murieron mientras esperaban la resolución. En el Estado, el tiempo de espera se eleva hasta los 70 días y 374 personas murieron sin la prestación. Entidades y pacientes consideran que la ley todavía no protege lo suficiente a las personas vulnerables –los menores de edad no se pueden acoger a ella y no todos los trastornos de la salud mental quedan dentro de los supuestos, por ejemplo–, o que todavía hay demasiados obstáculos burocráticos que alargan el sufrimiento de los solicitantes.

Ahora, sin embargo, el derecho a la eutanasia afronta una doble amenaza: a las dificultades existentes para ejercerlo en igualdad de condiciones en todo el Estado se añade la posibilidad de que un cambio de gobierno elimine su reconocimiento legal.

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El gran defensor de la ley de la eutanasia

Los socialistas necesitaron dos intentos para conseguir aprobar, en 2020, la despenalización de la eutanasia en el Congreso. Desde entonces, los gobiernos de Sánchez han defendido firmemente este derecho “por respeto a la dignidad humana”.

Los primeros impulsores de la ley de la eutanasia

Antes de que los socialistas se atribuyeran el mérito de la aprobación en el Congreso, en 2017 el grupo parlamentario de Unidas Podemos - ECP - En Marea ya había presentado una primera proposición de ley para despenalizar la eutanasia.

A favor, también para los menores de edad

Los republicanos participaron muy activamente en la tramitación de la ley estatal que regula la eutanasia. Una de sus principales enmiendas, que fue descartada del redactado final, proponía ampliar este derecho a los menores de edad.

A favor, pero con matices

Aunque votaron a favor de la ley que regula la eutanasia en 2020, cuatro años más tarde votaron en contra de una ley de apoyo que permitía dejar constancia de forma anticipada de la propia voluntad.

Promete una reforma de la ley

El programa electoral del 29-N no hace ninguna referencia, pero Feijóo ya ha dejado claro los últimos días que reformaría la ley. Anteriormente, el PP propuso una ley de cuidados paliativos para que “nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte”.

Derogación incondicional

La formación de extrema derecha defendía en 2023 derogar la ley de la eutanasia. A raíz del caso de Noelia Castillo, ha reivindicado las “leyes de vida”, con políticas de prevención del suicidio, salud mental, cuidados paliativos y acompañamiento.