Tres de cada cuatro españoles lamentan que Puigdemont pueda volver del exilio

BarcelonaHan pasado nueve años desde que Carles Puigdemont puso rumbo al exilio para esquivar la represión judicial del Estado tras el referéndum del 1-O. A punto de regresar a Cataluña gracias a la ley de amnistía aprobada hace ahora dos años en el Congreso –y, sobre todo, a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del verano–, el 130º presidente de la Generalitat se encontrará un país bien distinto del que había cuando se marchó, con un presidente socialista en la plaza Sant Jaume y una extrema derecha independentista que crece sobre la base de hacer más pequeño su espacio político. Pero lo que no habrá cambiado es la animadversión que sienten por él los ciudadanos del Estado. La encuesta de l’ARA, elaborada por YouGov, destaca que el 72% de los españoles, casi tres de cada cuatro, consideran una “mala noticia” el regreso de Puigdemont.

El líder de Junts ya ha dicho que no volverá en campaña porque no quiere mezclar el momento electoral actual con un retorno que aspira a que sea institucional. Lo podría hacer, como los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, una vez que el juez Pablo Llarena ha levantado la orden de detención contra él y ha cerrado el sumario, aunque todavía queda un trámite pendiente: el Tribunal Supremo debería decretar oficialmente que se les concede la amnistía a los tres, una decisión que ya tiene sobre la mesa el juez Manuel Marchena y que podría llegar precisamente durante la campaña electoral. En una entrevista reciente en el ARA, Puig reconocía, de hecho, que “la persecución siempre se ha centrado en la figura y en el nombre del presidente Puigdemont”.

Aunque el PSOE y especialmente Pedro Sánchez han hecho un viraje de 180 grados respecto a Puigdemont –a quien esta legislatura han vuelto a considerar un interlocutor político–, sus votantes mayoritariamente piensan que el regreso del exilio no será positivo. Solo el 19% de los simpatizantes socialistas creen que es una “buena noticia”, comparado con un 57% que opinan lo contrario. Los votantes del Frente Amplio, la candidatura heredera del otro partido que hay hoy en el gobierno español, siguen el mismo patrón. Un 28% ven el retorno positivo y un 45% creen que será negativo. En el sector derecho del arco parlamentario hay prácticamente unanimidad. El 95% de los votantes de Vox y el 90% de los del PP consideran una mala noticia el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña. Como la encuesta se ha elaborado en todo el Estado, para pronosticar cómo quedarían las elecciones generales si se celebraran hoy, no hay suficientes casos de electores de partidos catalanes para concluir cuál es su posicionamiento sobre el tema.

El rechazo a la figura de Puigdemont por parte de votantes y también dirigentes de los partidos estatales no es necesariamente una mala noticia para el líder juntaire. De hecho, Junts se presenta a estas elecciones precisamente para denunciar la actitud del PSOE y del PP –y, evidentemente, de Vox– hacia Cataluña y, si depende de ellos, ya han dicho que no investirán ni a Alberto Núñez Feijóo ni a Pedro Sánchez. Es cierto que no cierran la puerta a otro candidato socialista, pero siempre que “ponga a Cataluña en el centro”.

Con el tiempo, ha dejado de ser tan habitual como antes que haya quien amenace a Puigdemont encima de un tanque del ejército, que fusilen un muñeco caracterizado como el expresidente o que se cante en algunos mítines la canción Puigdemont, te vamos a meter en prisión. Pero durante los últimos nueve años se ha evidenciado que los ataques contra él no han conllevado una rotunda condena del mundo político. Al contrario, a menudo han sido aplaudidos.

El final del Procés

La legislatura que acaba de terminar comenzó precisamente con manifestaciones diarias ante la sede del PSOE por haber acordado con Junts la amnistía. Hoy en día, este motivo sigue siendo una fuente de enfado de una parte de la ciudadanía española con Pedro Sánchez, que es uno de los que más celebrará que el expresidente no vuelva hasta pasados los comicios. En la encuesta también se observa que la mayoría de los ciudadanos del Estado están en contra de la amnistía: si excluimos a los catalanes, un 64% la rechazan y solo un 17% están a favor. En Cataluña, en cambio, la situación es a la inversa. Un 52% son partidarios y un 30% no lo son –un 18% no muestran una posición definida.

En la encuesta también se observa que la mayoría de los ciudadanos del Estado están en contra de la amnistía: si excluimos a los catalanes, un 64% la rechaza y solo un 17% está a favor. En Cataluña, en cambio, la situación es inversa: un 52% es partidario y un 30% está en contra, mientras que un 18% no tiene una posición definida.

Entre los votantes del PP y Vox, vuelve a haber prácticamente unanimidad, aunque el porcentaje es ligeramente inferior al del rechazo que les genera Puigdemont: en ambos casos, un 89% rechazan la amnistía. En cambio, son mayoría tanto en el PSOE como en el Frente Amplio los votantes que muestran apoyo a la medida, aunque en ninguno de los casos los partidarios llegan al 50%.

Aunque no hay una fecha exacta –la llegada de Illa a la Generalitat, los pactos para investir a Pedro Sánchez, el declive del independentismo en las urnas...–, el consenso generalizado es que la etapa histórica conocida como el Procés ha terminado, aunque se deje abierta la puerta a vehicular en el futuro un nuevo pulso o negociación con el Estado sobre la independencia. Con la amnistía completada, las reclamaciones de los partidos independentistas se centran en cuestiones como el modelo de financiación, las inversiones en infraestructuras o el blindaje de la lengua catalana. La oficialidad del catalán en la Unión Europea es una de las cuestiones pactadas por Junts con el PSOE que no se habrán materializado –tampoco la financiación singular pactada con ERC–, pero en materia lingüística sí que se hizo posible el uso del catalán en el Congreso de los Diputados.

Un futuro gobierno del PP y Vox ya ha explicitado que derogará esta opción del reglamento de la cámara baja para acabar con el uso de lenguas distintas al castellano en el Congreso. La encuesta del ARA confirma que esta decisión es controvertida. En Cataluña, el apoyo es muy mayoritario –del 77%–, pero en el resto del Estado, el 42% de los ciudadanos están a favor y el 48%, en contra.