Qué podrían hacer el PP y Vox si controlan el Congreso y el Senado?

BarcelonaA ojos de la mayoría de la población, el Senado puede parecer una cámara de representación con poca utilidad en el día a día de la política parlamentaria. Sin embargo, la convocatoria electoral ha demostrado que es un terreno en disputa porque puede convertirse en un contrapeso capaz de presionar u obstaculizar la acción del gobierno español, tal como ha hecho durante los últimos años el Partido Popular desde la oposición. Pero, dependiendo de las mayorías que salgan del 29-N, las derechas incluso podrían aspirar a realizar cambios más profundos: incluso en la Constitución.

Gracias a su mayoría absoluta en la cámara alta, los de Alberto Núñez Feijóo pudieron aplazar la aprobación de la ley de amnistía en el Senado y devolver el texto al Congreso. También revocaron la enmienda que pretendía eliminar el techo de gasto, hecho que dificultaba el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Asimismo, los populares impulsaron diversas comisiones de investigación que pusieron en el punto de mira a dirigentes socialistas y socios de investidura.

El PP y Vox aspiran a mejorar sus resultados y ampliar todavía más su poder en el Senado durante la próxima legislatura. Saben que hay mucho en juego y negocian la posibilidad de que solo haya una lista de derechas en algunas circunscripciones para maximizar la eficiencia del voto en un modelo mayoritario como el de la cámara alta. ¿Qué pasaría si el PP y Vox controlan a partir del 29 de noviembre tanto el Congreso como el Senado?

Una mayoría absoluta incómoda, pero insuficiente

Con una mayoría absoluta en el Congreso, la alianza entre el PP y Vox podría investir a un presidente del ejecutivo estatal, sin otros socios incómodos. También podría aprobar leyes ordinarias y orgánicas, independientemente del color que acabe tomando el Senado. Si las derechas consiguen mayoría absoluta en ambas cámaras vivirían más tranquilas –especialmente porque dejarían a la oposición sin herramientas de dilación ni tampoco de exposición mediática y control– pero con una mayoría absoluta no sería suficiente para desbloquear los nombramientos vinculados a las instituciones del Estado: hay pendiente la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, para la cual se necesita un acuerdo de las tres quintas partes del Senado, 161 senadores.

Con la mayoría absoluta del Senado —y el control del gobierno español—, las derechas estatales sí podrían intervenir las autonomías en caso de desobediencia, por ejemplo, aplicando el artículo 155 de la Constitución, como hizo el PP —entonces con el apoyo del PSOE— en 2017 en Cataluña.

La mayoría reforzada: las 3/5 partes

Es un escenario que, hoy por hoy, la mayoría de las encuestas no prevén, pero si el PP y Vox alcanzasen una mayoría de tres quintas partes en ambas cámaras –210 diputados y 161 senadores, respectivamente–, tendrían capacidad para decantar los nombramientos institucionales clave y también de impulsar determinados procesos de reforma constitucional. La cuestión más urgente está en el Senado, donde está bloqueada la renovación de cuatro magistrados (dos conservadores y dos progresistas): con 161 senadores, las derechas podrían nombrar a los cuatro y dar un vuelco a la mayoría: conservadores y progresistas empatarían a siete.

Con los 210 diputados en el Congreso, también tendrían vía libre para nombrar a cuatro magistrados más en 2028, y dejarían una clara mayoría conservadora a partir de entonces en el TC. Además, el Consejo General del Poder Judicial se tendría que volver a renovar en 2029, y la derecha tendría suficiente mayoría para evitar cualquier tipo de bloqueo por parte de la oposición y para consolidar una amplia mayoría entre los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En el Tribunal de Cuentas se repite un esquema similar: el Congreso elige a seis consejeros y el Senado, a otros seis, con el requisito de una mayoría de tres quintas partes en cada cámara. Y en lo que respecta al Defensor del Pueblo, es elegido por las Cortes Generales mediante un procedimiento que requiere mayorías reforzadas en el Congreso y en el Senado. La designación exige, en primer lugar, una mayoría de tres quintas partes en el Congreso y, posteriormente, la ratificación del Senado por la misma mayoría (o por mayoría absoluta si fracasa la primera votación).

Pero con tres quintas partes de ambas cámaras, el PP y Vox incluso podrían decidir introducir cambios relevantes en la Constitución. Incluso eliminar la referencia al derecho a una vivienda digna. Solo tendrían vetados el título preliminar (que habla de la forma de Estado), el que prevé los derechos y libertades y el de la Corona, que exigen dos tercios y un referéndum obligatoriamente.

Poder para cambiar la Constitución

La gran mayoría para hacer y deshacer llega con los dos tercios de las cámaras, es decir 234 diputados y 178 senadores. Esta mayoría, que no parece al alcance de las derechas y que históricamente solo han logrado PP y PSOE conjuntamente –aunque no la han ejercido– les otorgaría la capacidad de impulsar una reforma constitucional completa, prevista en el artículo 168 de la Carta Magna.

Eliminar las autonomías o acabar con la oficialidad del catalán, por ejemplo, son unas demandas habituales de Vox que solo se lograrían en este caso con mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado. Habría que, sin embargo, a continuación, disolver las Cortes Generales, celebrar nuevas elecciones y ratificar la reforma por una mayoría de dos tercios de los diputados y de los senadores de la siguiente legislatura. Finalmente, la reforma se tendría que someter a referéndum para que la ciudadanía española la ratificara.

Con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, el PP y Vox también tendrían una posición determinante en la elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE. Desde la reforma de 2024, el Congreso elige a once de los quince consejeros y el Senado, a los cuatro restantes. En determinadas circunstancias, si no se alcanza la mayoría necesaria en primera votación, se puede recurrir a una segunda votación en la que basta con la mayoría absoluta. Para el resto de nombramientos institucionales, algunos de los cuales pueden tener un impacto más directo sobre el equilibrio entre los poderes del Estado, se requiere una mayoría de tres quintas partes.