El PP y Vox podrían acabar con la autonomía de Cataluña, tal como alerta Salvador Illa?

BarcelonaLas elecciones españolas se acercan y la mayoría de las encuestas auguran una mayoría de la derecha y la extrema derecha en el Congreso. Ante estas perspectivas, y para activar al electorado catalanista y progresista, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intensificado los gritos de alerta sobre las consecuencias que puede comportar –especialmente para Cataluña– la llegada de un gobierno español formado por el PP y Vox. Lo último que ha dicho el líder del PSC es que pondría en "riesgo real" la autonomía catalana.

Los expertos en derecho consultados por el ARA aseguran que es muy complicado que esto llegue a pasar, aunque avisan de que sí que la pueden reducir y obstaculizar. La profesora agregada de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) Natalia Caicedo explica que la vía que dejaría más tocado el autogobierno del país sería una reforma de la Constitución, si modificaran el título VIII, que garantiza la autonomía de las administraciones de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una reforma de la carta magna requiere tres quintas partes del Congreso y tres quintas partes del Senado. Es decir, al menos 210 diputados y 161 senadores. A estas alturas, la gran mayoría de encuestas estiman que el PP y Vox se quedarían por debajo de esta cifra.

Hay otras opciones que son más viables. Caicedo apunta que el PP y Vox podrían optar por aprobar una "legislación estatal expansiva que lo regule prácticamente todo y no deje margen a las comunidades autónomas". Uno de los ejemplos que pone la profesora es una eventual ley impulsada por el gobierno español que establezca los horarios comerciales o qué tratamientos o medicamentos cubre la sanidad pública. Esta estrategia –indica la experta– podría reducir a la Generalitat a "la pura gestión". En este sentido, señala que un gobierno español de derecha y de extrema derecha también puede "entrar en colisión" con competencias reservadas a la Generalitat y que, por ejemplo, aplique medidas para debilitar el catalán.

Así, Caicedo constata que Vox "rompe con los acuerdos políticos de la Transición" y "no ve la Constitución como un límite", tampoco a la hora de hacer realidad algunas de sus amenazas más recurrentes: el fin de la inmersión lingüística e intervenir TV3 o, directamente, aplicar otra vez el artículo 155 para controlar la autonomía catalana. Una de las posibilidades –señala la experta– es que tiren por la calle de en medio y aprueben leyes y normativas por mayoría en el Congreso para conseguir sus objetivos, aunque contravengan la carta magna. Eso sí, estas medidas se podrían llevar al Tribunal Constitucional (TC) o, según el caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por otra parte, la experta apunta que un gobierno del PP y Vox también puede poner trabas serias al buen funcionamiento de la autonomía y, por ejemplo, puede ser "muy proactivo" a la hora "de impugnar ante el Tribunal Constitucional" cualquier normativa aprobada por la Generalitat. "Cuando el gobierno central impugna una ley, se suspende de manera automática durante tres meses, lo que provoca una especie de parálisis de la autonomía", añade la profesora. Durante los años del Procés, esta fue precisamente una de las fórmulas preferidas del gobierno de Mariano Rajoy.

El profesor de derecho constitucional de la UB Joan Ridao apunta que la autonomía ya se ha ido reduciendo desde hace años con gobiernos tanto del PSOE como del PP, y que el estado español se ha ido "expandiendo" en las competencias compartidas que "tradicionalmente" eran de las autonomías, como vivienda o consumo, que "en estos momentos son reguladas" por Madrid. "El Estado es como el padre autoritario que lo decide todo, y las comunidades autónomas ya hacen bastante si pueden asumir la gestión", resume.

En todo caso, Ridao descarta que a la hora de la verdad el PP y Vox quieran acabar con el modelo autonómico. Remarca que durante las últimas décadas "se ha creado todo un hábitat de descentralización política" y que "no se imagina" un escenario en que los barones populares, que actualmente gobiernan la gran mayoría de las comunidades autónomas, lo acepten. Además, el exdiputado de ERC en el Congreso recuerda que Vox "no se ha planteado renunciar a la autonomía" cuando ha estado en gobiernos autonómicos.

Un nuevo 155

Las condiciones para aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat no son muy precisas: se puede activar siempre que una comunidad autónoma "no cumpla las obligaciones de la Constitución u otras leyes que le impongan, o actúe de manera que atente gravemente contra el interés general del Estado". En lenguaje jurídico –explica Caicedo– se trata de un punto que contiene "conceptos indeterminados" y, por tanto, da bastante margen a las diversas interpretaciones. "Si una fuerza política que no comparte estos consensos constitucionales llega al poder, la amplitud interpretativa del precepto adquiere una dimensión especialmente preocupante", añade la experta.

La profesora de derecho constitucional recuerda que hasta ahora solo se ha aplicado una vez y, aunque "sea muy criticable", se activó por una "causa mayor", como era la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Se podría decir, por tanto, que se ha hecho una lectura restrictiva. Ahora bien, Caicedo alerta que Vox puede tener el dedo más ligero a la hora de pulsar este botón, y que abogue por aplicar un nuevo 155 por cuestiones mucho menores.